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Radiografía a las horas más críticas de La Moneda PAÍS

Radiografía a las horas más críticas de La Moneda

Macarena Segovia
Por : Macarena Segovia Periodista El Mostrador
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En una semana clave para La Moneda, el Mandatario ha tenido que sumarse a una agenda impuesta por las intensas movilizaciones, pero también por el camino propio que ha tomado el partido más grande del conglomerado, RN, el que cada vez que el Gobierno da un paso, va dos más allá. Una senda que ha marcado el distanciamiento y molestia de la UDI, colectividad en la que aún no se convencen de la necesidad de una nueva Constitución mientras siga la violencia en las calles. A este panorama se suman los ministros, quienes alegarían un distanciamiento del Presidente, la falta de atención por parte de este y del comité político, una molestia que trató de ser apaciguada con una reunión ayer miércoles. (ACTUALIZADA)


Al interior del Gobierno han descrito esta semana como la “definitiva”, el minuto clave para destrabar el conflicto social que se ha extendido por casi un mes. Una semana temida por La Moneda, ya que se conmemora un año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que se da justo en medio de una crisis social, política e institucional, pero también interna en el oficialismo, en donde varios “han comenzado a abandonar el barco”, reconocen en el Gobierno.

Al interior de Chile Vamos destacan que con las semanas, las diferencias con el Mandatario han pasado de ser “sutiles” a evidentes. Que los únicos que parecen estar “más o menos al pie del cañón” con el Presidente Sebastián Piñera son los militantes de Evópoli, mientras que sus principales alfiles son el jefe del segundo piso, Cristián Larroulet, y los ministros Gonzalo Blumel y Karla Rubilar. “Más allá de eso se ve solo”, agregan desde el oficialismo.

Al consultar en el resto de las carteras el panorama es distinto. Entre los ministerios sectoriales las críticas están más a flor de piel, en algunas carteras se estaría imponiendo el “sálvese quien pueda” y a varios les llamó la atención la posición que han tomado algunos ministros, como Jaime Mañalich.

El ministro se desmarcó de la línea del Gobierno respecto a DDHH, tildó de “brutal” el número de personas con lesiones oculares y reconoció que había casos de violación de los Derechos Humanos. Palabras que al interior del conglomerado fueron vistas como un “acto de sinceridad” y de “sobrevivencia” por parte del jefe de la cartera de Salud, ya que ha sido centro de varias “funas” de funcionarios de recintos hospitalarios. Pero en otros sectores fue leído como una traición.

En las dos últimas semanas varios jefes de carteras habrían reclamado ante la falta de conexión entre lo que ocurre afuera de Palacio y las decisiones que se toman al interior de él. Destacan que las conversaciones con el Mandatario son más “cortas” y que se ha notado la falta del orden que aportaba el exministro Andrés Chadwick. Es más, a nadie le pareció extraño que el Jefe de Estado contactara a su primo para pedir consejos, según develó este fin de semana La Tercera. De todas formas, la cita que tuvo este miércoles el Primer Mandatario con todo el gabinete de ministros y subsecretarios fue recibida como “una buena señal” por las autoridades de Gobierno, aunque nuevamente “tarde”.

El problema es que los cuestionamientos no solo están en la cabeza de los ministerios, sino que las bases funcionarias afines al Jefe de Estado también han dejado en evidencia la desconexión con las resoluciones del Presidente. Varios asesores tienden a pedir perdón al ser consultados por los caminos que toma el Ejecutivo y se desmarcan, por ejemplo, del llamado al Cosena. Es por esta razón que en algunos sectores temen que el respaldo a Piñera se desfonde en las bases de su propio Gobierno, señalan que en muchos casos son sus familias las que se movilizan, muchos de ellos piñeristas totalmente desencantados con el manejo de la crisis.

Un sector que ha preocupado sobremanera en La Moneda es el de la derecha más dura, aquella que no ha sido piñerista históricamente, pero que votó por el actual Mandatario en la última elección. Este grupo ha ejercido presión desde los sectores más influyentes en el Gobierno y uno de los principales temores durante la semana pasada era que los civiles salieran a tomar justicia por sus propias manos. La agresión ocurrida el domingo en Reñaca, aumentó las alarmas internas y habría apresurado el anuncio de la nueva Constitución.

Aislamiento constitucional

La nueva Constitución ha sido el punto político más complejo de abordar, y el que ha marcado el distanciamiento de los dos partidos anclas de Chile Vamos, la UDI y RN, reconocen desde el Gobierno.

En el oficialismo destacan que hay un sector que estaría capitalizando el descontento con el Mandatario: Renovación Nacional. El partido dirigido por Mario Desbordes fue uno de los primeros que marcó distancia con La Moneda, o “abandonó el barco”, según miembros del oficialismo.

RN impulsó una nueva Constitución cuando el Presidente había optado solo por reformas constitucionales. Sus alcaldes fueron los primeros en respaldar la consulta ciudadana municipal del 7 de diciembre, y a menos de una semana de que el ministro Blumel anunciara un Congreso Constituyente para una nueva Carta Magna, el partido de Desbordes se cuadró con un plebiscito de entrada y salida, además de una Convención Constituyente, como fórmula para llegar a la nueva Carta Fundamental, descartando la propuesta del Gobierno.

Además, Mario Desbordes se ha mostrado como el “agente de cambio y de diálogo”, destacan en la oposición. Tanto así, que le ha quitado protagonismo al Presidente, invocando mesas de diálogos.

