En un comunicado, la CCHDH informó que «el robo de tres computadores de nuestras instalaciones no ha significado de manera alguna poner en riesgo la confidencialidad de la información entregada por las víctimas para la interposición de las respectivas querellas». La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando lo ocurrido.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) sufrió un robo de sus computadores durante la madrugada del domingo en su sede ubicada en la calle Santa Lucía en el centro de Santiago.
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando lo ocurrido. Hasta el momento no se cuenta con mayores antecedentes sobre el hecho, excepto la sustracción de computadores que estaban dentro de la oficina.
En un comunicado, la CCHDH informó que «el robo de tres computadores de nuestras instalaciones no ha significado de manera alguna poner en riesgo la confidencialidad de la información entregada por las víctimas para la interposición de las respectivas querellas».
«En efecto, habiendo chequeado los antecedentes, pudimos concluir que toda la información referida a víctimas, se encuentra alojada en equipos computacionales que se encuentran fuera de nuestra Sede».
«El contenido de la información que fue sustraída con los computadores, dice relación con archivos de la represión ocurrida durante la Dictadura cívico militar, material con el que se trabaja la Línea de Memoria de nuestra Institución. Sin embargo, dicha información se encuentra debidamente respaldada en discos externos», agregan.
En la declaración, la Comisión aseguró que el robo «tuvo la clara intención de amedrentarnos y de impedir que nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos siga desarrollándose normalmente. Sin embargo, seguiremos intentando ser leales al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada nuestra Institución, esto es, defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y promover un sistema democrático fundado en el pleno respeto y vigencia de los derechos fundamentales».
Finalmente, junto con agradecer la solidaridad de diversas organizaciones de derechos humanos, esperan que el Ministerio Público «haga su trabajo investigativo con la celeridad que amerita el caso, para que los Tribunales puedan sancionar a los responsables. Del mismo modo, demandamos del Gobierno cumpla con su obligación internacional de garantizar que todos los defensores de derechos humanos, puedan realizar su trabajo sin interferencia de ninguna naturaleza».