"Como Gobierno vamos a estudiar a fondo los alcances de este fallo y por supuesto que no descartamos recurrir de casación si el estudio de dicho fallo lo amerite”, había anunciado el pasado 25 de enero el ministro vocero de Gobierno Jaime Bellolio, tras conocer la resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que decidió absolver a los imputados por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva.

Sin embargo, el Gobierno finalmente decidió desistir del proceso y el ministerio del Interior optó por no recurrir de casación al fallo del tribunal de alzada capitalino.

Así lo informó esa jornada con evidente molestia el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin. “Me entero de impresentable decisión de @sebastianpinera de instruir al @min_interior de NO recurrir contra fallo que deja impune a responsables de magnicidio de Eduardo Frei M, aunque sus abogados ya habían trabajado en el escrito”, escribió el timonel DC en redes sociales.

De todos modos, Chahin destacó que el otro querellante del Estado en esta causa, el Consejo de Defensa del Estado, sí va a recurrir.

Entre los querellantes también confirmaron a El Mostrador la decisión del Ejecutivo, de la cual se enteraron a través de los abogados del ministerio del Interior. Si bien el desistimiento de La Moneda era una posibilidad cierta, la determinación no dejó de causar sorpresa porque hace unos días les habían transmitido que la intención del Gobierno sí era perseverar en este caso.

La causa está ahora en manos de la Corte Suprema, donde los querellantes esperan revertir la controvertida resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra. Esta refutó el fallo del ministro en visita Alejandro Madrid, quien tuvo en sus manos la investigación por el magnicidio por más de 14 años, y concluyó que “Eduardo Frei Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”.

La resolución del tribunal de alzada capitalino favoreció al médico Patricio Silva Garín, quien había sido condenado en primera instancia como autor; al agente CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, y al ex chofer personal del mandatario e informante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Luis Alberto Becerra Arancibia, calificados en primera instancia como coautores; al médico Pedro Samuel Valdivia Soto, condenado por el ministro Madrid como cómplice, además de los tanatólogos y académicos de la Pontificia Universidad Católica, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, ambos fallecidos y calificados en primera instancia como encubridores.

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