PAÍS
Desde octubre del año pasado, el Consejo para la Transparencia –que vigila las buenas prácticas de las instituciones del Estado– se ha visto envuelto en una serie de irregularidades, que lo tienen hoy bajo investigación de la Contraloría por «faltas a la probidad», y del Ministerio Público, tras una denuncia por prevaricación, debido a las omisiones de acuerdos del consejo directivo en las actas del organismo. Fuentes del CPTL revelaron que una buena cantidad de antecedentes apuntaban a la responsabilidad de su expresidente, Marcelo Drago, pero que antes de serle comunicado un sumario en su contra, el exconsejero renunció a la entidad, desactivando la investigación. Sin embargo, esta situación no extinguió la polémica en torno suyo, pues tras la renuncia, el abogado se incorporó a trabajar en Magliona Abogados, el estudio que se dedica a hacer lobby en favor del gigante tecnológico Google, debido a la preocupación de la poderosa compañía por la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Datos Personales, derechos cuyo cumplimiento es de responsabilidad precisamente del Consejo para la Transparencia.
El pasado lunes 27 de julio, durante la sesión online de la Comisión de Gobierno del Senado, que analizaba los alcances del proyecto de modernización de la Ley de Acceso a la Información, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht –en su presentación ante los senadores– insistió en la urgencia de reformar el Consejo para la Transparencia (CPLT), ante una serie de conflictos cruzados que tienen al organismo con investigaciones vigentes en la Contraloría General por faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, y una investigación que instruye el Ministerio Público por prevaricación contra un consejero.
Junto a estas situaciones, que calificó como «bastante graves», Precht insistió en «regular el posempleo» de los consejeros que renuncian a la institución, para evitar «la puerta giratoria» entre el mundo público y el privado, y que el propio CPLT tanto ha cuestionado por lo conflictos éticos que dicha práctica conlleva. A modo de ejemplo, el director de Chile Transparente sostuvo que le parecía inadmisible que en la actualidad un consejero, al día siguiente de renunciar, se fuera a trabajar a un estudio de abogados que se dedica al lobby de empresas tecnológicas que están preocupadas por el proyecto de ley que protege los datos personales, un área que resultaría éticamente incompatible, ya que es el propio CPLT –por decisión presidencial– la institución designada como «Autoridad para la Protección de Datos Personales».
El ejemplo de Precht no era al voleo. Se trató de una alusión directa al expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien luego de renunciar a la institución –donde se dedicó personalmente a tratar el tema de los datos personales– se fue a trabajar al estudio de Magliona Abogados, firma que se dedica a hacer lobby con autoridades de Gobierno y legislativas, precisamente en esta sensible materia, para el gigante tecnológico Google.
Es más, fuentes del Consejo sostienen que la renuncia de Drago se produjo días antes de una sesión donde se resolvería instruir un sumario en su contra, por su responsabilidad en los hechos investigados en Contraloría y el Ministerio Público, con el fin de desactivarlo. Situación que, de hecho, se logró.
La escandalera que ensombrece al CPLT, paradójicamente por la falta de transparencia, se hizo pública luego que la Contraloría tomara conocimiento a través de una denuncia, realizada el 13 de octubre de 2019, por «graves faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, por parte del secretario del consejo directivo, José Ruiz Yáñez. Además, tráfico de influencias del consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago y la directora ejecutiva, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario».
En la denuncia se apuntaba a Ruiz como responsable de graves omisiones en las actas del CPLT, que derivaron en la imposibilidad de llevar a cabo acuerdos del consejo directivo, que incluían sanciones contra instituciones. Uno de los casos emblemáticos de los problemas con las actas guarda relación con la sesión del 20 de diciembre de 2018, donde el consejo directivo acordó un sumario contra el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Pero la sanción nunca se aplicó, porque el acta publicada en la página web institucional no consigna la instrucción del sumario.
José Ruiz fue contratado en 2017 como secretario para el consejo directivo, con un sueldo de $4.690.328 (de acuerdo a la información que consta en Transparencia Activa de octubre de 2018). La denuncia que se hizo ante la Contraloría puntualizaba que el cargo fue especialmente creado para Ruiz, considerado al interior del organismo como un “protegido” de Drago.
Tras la divulgación de la investigación de Contraloría, que aún se encuentra vigente, el propio organismo inició una serie de investigaciones, que tuvieron como objeto transparentar las zonas oscuras del Consejo para la Transparencia.
Las omisiones de los acuerdos del consejo directivo en las actas, así como el retraso de las mismas, fueron establecidos como especialmente graves, porque comprometían no solo la reputación del organismo sino también la naturaleza propia de su función. Tras el período de investigación, el sumario constató que una serie de informaciones que se habían transmitido al señalado consejo directivo eran falsas, al tiempo que se determinó la responsabilidad de José Ruiz en el «caos general» de las actas y se acordó su desvinculación.
En la sesión del 12 de mayo, donde el CPLT analizó los hallazgos del sumario y las consecuencias para la institución, el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada, tomó la palabra para poner un punto, que le llamó profundamente la atención.
