PAÍS
Crédito: Aton
La ONG presentó hoy el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, en donde apunta al general director de Carabineros, Mario Rozas, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez. El reporte plantea que “la cadena de omisiones de los mandos estratégicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada”, lo cual debería –a juicio del organismo– ser “dilucidado por la justicia chilena”. El nuevo informe denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Sebastián Piñera permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos «permanecieran en sus puestos» y «alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante».
A cinco días del primer aniversario del llamado estallido social, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía investigar a los altos mandos de Carabineros por “permitir” que se cometieran violaciones a los derechos humanos en la ola de protestas que se inició en Chile el 18 de octubre de 2019.
La ONG presentó hoy el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, en donde apunta al general director de Carabineros, Mario Rozas, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez.
El reporte plantea que “la cadena de omisiones de los mandos estratégicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada”, lo cual debería –a juicio del organismo– ser “dilucidado por la justicia chilena”.
Como antecedente, recuerdan que en una sentencia contra México por actos de tortura cometidos en el marco de una protesta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “estableció que el Estado incurrió en responsabilidad por no investigar penalmente a los mandos superiores del operativo policial, a pesar de haber indicios suficientes de su omisión para prevenir dichas violaciones”.
En declaraciones a la agencia EFE, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, remarcó que “tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”.
Guevara aseguró que «lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.
De hecho, el informe señala que “si bien es cierto que se reportaron cuantiosos daños a la propiedad, así como lesiones a personal de Carabineros, la desproporción de lesionados, así como la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores. Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del ‘orden público’, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar”.
Para el reporte, Amnistía Internacional tuvo acceso a documentación, como revisión de protocolos internos, las instrucciones escritas emitidas por los mandos estratégicos o las órdenes verbales relativas al uso de la fuerza casi a diario emitidas por el general director y el director de orden y seguridad, proporcionadas por el Ministerio del Interior.
Y la documentación “demuestra que tanto los comandantes de nivel estratégico como los de nivel operativo dentro de la institución fallaron notablemente para asegurar una supervisión efectiva de las unidades bajo su control. Debido a que Carabineros de Chile es una institución jerárquica de carácter militar, toma especial relevancia el control que los mandos más altos debían haber hecho en áreas específicas, toda vez que supieron o debieron haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.
Un ejemplo de esto es, según AI, que a pesar de existir un informe interno que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.
De hecho, el organismo asegura que tuvo acceso a documentos “que comprueban que los protocolos fueron deficientes desde su concepción y los mandos estratégicos relevantes no los modificaron de manera sustantiva hasta más de un mes después del inicio de las protestas, cuando se limitó, al menos, el uso de escopetas de balines”.
Y de hecho, “las plantillas de planificación a las que tuvo acceso Amnistía Internacional demuestran que la planificación realizada por los mandos operativos, al menos en ciertos casos, se mantenía estática, sin adaptarse en función de las preocupaciones que estaban surgiendo en materia de derechos humanos”.
“Amnistía Internacional considera que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai se habrían evitado, si los mandos estratégicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal, entre otras”, añade el reporte, que además “hace un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.
El nuevo informe de AI denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos «permanecieran en sus puestos» y «alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante».
En el reporte, Amnistía Internacional asegura que examinó varios expedientes relativos al proceso de investigación y detectó que, de los 12 casos presentados en el informe, solo dos casos tuvieron algún tipo de sanción, nueve meses después de los hechos, y no por la conducta lesiva denunciada.
«La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo», aseguró Guevara.
De este modo el informe señala que “la falta de control ejercida sobre Carabineros por parte de la administración del Presidente Sebastián Piñera, exige que sean también deslindadas todas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que tenían la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron”.
Según AI, los abusos de Carabineros no se limitan al estallido social sino que forman parte de «un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial», un tema que ha estado sobre la mesa desde hace meses y que el Gobierno ha remitido a una comisión asesora.
Una recomendación que formuló la ONG en ese ámbito es que “el actuar de Carabineros debe subordinarse a la dirección y control del poder civil, con estricto apego al marco jurídico vigente”, a través por ejemplo de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, independiente del Ministerio del Interior.
Como recomendaciones adicionales, plantean la prohibición del uso de los balines TEC Harseim y de cualquier otra munición de efecto múltiple y lesivo para funciones de orden público; prohibir los proyectiles de impacto que son inexactos o que impactan con una energía excesiva (como las balas de metal recubiertas de caucho); elaborar protocolos de control del orden público detallados, precisos, y acorde al derecho internacional en todos sus puntos, con la aprobación de organismos expertos en la materia como el INDH y la Defensoría de la niñez; y revisión de los expedientes administrativos en curso.
