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La Empresa Portuaria Valparaíso interpuso una demanda en contra la casa edilicia dirigida por el militante de Convergencia Social. La estatal pide en el libelo que, ante la invalidación anticipada de los permisos de obra del fallido proyecto ligado a Mallplaza, se devuelva lo pagado por concepto de derechos municipales. De acuerdo al alcalde, la situación es una consecuencia de gestiones alcaldicias anteriores. «Nos parece mal es que todavía en el año 2019 la ciudad deba pagar las consecuencias por decisiones impulsadas en el pasado por autoridades que debieran dar la cara y dar las explicaciones que correspondan», señaló el edil.
Hace poco más de un año el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lideró una cruzada para detener la construcción del Mall Barón en la ciudad porteña. Todo terminó con la Corte Suprema declarando ilegal el permiso de construcción del proyecto ligado a Mall Plaza y con el edil celebranco que «acá se está recuperando un territorio para la ciudad».
Un triunfo del militante de Convergencia Social que convirtió al proyecto en un fantasma que ahora lo pena. Y es que el polémico edificio vuelve. Pero no para ser construido, sino para ser parte de una demanda de parte de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) al municipio del edil frenteamplista.
Según consigna El Mercurio de Valparaíso, la portuaria estatal interpuso una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de la Ciudad Puerto en contra de la municipalidad que dirige Jorge Sharp,
¿Las razones? EPV exige la restitución del pago de los derechos municipales derivados del permiso de obras N°79 para la construcción del fallido proyecto.
La portuaria reclama 15.380 UF, poco más de 430 millones de pesos, más intereses y reajustes desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo de lo demandado.
De acuerdo al medio regional, los antecedentes que sustentan la demanda apuntan a que, tras el término en forma anticipada del contrato de concesión y arrendamiento firmado entre EPV y la sociedad Plaza Valparaíso (PVSA), la portuaria estatal hizo reembolso de una cantidad que englobó, entre otros montos y conceptos, «los pagos que en su oportunidad había sufragado PVSA en la obtención del permiso de edificación», incluyendo el pago de los derechos municipales.
Por esta razón, y según quedó estipulado en la escritura pública que puso fin al acuerdo entre las partes, la concesionaria cedió a la portuaria «las acciones para recurrir en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso para solicitar la devolución de los montos pagados por concepto de permiso de construcción y modificación del mismo, más reajustes e intereses y otros si correspondiere».
«Es algo que sabíamos que en algún momento iba a ocurrir porque varios de sus directores, desde que la Corte Suprema declaró ilegal el permiso, lo deslizaron en diferentes intervenciones, por lo tanto, es algo que no nos sorprende», dijo el alcalde Jorge Sharp a El Mercurio de Valparaíso.
«Lo que nos parece mal es que todavía en el año 2019 la ciudad deba pagar las consecuencias por decisiones impulsadas en el pasado por autoridades que debieran dar la cara y dar las explicaciones que correspondan, porque si hoy el patrimonio municipal, por lo tanto de todas y todos los porteños, está en riesgo es porque hace varios años, en la administración del exalcalde Castro, se aprobó un proyecto que finalmente fue declarado ilegal por la Corte Suprema», añadió.
Desde la EPV se informó que por el momento no se harán mayores comentarios sobre la demanda.
