PAÍS
Alejandra Núñez trabaja hace cinco años en Sierra Club, la organización ambientalista más grande y más antigua de Estados Unidos, la cual posee más de tres millones de miembros y voluntarios en todos los estados del país.
En el marco de la Mesa de Descarbonización impulsada por el Ministerio de Energía, que reúne a diversos actores para aportar al debate sobre el retiro o reconversión de centrales termoeléctricas para terminar con la generación a carbón, la abogada de Sierra Club, Alejandra Núñez, presentó la perspectiva de la sociedad civil norteamericana, donde organizaciones ciudadanas han logrado el cierre de más de la mitad de las centrales termoeléctricas a carbón en Estados Unidos en los últimos 15 años. Dicho cierre fue posible a través de diversos litigios, además de la dictación de regulaciones ambientales para limitar los gases de efecto invernadero y los contaminantes tóxicos locales.
Alejandra trabaja hace cinco años en Sierra Club, la organización ambientalista más grande y más antigua de Estados Unidos, la cual posee más de tres millones de miembros y voluntarios en todos los estados del país. Alejandra es parte del equipo de abogados del Programa de Derecho Ambiental (“Environmental Law Program”) de Sierra Club, y lidera el grupo de abogados especialistas en cambio climático, el cual participó en la formulación de los primeros reglamentos ambientales que regulan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas, del sector del transporte, y de la industria del petróleo y gas. Estos reglamentos, dictados durante la administración del Presidente Barack Obama, son las primeras regulaciones federales sobre el cambio climático en la historia de los Estados Unidos.
¿Cuáles han sido los argumentos más relevantes que han tenido como organización para el cierre de las centrales a carbón en Estados Unidos?
Nuestro enfoque principal es la salud pública, porque el carbón mata. Existe una gran variedad de estudios desarrollados por las agencias del gobierno federal, de instituciones académicas de prestigio en Estados Unidos así como de ONGs con staff profesional experto en salud pública, que han documentado ampliamente los efectos del carbón sobre la salud de la población, como las enfermedades cardíacas y respiratorias, y las muertes prematuras. Existen estudios que han medido el impacto de centrales específicas, y han registrado las emisiones contaminantes y calculado su incidencia en vidas perdidas, ataques cardíacos, ataques de asma, visitas al hospital, días en que los niños no pueden ir a la escuela, etc.
La difusión de esa información ayudó a crear consciencia pública sobre los impactos negativos del carbón. Las organizaciones de justicia ambiental mostraron que en comunidades donde operan muchas industrias contaminantes cerca de escuelas y canchas de fútbol, ocurrían problemas de salud, como asma y ataques al corazón. Los líderes locales, y las ONGs aliadas reunieron a las comunidades y ayudaron a crear consciencia en las familias de que el carbón era el causante de esas enfermedades. Se organizaron y realizaron audiencias públicas para dar a conocer propuestas de política pública ante las entidades de gobierno. En la gran mayoría de los casos, en esas audiencias hubo más voces en favor del medio ambiente que del carbón.
Actualmente también existe amplia evidencia sobre los impactos adversos del cambio climático: los fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes ocurridos en Puerto Rico, o los incendios forestales en California, se están volviendo cada vez más frecuentes. Hay Estados, entre otros Massachusetts, que han perdido áreas costeras porque el nivel del mar está subiendo cada vez más. Hoy se conoce también el impacto del cambio climático directamente sobre la salud pública, por ejemplo, sobre las enfermedades tropicales y las muertes prematuras a causa de climas cada vez más calientes. También se ha documentado el mayor impacto en los niños, los ancianos y las comunidades de color y de bajos ingresos.
Tanto en Estados Unidos como en Chile, las termoeléctricas son las industrias que más emiten gases de efecto invernadero. Se requiere liderazgo gubernamental para concretar una transición hacia energías limpias que son económicamente convenientes, y absolutamente necesarias para reducir la contaminación y proteger la salud pública.
