Desde las 15 horas está programado el consejo extraordinario de fiscales, convocado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott, en el marco de la crisis desatada tras las denuncias presentadas contra el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias por parte de Sergio Moya, jefe de Alta Complejidad de Rancagua.

La reunión de hoy tiene como propósito designar a un fiscal regional que investigue penalmente las denuncias, sin embargo, la designación de un investigador puede complicarse dadas las causales de inhabilidad que podrían marginar a algunos fiscales.

Esto dice relación con las disposiciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que aluden a relaciones de parentesco, el tener amistad o enemistad, así como "tener pendiente alguna de las partes pleito civil o criminal con el fiscal, con su cónyuge, conviviente civil", entre otras.

Uno de los fiscales que estaría impedido de asumir la investigación penal de las denuncias contra Arias sería Cristian Paredes, fiscal regional de La Araucanía, quien dirigió un sumario contra el fiscal de O’Higgins luego de que los abogados de CGE se quejaran de que el fiscal apuntara a los ejecutivos de la eléctrica como los supuestos responsables de los incendios forestales que afectaron a la región.

En la antesala, Abbott encargó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, la investigación administrativa del caso. Sin embargo, esta indagatoria podría enfrentar cambios, porque Arias estudia recusar la decisión de nombrar a Ayala.

Esto, debido a que el fiscal de Antofagasta también está a cargo de la querella que presentó Natalia Compagnon y su marido Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, contra Arias y Moya los dos fiscales que indagaron el Caso Caval, por violación de secreto y presunta extorsión. De todos modos, ayer lunes, Ayala ingresó un escrito solicitando una audiencia para discutir su sobreseimiento.

Ayala está mandatado para indagar una eventual tráfico de influencias u obstrucción a la investigación por las irregularidades financieras detectadas en el Teatro de Rancagua, que involucra al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto; el eventual tráfico de influencias en el caso Caval, buscando un procedimiento abreviado a favor del exsíndico Herman Chadwick; y la información y documentos que supuestamente Arias habría extraído desde la base de datos de la fiscalía de O'Higgins.

Cabe recordar que el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, denunció a Arias también por haber obstruido la investigación en el caso de los jueces de la corte, previo a la solicitud de formalización del magistrado Emilio Elgueta.