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Crédito: Archivo
El pasado 10 de marzo, el diputado independiente Marcelo Díaz presentó un oficio al Ministerio del Medio Ambiente para que se investigara el polémico acuerdo, que reveló El Mostrador, entre la empresa Aes Gener –dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– y los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que desistieran de continuar con una demanda civil, que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. La respuesta llegó un mes más tarde, pero no era la que esperaba Díaz. En resumidas cuentas, el ministerio liderado por Carolina Schmidt –quien responde el oficio– no puede cuestionar ni investigar el acuerdo por tratarse de una resolución judicial. El parlamentario no demoró en cuestionar la respuesta: «Es impresentable que el Gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, se desentienda por completo de la situación que se vive en esta zona del país y se limite a señalar que no tiene atribuciones para intervenir un acuerdo entre privados».
En noviembre del año pasado, justo en medio del estallido social, la empresa Aes Gener –dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– llegó a un acuerdo judicial con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba, por medio de la justicia civil, la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. El monto, cercano a los 4 millones –los que se pagarán en tres cuotas con plazo máximo el 2024–, que acordaron, generó transversales críticas desde el mundo ambiental y político, debido a las propias condiciones del acuerdo y al contraste con lo obtenido por el abogado que representaba a los pescadores y que ascendió a $500 millones.
Uno de los que reaccionó en su tiempo a este reportaje de El Mostrador fue el diputado independiente Marcelo Díaz: “Un acuerdo de esa naturaleza que contempla el secreto, el evitar que se denuncie un abuso que una empresa pudo haber cometido, deteriorando radicalmente las condiciones de vida de una comunidad, es ética y humanamente impresentable”.
“Debemos insistir en que un país prospera en un ambiente sano, donde los acuerdos debajo de la mesa y la comunicación con base en el terror queden afuera. A ello debe sumarse que en Chile ya no deben existir las zonas de sacrificio, se debe trabajar en las energías limpias y encarcelar, condenar, a toda aquella persona y empresa que imponga sus intereses particulares por las reales necesidades y cuidados de la ciudadanía”, agregó, tras destaparse el escándalo.
Debido a esto, presentó el pasado 10 de marzo un oficio al Ministerio del Medio Ambiente para que aclare esta situación, la que califica al hecho como «ética y moralmente reprochable».
Dicho oficio fue contestado recientemente por el Gobierno, en concreto, el pasado 14 de abril. Si bien la respuesta es de más de una página, se puede resumir de la siguiente manera: el Ministerio del Medio Ambiente no puede ni le corresponde disponer una investigación ni «efectuar denuncias respecto de un acuerdo entre dos particulares en el marco de un procedimiento judicial».
La respuesta, firmada por la ministra de la cartera, Carolina Schmidt, sustenta su decisión en que desde «la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 que ‘Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente’, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, según el artículo 2′ de su Ley Orgánica: ‘ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley».
Es decir, quedan afuera las resoluciones judiciales, las que dicha cartera no puede cuestionar.
El que sí cuestionó esta respuesta fue el mismo diputado Díaz: «Es impresentable que el Gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, se desentienda por completo de la situación que se vive en esta zona del país y se limite a señalar que no tiene atribuciones para intervenir un acuerdo entre privados. Por lo menos se esperaría un llamado a revisar la situación o indagar sobre el contexto en el cual se dio este trato que a todas luces es abusivo e irregular”.
“No es posible que en nuestro país una empresa que ha destruido el medio ambiente del lugar donde funciona quede impune. Lo cierto es que aquí la empresa se ha aprovechado de la misma pobreza que han generado para mantener condiciones de abuso”, finalizó.
