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Crédito: Aton
Por 80 votos a favor, 37 en contra y doce abstenciones, la Sala de la Cámara dio luz verde para indagar los actos de la Corporación de Fomento para la Producción “y toda otra autoridad que haya intervenido en el proceso de licitación”. La instancia tendrá un plazo de 90 días para emitir su informe.
La licitación del Instituto de Tecnologías Limpias, adjudicado por la Corfo a un consorcio de universidades privadas ligadas a la UDI más un grupo de planteles estadounidenses, todavía tiene varios capítulos pendientes, dado que la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que tendrá un plazo de 90 días para emitir su informe.
Por 80 votos a favor, 37 en contra y doce abstenciones, la Sala de la Cámara dio luz verde para indagar los actos de la Corporación de Fomento para la Producción “y toda otra autoridad que haya intervenido en el proceso de licitación”.
La instancia, solicitada por 73 legisladores, se deberá abocar, entre otras materias, a investigar las actuaciones referidas a las bases de licitación, su regulación, plazos y su cumplimiento, evaluación de ofertas, toma de decisiones, adjudicación y transparencia de los procesos, informa la Cámara.
El proceso estuvo marcado por los cuestionamientos por parte de la comunidad científica chilena y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que reclamaron por el resultado, e incluso recurrieron a tribunales presentando un recurso de protección con una orden de no innovar para detener el tema.
Según se explica en el texto legislativo, los detractores de la resolución acusan que la evaluación no se ajustó a los estándares requeridos, dado que la decisión no fue adoptada por los evaluadores titulares, sino por suplentes, además que hubo cambios antojadizos en las bases de licitación que no fueron notificadas a las partes y que favorecieron al ganador.
La acción en la Cámara se suma a otras medidas legislativas, como el proyecto de acuerdo aprobado en el Senado que solicita al Presidente de la República tomar las medidas necesarias para declarar desierto el proceso de licitación y que se instruya una completa investigación administrativa destinada a determinar la existencia de posibles irregularidades y eventuales responsables.
