PAÍS
El Gobierno de Piñera dio todo un giro y decidió no firmar el acuerdo regional en materia de medioambiente, que será suscrito en el marco de la Asamblea General de la ONU. Senador De Urresti acusó al Gobierno de “mirar más a los empresarios que a la protección del Medio Ambiente”, y la presidenta de la Cámara de Diputados calificó la decisión de “impresentable”. “Jamás Chile ha liderado un proceso internacional para luego restarse del mismo”, recordaron en el centro de estudios Espacio Público.
Una dura crítica al Gobierno de Sebastián Piñera han formulado sectores políticos, ambientalistas y ciudadanos debido a la decisión del Ejecutivo de restarse de la firma del Acuerdo de Escazú, que será suscrito este jueves en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La molestia es evidente, tomando en cuenta el escenario que Chile enfrenta en materia ambiental, con conflictos graves como los casos de intoxicación en la Zona de Sacrificio de Quintero –Puchuncaví, que se arrastra desde hace más de un mes y suma más de mil intoxicados a la fecha, y la reciente polémica por la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de las tronaduras de la mina Invierno en el sector de la magallánica Isla Riesco.
“Impresentable que Chile se reste de ratificar acuerdo que garantiza participación ciudadana sobre proyectos ambientales, después de lo que ha ocurrido en Quintero y Puchuncaví urge más que nunca escuchar a los ciudadan@s”, señaló en Twitter la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, resumiendo la crítica hacia el Gobierno.
El Gobierno de Piñera dio un giro en esta materia, ya que en primera instancia estaba la disposición de firmar este acuerdo. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo habría tomado la determinación de no suscribirlo bajo la óptica de que podría generar más conflictividad social.
La decisión llamó la atención, sobre todo porque Chile propuso esta iniciativa en 2012, presidió su etapa preparatoria, co-presidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito de este proceso, recuerda el centro de estudios Espacio Público.
“Jamás Chile ha liderado un proceso internacional para luego restarse del mismo. Por el contrario, se jacta que su política internacional y ambiental es política de Estado. Un cambio tan radical e infundado como no firmar este Tratado va en contra de esta conocida posición oficial sostenida por las máximas autoridades”, señalan desde esta entidad.
Para el senador socialista, Alfonso de Urresti, esta decisión del Gobierno refleja que “el Ejecutivo está mirando más a los empresarios que a la protección del Medio Ambiente”. “Esto es un nuevo papelón del Gobierno en materia de Medio Ambiente. El Estado de Chile se ha negado entre gallos y medianoche a un convenio que eleva los estándares de participación y vinculación de la ciudadanía en materia medioambiental”, indicó.
De Urresti suscribió una carta firmada por 8 senadores de oposición dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en donde expresan su rechazo categórico a la decisión del Gobierno de postergar la firma del acuerdo.
“Hoy más que nunca, enfrentados a una serie de emergencias ambientales, como por ejemplo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, y en otras zonas del país donde también existen Planes de Descontaminación como en las zonas de Huasco, Talca, Temuco – Padre Las Casas, Osorno y Coyhaique -entre otras-, donde la ciudadanía está permanentemente bajo amenaza, donde se requiere trabajar y abordar los conflictos ambientales bajo la óptica de participación, transparencia y justicia que propone el #AcuerdoDeEscazú”, señala la carta firmada por los parlamentarios.
“Chile está llamado a firmar y liderar el #AcuerdoDeEscazú, garantizando que los futuros conflictos ambientales sean abordados desde un nuevo modelo de desarrollo, donde se plasme el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados, y dar voz a aquellos que no la tienen, sin dejar atrás a nadie”, agrega la misiva firmada también por Ximena Ordenes (ind/PPD), Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Álvaro Elizalde (PS), Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD).
El Acuerdo de Escazú, que establece nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos, fue adoptado el 4 de marzo en San José de Costa Rica por los Gobiernos de 24 países. Será el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
Ad portas de su firma, a través de una carta de más de 200 organismos nacionales, regionales e internacionales como Amnistía Internacional, Oxfam, Greenpeace, Human Rights Watch, entre otras, hicieron un llamado a los gobiernos de la región para que suscriban el acuerdo, realicen una pronta ratificación, además de adoptar medidas para implementarlo.
