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Militar preso en Punta Peuco busca presentar pruebas en su querella contra el periodista Javier Rebolledo

por 1 octubre, 2018

Militar preso en Punta Peuco busca presentar pruebas en su querella contra el periodista Javier Rebolledo
La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones resolverá este miércoles la apelación del teniente coronel de Ejército (r), Raúl Quintana Salazar y su hija, Carolina Quintana. Sus representantes buscan subsanar un error que cometieron en el inicio del proceso y poder presentar pruebas en la querella criminal por injurias en contra del periodista autor de “Camaleón. Doble vida de un agente comunista”, una diligencia clave de cara al juicio del 9 de octubre próximo.
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En una diligencia clave de cara al juicio del 9 de octubre próximo, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por los ministros Juan Muñoz Pardo, Jorge Zepeda y Fernando Carreño, resolverá la petición del teniente coronel de Ejército, Raúl Quintana Salazar, y su hija, Carolina Quintana, de presentar pruebas en contra del periodista Javier Rebolledo, en el proceso por injurias que le siguen el autor de “Camaleón. Doble vida de un agente comunista”.

Cabe recordar que el 27 de mayo pasado, Quintana Salazar y su hija presentaron una acción criminal por injurias graves en contra del periodista que solicita, entre otras penas, tres años de presidio, una multa cercana al millón de pesos y la corrección de un párrafo perteneciente a su libro.

Según la querella, Javier Rebolledo, a través del mencionado libro periodístico habría injuriado gravemente la honra de Quintana Salazar, luego de publicar el testimonio de un agente del Servicio de Inteligencia Militar, quien declaró policial y judicialmente haber visto a Quintana introduciéndole una zanahoria en la vagina a una mujer detenida en el campo de prisioneros y centro de torturas, Tejas Verdes, en 1973, recién ocurrido el golpe militar.

El argumento de la parte querellante para solicitar pena de cárcel en contra del periodista se basa en que el testigo que señaló haber visto a Quintana llevando a cabo la tortura sexual -a una detenida desaparecida de origen uruguaya, llamada Nelsa Gadea Galán-posteriormente se desdijo parcialmente de sus dichos, lo cual llevó a que Quintana no fuera condenado por este hecho.

En la actualidad, Quintana Salazar se encuentra preso en el penal Punta Peuco, condenado a 20 años como autor material de la desaparición de siete personas -entre ellos la ciudadana uruguaya mencionada por Rebolledo en su libro Camaleón y que originó la querella-, como también por torturas en contra de 20 ciudadanos chilenos presos en Tejas Verdes.

El error y las pruebas

El 16 de agosto pasado, en medio de la audiencia de preparación y conciliación, la abogada de Quintana Salazar, Karen Valenzuela, intentó resolver un error cometido al momento de presentar la querella criminal por injurias graves con publicidad en contra del periodista: había olvidado señalar cuáles serían las pruebas correspondientes, requisito que en causas de “delito de acción privada” solo es posible al momento de presentar el libelo.

En la audiencia, la abogada intentó persuadir al juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, de permitirle subsanar el error y presentar sus pruebas, pero el magistrado resolvió en su contra.

De esta forma, en la ocasión concluyó que el juicio definitivo se llevaría a cabo el 9 de octubre próximo y que en él solo Rebolledo, representado por sus abogados Alejandra Arriaza y Paulo Olivares, tendrían la posibilidad de presentar pruebas, entre las que se encuentran material documental y testigos.

Sin embargo, el 21 de agosto pasado la parte que representa a Quintana Salazar interpuso un recurso de apelación que pretende revertir la resolución. Así, la Corte de Apelaciones determinó que la contienda será resuelta previo al juicio este miércoles 3 de octubre por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones, y el tema quedó inscrito en tablas como la primera causa a verse durante la mañana.

En la sala que deberá pronunciarse aparece el nombre de Jorge Zepeda, ministro con dedicación exclusiva en causas de lesa humanidad, es célebre por haber investigado los casos vinculados a la Colonia Dignidad, y por mantener durante años en secreto un numeroso conjunto de “fichas” ahí encontradas y que daban cuenta, entre otros aspectos, de civiles que visitaban el enclave liderado por Paul Schäfer. Otro integrante es el ministro Juan Muñoz Pardo, quien ha adquirido cierta notoriedad debido a que en 2017 rechazó la demanda que presentó James Hamilton, Juan Carlos Cruz, y José Murillo en contra del Arzobispado por el encubrimiento de los delitos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. También es conocido por pronunciarse a favor de la prescripción de las causas de lesa humanidad y por haberse negado a acoger una querella presentada en contra de Augusto Pinochet en 1984.

Originalmente, el Octavo Juzgado de Garantía donde fue presentada la querella, había resuelto desestimarla en todas sus partes a través de un fallo de tres páginas donde señalaba que “ni siquiera potencialmente”, existía la posibilidad de que Rebolledo hubiera cometido el delito de injurias que se le intentaba achacar.

Sin embargo, el abogado Juan Carlos Manns -antes representante del director de la DINA, Manuel Contreras-, decidió apelar y la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones resolvió que el periodista podría haber cometido el delito, por lo cual ordenó que el juicio se llevara adelante.

Esto redundó en la audiencia de conciliación celebrada el 16 de agosto pasado en que la parte querellante intentó introducir sus pruebas en un futuro juicio y también ofreció rebajar la condena a Rebolledo a cambio de que éste asumiera responsabilidad sobre los hechos del delito atribuido, cuestión que los abogados Arriaza y Olivares no aceptaron.

Según ha enfatizado Rebolledo, se trata de la primera vez en la historia judicial chilena que una causa por violaciones a los derechos humanos proveniente del antiguo sistema deriva en un periodista encausado en el sistema procesal actual. Es la primera vez también que un uniformado condenado por causas de lesa humanidad persevera en contra de un periodista.

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