Un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por la polémica licitación del Instituto de Tecnologías Limpias interpusieron ocho universidades nacionales, solicitando una orden de no innovar y suspender el proceso que implica recursos por más de US$ 193 millones.

El recurso fue presentado por planteles como la  Universidad de Antofagasta, de Concepción, Tarapacá, Santiago de Chile y Universidad de Chile –que forman parte del Consorcio Alta Ley cuya oferta fue desestimada por Corfo- y que buscan así impugnar en tribunales  la adjudicación del ambicioso proyecto a un consorcio compuesto por planteles privados chilenos, como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, ambas ligadas a personeros de Gobierno y la UDI y a la a Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana.

El camino judicial se suma a acciones realizadas por senadores de oposición que presentaron ante la Contraloría una serie de antecedentes que buscan demostrar irregularidades en la polémica licitación  y el proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara Alta  que piden al Presidente Sebastián Piñera declarar desierto el concurso.

En el recurso judicial, las universidades acusan que el proceso no se realizó conforme a lo legal, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, modificaciones del contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.

En paralelo, el recurso acusa una integración irregular de la comisión evaluadora, puntualizando que de los 5 miembros totales de la comisión, 4 de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar; y acusan que precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia Corfo resolvió contratar de conformidad a las bases.

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