En el sumario se estableció que existieron 71 actas que tenían una dilación muy importante en su elaboración y/o publicación, algunas de ellas con una dilación de más de 800 días. Lo que más sorprendió a Jaraquemada es que esta situación se viene arrastrando desde septiembre del 2017 y en el mes de octubre de ese mismo año asume la presidencia del consejo directivo el consejero Marcelo Drago. En la transcripción de la sesión se sostiene que «hasta ese entonces, la dilación en la publicación de las actas era solo de semanas. De este modo, coincide la dilación de publicación de las actas del mes de septiembre de 2017, que debían publicarse en el mes siguiente, con la asunción del consejero Drago como presidente del consejo directivo, momento a partir del cual ellas comienzan a quedar rezagadas, siendo las que más retraso presentan finalmente. Esta es una situación que se prolongó sistemáticamente a través del curso del año 2018».
Tras el análisis del sumario, el CPLT comenzó a levantar información, que en su parte medular fue apuntando a la responsabilidad del expresidente del Consejo, Marcelo Drago, y de Andrea Ruiz, directora ejecutiva y mano derecha de Drago, en diversas actuaciones que –a juicio del Consejo para la Transparencia– podrían estar reñidas con la probidad.
Tras levantar la información, el CPLT reunió suficientes antecedentes para indagar la responsabilidad jerárquica durante la presidencia de Marcelo Drago en las omisiones del secretario de actas, particularmente respecto de la elaboración, firma y publicación de las actas de sesiones y del seguimiento de los acuerdos adoptados por el consejo directivo, así como eventuales incumplimientos de la Ley de Transparencia.
En la decisión de abrir una sumario contra Drago se buscaba también indagar los fundamentos de por qué, durante la presidencia de este, siempre lo acompañaba a diversos viajes –bajo la fórmula de cometido funcionario– el destituido funcionario Ruiz, a quien se le responsabilizó de la falta de transparencia en las actas del Consejo.
También constituirían materia de investigación las inconsistencias y responsabilidades en el cumplimiento inoportuno de la obligación de registro de donativos durante los años 2017-2018, impuesta por Ley de Lobby. Y finalmente, el organismo se disponía a indagar si correspondía que Drago participara en el debate y decisiones adoptadas en la sesión 1070, que ocasionó una denuncia que lo afectaba, y la calificación jurídica que esta conducta podría tener, asociada o no a otras posibles situaciones similares.
Días previos a que estás informaciones tomaran cuerpo en un sumario administrativo y dos días antes de materializarse el despido de su funcionario de confianza, Marcelo Drago presentó su renuncia al Consejo para la Transparencia, situación que motivó al Comité Directivo a dejar sin efecto las investigaciones que se realizarían para establecer su responsabilidad.
Entretanto, y antes de la materialización de su renuncia, se había hecho pública una denuncia realizada ante el Ministerio Público por el abogado Gene Fernández, en que acusó al organismo de «Falsedad, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y denegación de servicio», junto con alertar sobre una «omisión selectiva de actas».
Habiendo desactivado el sumario contra Drago, el CPLT inició una investigación en contra de la directora ejecutiva y mano derecha de Drago, Andrea Ruiz, cuyos resultados se conocerán los próximos días.
En el texto de su renuncia, presentada el 23 de junio, el abogado Marcelo Drago mencionó los logros del organismo, especialmente bajo su presidencia, destacando su gestión en la protección de datos personales. «Dimos decididos pasos para proteger y hacer respetar los derechos de los chilenos sobre sus datos personales entre los órganos del Estado haciendo tomar conciencia y tomando medidas para dar cumplimiento a los mejores estándares».
Habiendo levantado con vehemencia esa bandera, su reubicación laboral no hizo más que provocar un profundo rechazo en los organismos ligados a la transparencia y especialmente en el propio CPLT, donde –según fuentes de la misma entidad– la situación ha provocado un «profundo sentimiento de vergüenza».
Tras renunciar al Consejo, Marcelo Drago se incorporó al estudio Magliona Abogados. Este es el encargado de establecer relaciones de lobby con autoridades de Gobierno y legislativas en favor del gigante tecnológico Google. La preocupación de la trasnacional tiene relación directa con el proyecto de ley que protege los datos personales, porque, de aprobarse, este podría responsabilizar, por primera vez, a los motores de búsqueda como Google en la difusión de información de datos personales, arriesgando incluso sanciones.
Ante de incorporarse al señalado bufete, el propio Drago, en su calidad de presidente del CPLT, recibió en varias oportunidades la visita de Claudio Magliona, cabeza del estudio, para tratar el tema de la protección de datos personales, tal como quedó registrado en la Plataforma de la Ley del Lobby.
Debido a esta situación, es que el director de Chile Transparente, en alusión directa a Drago, solicitó a los senadores de la comisión que tramita el proyecto que moderniza la Ley de Acceso a la Información, que regulara el posempleo, por la incompatibilidad ética.
Consultado por El Mostrador, el expresidente del Consejo para la Transparencia sostuvo que en primer lugar no «me siento aludido» por la mención de Precht y, respecto a la puerta giratoria, se limitó a sostener lo siguiente: «Soy abogado, me fui a una oficina de abogados. Las oficinas de abogados representan clientes de varias formas o de forma íntegra, y cualquier reunión con una autoridad se registra por Ley de Lobby. Eso no lo hace ‘una oficina de lobby'».