“RN está siendo el partido cuyos dirigentes han entendido el conflicto, el más empático”, destaca el cientista político Cristóbal Bellolio. A diferencia de la UDI, que estaría “paralizada por el miedo y desconcertada”, agrega el académico de la Adolfo Ibáñez. En el gremialismo también reconocen que están “distantes del Presidente”, que el Mandatario ha cedido a presiones externas, sin que se aprueben las leyes antisaqueos, y que ha abandonado su propio proyecto, que no entienden por qué se debe cambiar de la Constitución.

Recalcan que La Moneda no ha sido clara “con sus objetivos” y que ni siquiera el ministro Felipe Ward fue informado en detalle de la propuesta del Ejecutivo, antes de asistir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El jefe de la Segpres repitió una y otra vez la fórmula de nueva Constitución, con plebiscito ratificatorio, a través de un Congreso Constituyente, sin descartar la participación ciudadana, libreto del que no se movió a pesar de la insistencia de la prensa en que explicara en qué consistía dicho Congreso.

El martes en la noche el Mandatario anunció una agenda de tres puntos: un acuerdo por la paz, otro por la justicia, “para impulsar una robusta agenda social”, y “un Chile con mayor igualdad y menos privilegios”. Dio un plazo de 24 horas para que, junto con la oposición en el Congreso, se lograra cerrar un acuerdo de salida a la crisis y se condene la violencia registrada durante la jornada de huelga nacional. El llamado tuvo eco, todo el mundo político criticó los desmanes y la violencia y se sentó a conversar, pero mucho más lejos de la propuesta entregada por el Ejecutivo. Cabe recordar que toda la oposición, en un hecho insólito, acordó tomar la Asamblea Constituyente como el mecanismo propicio para la nueva Constitución.

Entre conversaciones, RN logró que parte de la UDI y del Ejecutivo pensaran en ceder ante un plebiscito de entrada, pero con el compromiso de que la oposición comprometa la participación de parlamentarios en el proceso constituyente. El eje de la otrora Concertación habría accedido ante el punto, hasta en la DC, donde, apurados por el ultimátum presidencial y frente a lo que pueda ocurrir este jueves, habrían impulsado un acuerdo, al que se habría abierto parte de Revolución Democrática. Hasta el cierre de esta edición, dicho acuerdo no había logrado ser consensuado, a pesar de que el límite dado por el Presidente Piñera ya se había cumplido.

Desde Palacio destacaron que la señal la dará el ministro Blumel, que al momento de cerrar el acuerdo será él quien viaje a cerrar el trato, ya que debe estar el Gobierno presente. Dejar todo en manos de Desbordes sería una señal más de la “soledad” del Primer Mandatario.

El desfonde del orden

Un punto preocupante al interior del Gobierno es el de la seguridad pública y los equilibrios al interior de Carabineros. El desgaste y seguridad de los efectivos ha sido una preocupación constante, pero la última semana se ha relevado la posibilidad de un desfonde interno, ante la figura del general director Mario Rozas.

Al interior de la institución se ha hecho presente la crítica de que sus miembros están sobreexigidos, cumpliendo largas y peligrosas jornadas, mientras el poder político no logra resolver el conflicto y ha cuestionado el accionar de sus miembros.

Las señales de acotar el uso de armamento a balines y gases lacrimógenos, además de la adecuación de los protocolos, anunciado por el general Rozas durante el fin de semana, causó una respuesta de resistencia al interior de la policía uniformada, lo que habría acrecentado la visión lejana que tienen sus miembros respecto a la figura del general director.

La preocupación en Palacio es que la única área que se ha mantenido alineada con La Moneda y fiel al Mandatario abandone dicho compromiso y responda a sus propios códigos, más allá de la autoridad civil. Recalcan que esto no ha ocurrido y que las señales que ha dado el general Rozas, como comprometer que no dará a ningún carabinero de baja cuestionado por los procedimientos, es parte de la estrategia de mantener las aguas calmas a la interna.

Por otra parte están las Fuerzas Armadas. Mucho se especuló la tarde del martes sobre la posibilidad de que se declarara nuevamente el estado de emergencia. El diputado Desbordes reconoció que fue una posibilidad y oficialmente desde La Moneda indicaron que el Presidente había “optado por la paz”.

Pero dentro de las mismas murallas de la casa de Gobierno destacan que habrían sido los ministros Blumel y Rubilar quienes le habrían advertido al Mandatario que ellos no apoyarían la salida de militares a la calles, principalmente porque esto no propiciaría el diálogo con la oposición. Otros sectores apuntan a que habría sido el Ejército el que habría argumentado que no estaban las condiciones para que las Fuerzas Armadas instauraran el orden civil, con todo el ejercicio y atribuciones que aquello significaría.

Fuentes del mundo castrense apuntaron a que el Presidente y el ministro de Defensa Alberto Espina habían estado dispuestos a la intervención de las FF.AA., decretando un nuevo estado de emergencia. Pero esta decisión habría encontrado la oposición de los cuerpos militares, salvo que se limitaran a proteger instalaciones estratégicas y que en el caso de utilizar la fuerza contaran con todo el respaldo legal, situación que el ministro Espina no estuvo en situación de respaldar. La otra medida para salir era que el Gobierno dispusiera inmediatamente de un decreto firmado con el estado de sitio, en cuyo caso el problema político era mucho mayor, porque en términos prácticos era entregar el «mando» a las Fuerzas Armadas.

Desde el Ministerio de Defensa, explican oficialmente, que el ministro Espina planteó que sacar nuevamente a los militares a la calle debía ser considerado como un último recurso, por lo que se debía privilegiar el diálogo político con la oposición para alcanzar un acuerdo que permitiera salir de la crisis. Desde el mismo modo, añaden que los militares no se negaron salir a la calle.

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