¿Qué impresiones tienes sobre el debate en la Mesa de Descarbonización?
El caso de Chile difiere de las experiencias en Alemania, Inglaterra e incluso de lo planteado por la Agencia Internacional de Energía. En Chile pareciera que no habrá rol activo del Estado, sino un acuerdo voluntario entre el Ministerio de Energía, y las empresas propietarias de las centrales a carbón.
Para desincentivar a tiempo el carbón y lograr el objetivo del Acuerdo de París de mantener la temperatura mundial bajo + 2 ºC y preferiblemente bajo + 1.5 ºC, en Chile se necesitarán políticas públicas que impongan un precio al carbón y que entreguen incentivos para el cierre de las termoeléctricas a carbón y se reemplacen por energía limpia y no contaminante.
En la mesa se discutió que se necesita lograr una transición justa, para atender la situación de los trabajadores de las centrales, que han dependido económicamente de esta industria por décadas. Por estas razones, el cierre de las centrales carboneras debe ser bien planeado. Entiendo que las generadoras a carbón en Chile desean que les permitan operar hasta el año 2050, pero esto parece excesivo, pues los costos de capital se recuperan, en promedio, en poco más de dos décadas.
Es muy importante que las ONGs chilenas ayuden a hacer consciencia sobre los terribles efectos del carbón sobre la salud pública y participen en la discusión para acortar el plazo para el cierre de estas termoeléctricas, su reemplazo por energía limpia, y una transición justa con buenos empleos en la industria de energías renovables.
¿Cuál es tu visión en relación al Impuesto Verde que actualmente funciona en nuestro país?
Uno de los mecanismos más simples para reducir el uso del carbón es imponer un precio al dióxido de carbono para que las empresas internalicen los costos de su contaminación. El Impuesto Verde en Chile tiene varios problemas de diseño serios que no estimulan la reducción de gases de efecto invernadero ni de emisiones contaminantes locales asociadas. Entre otras, el monto es de cinco dólares por tonelada, un precio excesivamente bajo que no refleja el costo de la contaminación. Además, el impuesto grava las emisiones cuando la energía se retira del sistema, cargando parte de él a las energías limpias que no emiten gases contaminantes. Ambos elementos no incentivan disminuir la quema del carbón.
En Estados Unidos el Congreso Federal nunca ha logrado dictar un Impuesto Verde al carbón para todo el país. Actualmente existen propuestas de “tarifa al carbón” a nivel estatal, por ejemplo, en el Estado de Washington, y también otros mecanismos para gravar las emisiones de carbón, como el AB32 en California y el RGGI (“Regional Greenhouse Gas Initiative”) en el Este de los Estados Unidos. Estos mecanismos imponen un límite a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y requieren un estricto y efectivo sistema de monitoreo y reporte de emisiones de CO2.
En los mecanismos de precio a las emisiones de carbón, es fundamental discutir cómo usar los ingresos de la recaudación de los impuestos (o de la subasta de permisos para emitir, en un mercado de carbono). Muchas veces la recaudación de los impuestos al carbón se diseña de manera “neutral” para destinar esos ingresos al fondo del fisco, lo cual no es idóneo para reducir las emisiones y el cambio climático, que es urgente. Nuestra opinión es que los ingresos por impuesto deberían invertirse en energía renovable verdaderamente limpia, como la solar, eólica y geotérmica, ampliamente disponibles en Chile. Segundo, los ingresos también deben invertirse en eficiencia energética, que es el recurso limpio más barato para disminuir la demanda de energía. Tercero, dichos recursos también deberían invertirse para aliviar la grave contaminación que sufren las comunidades en las zonas de sacrificio, donde se concentran las industrias contaminantes. Finalmente, estos recursos deben usarse para asegurar una transición justa para los trabajadores y comunidades cuyas economías locales aún dependen del carbón. Abordar la contaminación histórica en estas comunidades debe ser una prioridad fundamental de los gobiernos.
