PAÍS
Una delegación chilena está en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente al cual Chile rendirá –el próximo 21 de enero– el Examen Periódico Universal (EPU), en que el resto de los países hace recomendaciones para cambiar situaciones apremiantes. El grupo encabeza un extenso lobby para que los «retos» al Estado incluyan la situación en las «zonas de sacrificio».
Mientras el crimen de Camilo Catrillanca copó la agenda informativa el último mes, en la zona de Quintero-Puchuncavi-Ventanas los efectos de la crisis medioambiental que afectó a dicha localidad hace más de tres meses no han sido olvidados y sus habitantes se mantienen en pie de guerra, movilizados en diferentes flancos para lograr garantías que los protejan a futuro de la contaminación de las empresas. Ahora están apuntando al escenario internacional, puntualmente la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Entre las cosas que pasaron durante el último mes se cuenta el viaje de tres chilenas a Ginebra, en Suiza. La semana pasada, Katta Alonso, habitante de Ventanas Alto en Puchuncaví y presidenta de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, junto a las abogadas Cristina Lux y Alejandra Donoso, de la ONG Defensoría Ambiental, llegaron a la ciudad europea donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La instancia formada por delegaciones de 47 países escucha a los institutos de Derechos Humanos de un país, y en este caso a la sociedad civil, sobre los problemas en el área de DD.HH. Luego de escuchar, el consejo hace recomendaciones al país. Esto se llama Examen Periódico Universal (EPU) y Chile lo “rinde” el 21 de enero. En el caso de esta delegación, su estancia en Ginebra apuntó la semana pasada a realizar lobby para que las recomendaciones de la ONU incluyan los problemas de contaminación en Quintero, pero particularmente en todas las denominadas “zonas de sacrificio”.
En una presentación de 5 minutos, el martes, la abogada Cristina Lux resumió la situación que ocurre en estos lugares a lo largo de Chile, para llamar la atención de la comunidad internacional. “Nuestro principal referente en cuanto a la vulneración de Derechos Humanos son las zonas de sacrificio y en específico la de Quintero y Puchuncaví. Pero hablamos de zonas de sacrificio en general, porque los territorios se están organizando de esa manera y porque el contexto de los EPU nos pide tratar el tema de manera genérica”, señala.
[cita tipo=»destaque»]Mientras el tema de la contaminación en zonas pobladas se discute en los foros internacionales, legalmente siguen los problemas. El 29 de noviembre, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra el Terminal Marítimo de Copec en Quintero, por varias infracciones, entre ellas, la falta de mantención del ducto por el cual vierten desechos al mar. La empresa ya presentó sus descargos y desde la SMA consignaron que esta decisión no tiene que ver con el episodio de contaminación de finales de agosto ni tampoco tendría relación –según la superintendencia– con la formulación de cargos hecha contra Oxiquim el 11 de octubre. En este contexto, la autoridad detectó cuatro incumplimientos, algunos incluidos en las exigencias efectuadas durante la fiscalización de hace cuatro meses.[/cita]
En la asamblea, Lux explicó que “durante 2017 y 2018, diversas comunidades de Chile se alzaron señalando que se encontraban en zonas de sacrificio ambiental y que su situación no podía seguir siendo contenida con medidas pasajeras. Esto aparece explícitamente señalado en el informe anual del INDH de 2014, que identifica como zonas de sacrificio las zonas de: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y la bahía de Quintero y Puchuncaví. Estas zonas reclaman por la contaminación del suelo, aire y agua dentro de sus comunidades y el deterioro de la salud de las personas”.
La abogada destacó los atrasos de nuestro país respecto de la comunidad internacional en materia ambiental: “Chile posee escasa normativa de calidad de aire y sus estándares están muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otra parte, hay escasa normativa que regule la exposición a metales pesados, sometiendo a la población a un alto riesgo. Estos factores, sumados al otorgamiento desmedido de permisos de funcionamiento industrial en sectores aledaños a la población y a la falta de fiscalización de la autoridad, han contribuido a que muchas comunidades a lo largo de Chile sean altamente castigadas ambientalmente” .
Luego de la presentación de la abogada, Katta Alonso –dirigenta de la organización Mujeres en Resistencia de Zonas de Sacrificio– reconoció que “tenemos una pequeña esperanza que los países recomienden a Chile lo que realmente necesitamos. Ha sido una bonita experiencia, la gente ha sido muy respetuosa, así es que creo que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena”.
Mientras el tema de la contaminación en zonas pobladas se discute en los foros internacionales, legalmente siguen los problemas. El 29 de noviembre, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra el Terminal Marítimo de Copec en Quintero, por varias infracciones, entre ellas, la falta de mantención del ducto por el cual vierten desechos al mar. La empresa ya presentó sus descargos y desde la SMA consignaron que esta decisión no tiene que ver con el episodio de contaminación de finales de agosto ni tampoco tendría relación –según la superintendencia– con la formulación de cargos hecha contra Oxiquim el 11 de octubre. En este contexto, la autoridad detectó cuatro incumplimientos, algunos incluidos en las exigencias efectuadas durante la fiscalización de hace cuatro meses.
En la práctica, más allá de la emergencia, la contaminación en la zona sigue ocurriendo. Y todavía no hay responsables. La investigación del Ministerio Público está encabezada por la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, designada expresamente por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Junto a ella trabajan la fiscal especialista en delitos ambientales Ana María Aldana y al fiscal de Quintero, Mauricio Dünner.
A esta vía judicial se suman las cinco querellas presentadas por un total de 693 personas, entre estudiantes, dueñas de casa, empleados, comerciantes y profesionales de distintas áreas en representación de la comunidad.
Las acciones legales, declaradas admisibles por el Juzgado de Garantía de Quintero, fueron presentadas por un equipo que lidera el abogado Remberto Valdés. “Una vez que el Ministerio Público formalice a los eventuales responsables vamos a interponer las acciones indemnizadoras que correspondan, ante tribunales civiles”, dijo.
En las querellas se mencionan los hechos de conocimiento público, pero además las eventuales infracciones legales cometidas por las empresas. Pero, además, se pide citar a declarar como testigos a los ejecutivos de Aes Gener, Enap y Oxiquim, a ex autoridades como los ministros Marcelo Mena y Pablo Badenier, Edmundo Pérez Yoma, Marcelo Tokman y Patricia Poblete. La mayoría en el contexto de los permisos otorgados a las industrias cuestionadas. Entre las autoridades actuales, se pide citar a la actual subsecretaria de Salud, Paula Daza.
