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Crédito: Agencia UNO
“Desastre de Rancagua”: la jugada de uno de los ministros suspendidos para traspasar la causa al Fiscal Nacional
Mientras la indagatoria de la justicia penal continúa su curso, y de hecho uno de los ministros suspendidos, Emilio Elgueta, ya fue notificado de su formalización por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, programada para el 26 de abril, la defensa de otro de los indagados (Marcelo Vásquez), busca que la causa pase a manos del Fiscal Nacional, tal como ocurrió en su momento con el caso Penta. En tanto, la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió prohibir el ingreso de los jueces a sus dependencias, luego de las sospechosas visitas nocturnas del ministro Vásquez a su oficina.
El “Desastre de Rancagua” sigue generando episodios que confirman que se ha transformado en todo un dolor de cabeza no solo para el Poder Judicial. “Es difícil transmitir confianza en un escenario actual y es difícil trabajar con una sensación de cuestionamiento”, asumió este viernes el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, para graficar la situación que afecta a la Región de O’Higgins.
Mientras la Corte Suprema decidió ayer en una apretada votación que los ministros investigados no sean aún removidos, a la espera de los resultados de la ministra Rosa María Maggi, la indagatoria de la justicia penal continúa su curso, y de hecho uno de los ministros suspendidos, Emilio Elgueta, ya fue notificado de su formalización por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, programada para el 26 de abril.
Pero la indagatoria del Ministerio Público podría tomar otro rumbo, luego de la petición de la abogada Paula Vial Reyna, representante de Marcelo Vásquez, para que la causa sea tomada por el Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme, informó La Tercera
La estrategia es replicar lo sucedido en 2015, cuando el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahúan Sarrás asumió la totalidad de la investigación, considerando el impacto público del caso.
La petición se sustenta en el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Publico que establece que “el Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de una investigación”, y en este caso el objetivo es que Abbott dirija las dos causas penales en contra de los tres jueces suspendidos.
El mismo Abbott ha señalado que el traslado de la causa es “una posibilidad, un tema que habrá que estudiar», pero advirtió que “es muy difícil poder pensar que Sergio Moya pueda salir de la investigación”. «Creo que habría un grave daño a la causa en el evento de que se tomara una decisión de esa naturaleza, de sacar a Moya”, indicó.
Visitas sospechosas
Asimismo, esta jornada, se conoció que la Corte de Rancagua decidió prohibir el ingreso de los ministros suspendidos Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, a las dependencias del tribunal.
La medida fue adoptada tras la polémica generada después de conocerse las visitas nocturnas que hizo a su despacho el ministro Vásquez, cuando ya estaba suspendido de sus funciones.
Sus movimientos fueron sospechosos, porque el lunes 1 de abril, entre las 23:40 y la 01:40 horas, estuvo en su oficina y luego el jueves 4 de abril, entre las 23:09 y 00:20 horas, volvió a las dependencias, según consta en los registros de la guardia del tribunal.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, indicó que la medida busca dar «señales que queremos transmitir. Son señales de transparencia (…) si los ministros quieren retirar algo, que lo hagan dentro del horario de funcionamiento”.
La situación ha generado cuestionamientos incluso en la Suprema, donde su vocero Lamberto Cisternas catalogó el hecho como “una imprudencia”. “Si él quería retirar alguna cosa personal era cuestión que se pusiera de acuerdo con el presidente en ejercicio de la Corte y buscar un horario y que lo hiciera con toda la prudencia y no habría habido seguramente ningún problema», dijo.
El peso de la masonería
Pero la Suprema también ha causado revuelo, porque en la reñida votación de 9 contra 8 que determinó que los ministros rancagüinos no sean expulsados de forma inmediata, dos de los ministros que votaron en contra (Hugo Dolmestch y Haroldo Brito) serían masones.
El tema cobra importancia porque en su momento la ex ministra Gabriela Pérez se refirió a las irregularidades en Rancagua, señalando que “son masones y se protegen entre ellos”, al comentar el historial disciplinario del ministro Elgueta.