Quiero recalcar que los mecanismos de mercado que imponen precios al carbón son un componente fundamental para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, pero son solo una parte de un programa amplio de políticas públicas que reduzcan los combustibles fósiles. Los mecanismos de mercado, al permitir un cumplimiento de las normas de manera flexible, no han garantizado la reducción de emisiones.
¿Cómo ha sido el proceso de cierre de las centrales a carbón en Estados Unidos y cual es el panorama actual?
En el año 2005 fue nuestro primer acercamiento al problema, cuando bajo la administración del Presidente George Bush, se presentaron propuestas para construir 200 nuevas termoeléctricas a carbón. La campaña “Beyond Coal” comenzó en Chicago, en el Estado de Illinois, donde nuestros miembros y sus vecinos se preocuparon y acudieron a nosotros para que les ayudáramos a entender qué significarían estas termoeléctricas para su comunidad. Ahí empezamos a organizar un movimiento, para crear conciencia pública sobre los efectos del carbón en la salud, enfermedades respiratorias, ataques cardíacos y muertes prematuras, un tema que en Estados Unidos ahora se encuentra muy bien documentado. Los abogados identificaron problemas con el otorgamiento de los permisos de usos de suelo, de aire, de uso de aguas, e iniciamos acciones legales para prevenir su otorgamiento. Así fue como logramos parar 194 propuestas de nuevas centrales a carbón.
Luego, a partir de 2009 comenzamos a enfocarnos en las centrales existentes, muchas de estas llevaban funcionando más de 50 años y estaban tratando de extender su vida útil. Muchas de ellas no tenían controles medioambientales adecuados y estaban emitiendo contaminantes “convencionales”, como material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, además de metales pesados como mercurio. Nuestros miembros se unieron a sus propias comunidades para crear una fuerte oposición pública al carbón, nuestros abogados litigaron las violaciones de los reglamentos y ganaron. En muchos casos, los propietarios de las carboneras decidieron cerrarlas en lugar de instalar costosos equipos de abatimiento que les ordenó el tribunal.
Hace 15 años, cuando “Beyond Coal” comenzó, en Estados Unidos teníamos 530 carboneras. Hasta hoy 274 de ellas han cerrado o anunciado su cierre, pero aún nos falta cerrar 256 centrales. Actualmente, la industria del carbón continúa en declive a pesar de los esfuerzos de la administración del Presidente Trump para debilitar los reglamentos ambientales para dichas centrales, pues las energías renovables son muy competitivas en el mercado de la generación.
En la Mesa de Descarbonización escuché que en los últimos cuatro años la energía solar ha crecido un 250%. Chile debe aprovechar las ventajas de su gran potencial solar para desplazar la energía del carbón y generar buenos empleos en esta nueva industria.
En Estados Unidos trabajamos con los gobiernos estatales y locales para promulgar políticas públicas que incentiven la energía renovable; por ejemplo, introduciendo metas y estándares para energías renovables y eficiencia energética. Sierra Club también litiga ante las comisiones estatales que regulan los servicios públicos de electricidad para que ordenen a las empresas a expandir la eficiencia energética.
En cuanto a la generación de reemplazo, hoy día Sierra Club también está trabajando para prevenir la construcción masiva de centrales a gas natural que, aunque emiten menos contaminantes que las centrales de carbón, sí emiten óxidos de nitrógeno que causan el smog, y el gas metano, que es treinta veces más potente que el CO2 como causante del efecto invernadero.
Con los reglamentos de cambio climático dictados durante la administración de Obama, las empresas generadoras comenzaron a incorporar un precio al carbón en sus planes integrados de recursos, y eso (en conjunto con otras políticas públicas) contribuyó a cambiar la balanza, de tal modo que la energía renovable hoy es más competitiva económicamente que el carbón. Al principio, nuestros esfuerzos por eliminar el carbón se enfocaron en crear consciencia sobre los problemas de salud pública; ahora también incluimos los argumentos económicos, pues es más barato construir centrales de generación limpia.
