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Crédito: ATON
Desde el Congreso reaccionaron luego que el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, anunciara la formalización de 800 militares activos y retirados por un fraude dentro del Ejército que asciende a $3 mil millones. El diputado Leonardo Soto, quien fue presidente de la comisión investigadora del fraude al interior del Ejército, pidió –ante la eventual formalización– “que el hilo no se corte siempre por lo más delgado y los responsables tengan las máximas sanciones”, añadiendo que “esta corrupción sistemática, estructural desde el comandante en Jefe hasta el último uniformado es algo que sin duda golpea fuerte a la conciencia del país”. En tanto, el diputado Jorge Brito (RD) apuntó a las responsabilidades políticas, señalando que “hoy en día nadie podría asegurar que no se esté cometiendo una nueva irregularidad dentro de las FF.AA., porque los ministros están más preocupados de su agenda personal que en hacer los cambios necesarios postergados hace años”.
Como un hecho de “extrema gravedad” que podría significar un “terremoto grado 10 en el Ejército” interpretaron desde el Congreso la noticia de que el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de casi 800 funcionarios activos y en retiro por fraude al fisco al interior de la institución castrense, por una suma cercana a los 3 mil millones de pesos.
Según señala el diario El Mercurio, en la investigación que abarca a personal de la IV División de Aysén, la Fiscalía concluyó que el reintegro de las platas de los suboficiales se hizo con fondos del Ejército por medio de diversos mecanismos, como pagos de servicios que no se realizaron, financiamiento de estudios y viajes.
Al respecto, para el diputado Jorge Brito (RD) –expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y Diputadas– «esto es de una extrema gravedad, y no se va a solucionar con procesos judiciales. Es importante que los procesos avancen hasta el final, pero más importante aún es que las autoridades a cargo de la Defensa implementen todos los cambios necesarios para que se resguarde el buen uso de los recursos públicos, así como se resguardan las fronteras de nuestro país, las FF.AA. tienen que preocuparse de defender a Chile frente a la corrupción».
«Aquí los ministros de la cartera, el exministro Espina y el exministro Desbordes le han dado poco o nada de importancia a esta materia. Hoy en día nadie podría asegurar que no se esté cometiendo una nueva irregularidad dentro de las FF.AA., porque los ministros están más preocupados de su agenda personal que en hacer los cambios necesarios postergados hace años», agregó Brito.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto sostuvo que “este es el fraude más masivo conocido en la última década, que va a significar un terremoto grado 10 en las Fuerzas Armadas”.
A juicio de legislador –quien fue presidente de la comisión investigadora del fraude al interior del Ejército–, la situación “deja entrever particularmente un compromiso delictual de cientos de uniformados, que reciben fondos sin haber prestado los servicios, pero sobre todo, porque los autores de este diseño son el alto mando de la época, el comandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer, quien con su puño y letra dio la instrucción para resarcir estas pérdidas privadas con recursos públicos”.
Para el parlamentario, “esta corrupción sistemática, estructural desde el comandante en Jefe hasta el último uniformado, es algo que sin duda golpea fuerte a la conciencia del país”, por lo que pidió, ante la eventual formalización, “que el hilo no se corte siempre por lo más delgado y los responsables tengan las máximas sanciones”.
En concreto, el diputado Soto relató que existió un Fondo de Ayuda Mutua, un mecanismo privado de ayuda informal en Aysén a partir del ahorro voluntario de funcionarios del Ejército. Al quebrar dicho fondo, denominado ‘Cutufa de Aysén’, “es el propio Ejército el que comienza a indemnizar, a compensar, a resarcir las pérdidas privadas de los oficiales y del personal con fondos públicos, del fisco, del presupuesto militar y ahí está la ilegalidad, el fraude al fisco”.
Pero esto fue más allá y, de acuerdo al parlamentario, “se idearon 12 mecanismos para burlar la ley, para disfrazar la transferencia de dinero público a personas privadas para evadir los controles de Contraloría y toda fiscalización y supervisión. Son 3 mil millones de pesos que aparentemente han ido del presupuesto público a los bolsillos privados y este esquema de devolución lo ideó el alto mando, la máxima autoridad de la época, el comandante en Jefe Óscar Izurieta”, puntualizó el legislador.
«Va a haber un cataclismo, un terremoto de considerable magnitud en el Ejército por la masividad de las personas involucradas (…) son 3 mil millones de pesos que aparentemente han ido del presupuesto público a los bolsillos privados en este esquema de devolución de dinero ideado por el alto mando del Ejército», sumó.
«Todo esto da a entender que el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, estiman que el presupuesto de la Nación que se le entrega a ellos para cumplir con sus funciones prácticamente es de carácter privado y no ven ningún reproche en que pueda llegar a sus bolsillos a través de estos mecanismos fraudulentos», finalizó.
