Académicos de la Red U-Nómades por rechazo al Pacto Migratorio: El Gobierno se posiciona en las antípodas del respeto a los DDHH

Un llamado al Gobierno a retractarse y firmar el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, formularon académicos que conforman la Red U-Nómades, un grupo de estudios migratorios con perspectiva socio-antropológica con investigadores/as asociados/as en Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile.

A través de una declaración pública, los investigadores plantean que “las argumentaciones esgrimidas no son válidas y solo refuerzan la Ley Migratoria de 1975, la más antigua de América Latina, que se basa en la migración como una amenaza”.

En esta línea, expresan su preocupación por “el rumbo que la política pública respecto de las personas migrantes está tomando no sólo en Chile sino en otros países, sobre todo el giro neoconservador y nacionalista, donde los sujetos que migran emergen como un problema social a enfrentar”.

A continuación, la carta completa del grupo

El gobierno de Chile informó el pasado 10 de diciembre que no suscribirá el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado los días 10 y 11 de diciembre, por más de 150 Estados del mundo, en la Conferencia de Marrakech, Marruecos. El pacto de la ONU se compone de 23 puntos, estableciendo un marco de cooperación para lograr los objetivos que los propios países acordaron dos años antes en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes.

Si bien el acuerdo podía tener críticas y levantar sospechas sobre su vaguedad o respecto de la comprensión de qué se estaba entendiendo por “migración ordenada y segura”, lo que podía conllevar discriminaciones hacia colectivos migrantes en situación irregular- creemos que la lógica de un acuerdo trasnacional de esta naturaleza era algo básico, un punto de partida. El acuerdo implica compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir atención médica y educación en los países de destino. Los Estados firmantes se comprometen en este Pacto a mejorar la cooperación para salvar vidas de migrantes con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien se dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario. Asimismo, los gobiernos prometen asegurar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. Por tanto, el acuerdo implicaba responsabilidades de los  sobre un tema que generalmente había sido puesta como una problemática individual o bien de los países de emisión de población migrante.

Esta decisión negativa del gobierno chileno que  se basa en argumentos que no se plantean en este Pacto, se vio precedida por descoordinaciones respecto a la posición de Chile frente al Pacto, pues previamente, desde 2016, había participado en las consultas y negociaciones. En los últimos días los medios de prensa han informado cabalmente sobre un desacuerdo entre los ministerios del Interior y Cancillería, predominando el primero en la decisión.

Llamamos al gobierno a retractarse y firmar el Pacto, porque las argumentaciones esgrimidas no son válidas y solo refuerzan la Ley Migratoria de 1975, la más antigua de América Latina, que se basa en la migración como una amenaza. De hecho, autoridades del gobierno han declarado que “la migración no es un derecho humano”, contraviniendo el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que indica:

·         Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

·         Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Finalmente, nos preocupa el rumbo que la política pública respecto de las personas migrantes está tomando no sólo en Chile sino en otros países, sobre todo el giro neoconservador y nacionalista, donde los sujetos que migran emergen como un problema social a enfrentar. Con esta decisión el Gobierno sólo se posiciona en las antípodas del respeto a los DDHH.

A nombre de Red U-Nómades

Coordinadorxs:

Nicolás Gissi

Caterine Galaz

Marisol Facuse