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Luego del lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República, el cual reveló un déficit financiero de más de $17.500 millones en el municipio, una cuestionada Virginia Reginato sostuvo que, a pesar de las irregularidades, “morirá siendo la alcaldesa de Viña del Mar”.
Afirmando sentir el respaldo de su partido político UDI, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, hizo sus descargos luego del demoledor informe emitido por la Contraloría General de la República, el cual reveló un déficit financiero de más de $17.500 millones en el municipio bajo su gestión.
A pesar del cúmulo de irregularidades en su administración, la alcaldesa insiste en su defensa señalando que esto es un tema de “politiquería barata” y no duda en ningún momento volver a candidatearse para otro período como alcaldesa. “Voy a morir siendo la alcaldesa de Viña del Mar”, señaló en declaraciones a La Segunda.
Respecto de los cargos levantados por el ente contralor, la jefa edilicia aseguró que el municipio ha ido tomando las acciones correspondientes para poner todo en orden.
“Se implementó un plan de mejoramiento integral de la gestión, que incluyó una reestructuración orgánica y funcional, creando nuevas unidades que van a permitir fiscalizar mejor, rebajar y controlar el nivel de los gastos operacionales y ser más eficientes”, señaló la alcaldesa, también conocida como la tía Coty.
En términos de cifras, aseguró que “el presupuesto de este año contempla pagar toda la deuda flotante y por ello puedo afirmar que este 2019 estamos en equilibrio financiero. Respaldamos todas las acciones de la Contraloría contempladas en el preinforme que nos entregaron hace algunos meses y en ellos trabajamos durante todo 2018. Muchas de las observaciones de este informe ya están corregidas”.
La alcaldesa enfrentó una ola de críticas por parte de parlamentarios, entre ellos, los diputados Andrés Celis (RN) y Jorge Brito (RD). Este último señaló que “la derecha en Viña del Mar ha llevado a la quiebra al municipio” y que la alcaldesa “año tras año nos ha mentido en las cuentas públicas, diciendo que el municipio registra superávit, cuando en realidad son pérdidas”.
La auditoría de la Contraloría no solo dejó en evidencia un déficit financiero de más de $17 mil millones, sino que también pagos indebidos a empresas, desembolsos por horas extras no realizadas, entre otras observaciones que sumaron un total de 93 falencias, de las cuales únicamente 12 fueron saldadas.
El lapidario informe detalla que el ente fiscalizador ordenó instruir un sumario y formular un reparo por $150 millones, monto que debe ser devuelto por empresas y personas que recibieron dinero en exceso.
Sin embargo, Reginato desconoció este punto, declarando que esa información “no la tengo en ningún lugar. Logramos reducir la deuda desde $17 mil millones a $6.500 millones”, afirmando que, en el transcurso del primer semestre del 2019, la deuda quedará en cero.
En el informe contralor también figuran deudas no reconocidas a proveedores por $336 millones, además de pagos de horas extraordinarias a personal que se encontraba con licencia médica. Entre la espada y la pared, Reginato declaró que están en proceso de abrir un sumario administrativo. “Voy a llegar hasta el final para determinar responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias que corresponden, caiga quien caiga”, sostuvo.
En esta arista de las irregularidades en el pago de horas extra, en noviembre del año pasado, Vicente Fraile, ex director de personal de la Municipalidad de Viña del Mar, reconoció la existencia de un “sistema de beneficios a los funcionarios” que operó desde 1994, según el cual se incrementaban las horas extra de trabajo a “algunas personas, a quien querían, a los regalones”, recibiendo millonarios pagos por horas extra incumplidas mientras “los gremios de funcionarios pedían que pagaran horas extras en feriados y licencias médicas”.
Fraile declaró en una entrevista a El Mercurio de Valparaíso que, en el 2011, junto con otros directores de servicios elaboraron un plan para reducir las horas extras en un plazo de dos años; sin embargo, “la gente ya las tenía incorporadas como parte del sueldo”, razón por la cual la alcaldesa no concretó el plan.
