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Crédito: Agencia UNO
El jefe de la cartera encargada de la seguridad pública señaló que el proyecto que prepara el Gobierno no se prestará para abusos policiales, porque bajo el actual sistema vigente “si uno toma como muestra un millón de controles preventivos en un trimestre, las denuncias de irregularidades no superan los 10 casos”. Desde la oposición le piden transparencia con las cifras, y se multiplican las voces de rechazo, por lo que la posibilidad de sacar adelante esta iniciativa para el Gobierno es incierta. “Si llega a ingresar una propuesta de esa naturaleza, lo más probable es que no tenga apoyo en el Congreso”, advirtió el senador Harboe.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a poner el pecho a las balas y defender personalmente el proyecto que busca ampliar el Control Preventivo de Identidad , ante la ola de críticas que ha despertado esta iniciativa, que aún no ingresa al Congreso, pero que ya cuenta con todo el rechazo de la oposición.
Las dudas que despierta el proyecto apuntan no solo a la concepción que hay detrás del planteamiento del Gobierno, que algunos parlamentarios interpretan como la implementación de un “Estado policial” que contraviene los derechos del niño, al plantear rebajar el control vigente a menores desde los 14 o 16 años. Los cuestionamientos también apuntan a la falta de evidencia para justificar una iniciativa de estas características.
Así lo señaló el senador PPD Felipe Harboe, quien acusó al Gobierno de “generar una discusión con un tema polémico cuando los indicadores delictuales no acompañan al Ejecutivo. El último trimestre de 2018 en comparación con el 2017, las violaciones subieron un 20% y el Gobierno no se hace cargo de esto”.“Lo que necesitamos es una política más eficaz, eficiente y menos efectista en materia de seguridad”, expresó.
En este escenario, dijo que el Ejecutivo sacó del sombrero una propuesta sin bases sólidas. “El año 2018 hubo 550 mil controles de identidad preventivo, de los cuales solo el 6% terminó en algún tipo de detención. No sabemos si esa detención era por pensión alimenticia, consumo de alcohol en la vía pública u otros delitos, pero es importante que se transparenten esas cifras para ver la eficacia de ese tipo de medidas”, apuntó Harboe.
En esa línea, Andrea Parra, diputada PPD e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, contrarrestó los argumentos del Gobierno, señalando que “los hechos científicos demuestran que los controles de identidad, a 3 años de su aplicación, no han disminuido en nada la delincuencia”.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto planteó que “me parece que solo se pretende desviar el foco del fracaso de este Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Aquí hay que hacer hincapié en la lucha contra bandas criminales organizadas y en desarrollar inteligencia policial”.
Sin embargo, a juicio de Chadwick, el control de identidad preventivo ha sido un buen instrumento para poder fortalecer la acción de seguridad ciudadana. La idea es profundizar la iniciativa que entró en vigencia durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y que ahora permitiría un registro simple de vestimentas o mochilas.
“Hagamos una pregunta de sentido común: ¿qué preferirá un delincuente?, ¿que le pidan su carnet de identidad, que le controlen su identidad, que le puedan hacer un registro? Obviamente los delincuentes no quieren esto, no les conviene esto, les perturba, los incomoda, de eso se trata”, dijo.
Según el ministro, el nuevo proyecto no será un foco de abusos y discriminaciones, como señalan sus detractores, argumentando que con el actual sistema esas situaciones “han sido muy, muy menores”.
“Si uno toma como muestra un millón de controles preventivos en un trimestre, las denuncias de irregularidades no superan los 10 casos, existe una fiscalización, una evaluación y ese es un elemento muy central”, sostuvo, añadiendo que el tema de los eventuales abusos policiales que podrían producirse quedará zanjado en los protocolos respectivos para regular la acción policial.
Otro dato que lanzó el ministro es que los controles de identidad preventivos “existen hace muchos años en diversos países como Estados Unidos, Europa, Francia, Alemania, Italia, países desarrollados que tienen bajas tasas de delincuencia”.
En cuanto a la decisión de si se rebaja el control a partir de los 14 o 16 años, dijo que aún está en análisis y, en definitiva, quien zanjará el asunto es el “Presidente de la República”.
Pero la idea del Gobierno no tiene piso en la oposición. Desde la DC, el senador Francisco Huenchumilla fue enfático en señalar que no está “disponible para darle más facultades a Carabineros mientras no hagamos la reorganización que esa institución requiere, porque hoy día yo no le creo a Carabineros”.
Para la diputada PPD Andrea Parra, “el Gobierno está equivocando el foco respecto a las políticas de seguridad pública, ha tendido a ir hacia las medidas efectistas y elude los temas de fondo, cuando el país le preocupa el avance del narcotráfico, estamos hablando de una medida que no solo puede vulnerar los derechos de los niños, sino que además no ha demostrado ningún efecto para disminuir la delincuencia”.
En tanto, la diputada comunista Carmen Hertz señaló que “entrar en el marco de un Estado policial es absolutamente impresentable” y dijo que resulta preocupante la entrega de mayores facultades a Carabineros, considerando la vulneración de derechos a menores, tal como sucedió en el marco de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
“Me parece alarmante que se pretenda extender el control de identidad a menores de 14 años. Me parece que estamos derechamente no abordando los temas de una manera racional, sino que estamos entrando derechamente en la conformación de una suerte de estado policial”, indicó.
En tanto, para el diputado Soto (PS), “esta iniciativa es completamente inútil, porque actualmente existe ese tipo de control establecido en el artículo 85, donde, incluso, Carabineros puede revisar las mochilas y detener a menores que se encuentren en actitud sospechosa”.
“Esto ya existe. Por lo tanto, es inútil. Pero además, consideramos que es peligroso, sobre todo, por la forma en que Carabineros ha actuado últimamente. Hoy hay una crisis de confianza [respecto de] cómo encara este tipo de procedimientos y lo más claro fue la detención del menor de edad que iba junto a Camilo Catrillanca”, dijo Soto.
En este panorama, la posibilidad de sacar adelante este proyecto para el Gobierno es absolutamente incierta. Así lo resume el senador Harboe, quien reconoció que “si llega a ingresar una propuesta de esa naturaleza, lo más probable es que no tenga apoyo en el Congreso”.
