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Bachelet manifiesta preocupación de la ONU por manejo de la crisis migratoria en Chile: critica “militarización” y expulsión de personas “sin evaluación de su vulnerabilidad” PAÍS Crédito: ATON

Bachelet manifiesta preocupación de la ONU por manejo de la crisis migratoria en Chile: critica “militarización” y expulsión de personas “sin evaluación de su vulnerabilidad”

En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aludió a un tema que ha marcado la agenda en Chile en las últimas semanas, sobre todo tras la puesta de los «overoles blancos» con la que el Gobierno expulsó al primer grupo de migrantes el pasado 10 de febrero. «La militarización de la gestión fronteriza por parte de Ecuador, Perú y Chile es particularmente preocupante en el contexto del continuo movimiento sin precedentes de venezolanos (…) Estos problemas incluyen informes preocupantes de que se está expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección», indicó. Bachelet también aludió al clima social en la región, mencionando nuevamente el caso chileno, aludiendo a las manifestaciones que “se han enfrentado con el uso excesivo de la fuerza” y el riesgo de “una nueva ola de malestar social”.


La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre el estado de los DD.HH. en 50 países del mundo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde hizo referencia a la situación de la crisis migratoria en el norte de Chile.

En concreto, la expresidenta menciona el caso de los inmigrantes venezolanos que han llegado a la frontera norte del país, y advirtió que se está expulsando a personas «sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”. También cuestiona la “militarización” de las fronteras.

“En el marco del flujo migratorio sin precedentes originado en Venezuela, es especialmente preocupante la militarización de la gestión fronteriza en Ecuador, Perú y Chile, así como información de que ‘se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección’”, señaló Bachelet en su discurso sobre un tema que ha marcado la agenda en Chile en las últimas semanas, sobre todo tras la puesta de los «overoles blancos» con la que el Gobierno expulsó al primer grupo de migrantes que ingresaron de manera irregular el pasado 10 de febrero.

En el informe, Bachelet dice que «la militarización de la gestión fronteriza por parte de Ecuador, Perú y Chile es particularmente preocupante en el contexto del continuo movimiento sin precedentes de venezolanos». Acá recuerda que son cerca de 5,28 millones de personas que se estima «abandonan o permanecen fuera de su país este año». «Estos problemas incluyen informes preocupantes de que se está expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección», dice.

Una “nueva ola de malestar social”

Bachelet también aludió al clima social en la región, mencionando nuevamente el caso chileno. «En los últimos años, muchos países de América, incluidos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú, han visto crecientes movimientos de protesta social. Si bien cada situación es distinta, todas se centran en general en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales; discriminación; impunidad; y denuncias de corrupción. En varios países, las manifestaciones se han enfrentado con el uso excesivo de la fuerza», añade.

En esta parte del informe donde menciona al país y que trata sobre las protestas sociales para demostrar descontento debido a la poca o nula ayuda gubernamental, Bachelet añade que “la crisis socioeconómica y humanitaria que se está desarrollando a raíz de la pandemia corre el riesgo de profundizar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de malestar social», explica.

En ese contexto, Bachelet alienta a los Estados a adoptar «medidas para evitar un mayor deterioro de la situación, incluso mediante garantías de participación significativa y efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia».

«También pido a todos los Estados que protejan los derechos a la libertad de asociación y reunión pacífica y que garanticen que las manifestaciones se gestionen en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos», solicita.

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