NUEVA CONSTITUCIÓN
Considerando que el protagonismo y el legado son dos de las mayores obsesiones del Mandatario, el haberse visto obligado a replegarse tanto en la previa como en el día del inicio de la Convención Constitucional, terminó por transformarse en una de sus pesadillas. Meses atrás este hito se contabilizaba como una oportunidad para engrosar el libro de su segunda administración. Sin embargo, tanto el contexto como el mal manejo político que ha tenido esta administración –tal como lo acusan desde su propio sector–, llevaron a la imposibilidad de que el Jefe de Estado apareciera en la foto del hito más imponente de la historia republicana reciente del país.
Acostumbrado a cerrar los días de gran interés público con una cadena nacional o un punto de prensa en La Moneda, el Presidente, Sebastián Piñera, esta vez tuvo que conformarse con un mensaje formal a través de las redes sociales, en el que señaló: “Felicitaciones a Elisa Loncon por su elección como Pdta. de la Convención Constitucional. Les deseo sabiduría, prudencia y fortaleza para guiar la Convención hacia una buena Constitución, respetando su mandato y recogiendo nuestras tradiciones republicanas y valores de nuestro pueblo”.
Si bien en un principio el calendario calzaba justo para que fuese el Mandatario quien firmara la Nueva Constitución, la pandemia, principalmente, fue corriendo las fechas hasta dejar al actual Gobierno sin esa posibilidad. Luego, los intentos por ser más protagonistas del proceso se fueron cayendo uno por uno, hasta llegar al límite en que La Moneda, pretendiendo optar por la tesis del minimalismo, hizo lo contrario, al tratar de alcanzar protagonismo al oponerse a los requerimientos de los pueblos originarios, lo que a la postre, además de erigirse como un nuevo error político, terminó por desplazar a La Moneda hacia la más completa irrelevancia.
De esta manera, haber pasado a ser irrelevante en una página dorada de la historia, estando al mando del país, se transformó en una de sus peores pesadillas.
Acusando una “falta de voluntad en el cumplimiento de los compromisos”, a través de una misiva, la lista de los pueblos originarios puso al frente al secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, Francisco Encina, pidiendo su salida, bajo la amenaza de no presentarse, una situación que no podía ser tolerada por el Ejecutivo, pero que obligó a repensar su papel en la instancia.
Recién ahí en Palacio se entendió, después de variados intentos, que cualquier cosa que los pusiera al frente como Gobierno, significaba una potencial piedra en el zapato para un evento que debía lucir perfecto, pensando en el legado presidencial.
En la ocasión, se culpó al Gobierno de no estar a la altura de las circunstancias y de poner trabas, luego que en un principio se les diera un portazo a las solicitudes tanto de la machi Francisca Linconao como de la representante aymara, Isabella Mamani, quienes habían pedido –en su calidad de autoridades ancestrales– ser acompañadas. La primera, por su Zugumachife (o Dungunmachife), intérprete de una machi en ceremonias espirituales, y por su Yancan (o Ñanngkan), colaboradores directos de esta autoridad ancestral en cualquier ceremonia. Mientras que la segunda solicitaba la presencia de “chacha warmi”, o pareja, fundamental en la dualidad requerida para la realización de una Phawa, que es una ceremonia ancestral.
El Ejecutivo, en vez de dar solución inmediata, prefirió estirar el elástico hasta tensar al máximo las relaciones, y donde finalmente tuvo que ceder, en una maniobra que fue acusada de “torpe” desde el propio oficialismo, quienes si bien no veían con buenos ojos esta formalidad, entendían que el riesgo era mayor.
La pulsión por el extremo protagonismo y el continuo intento por escribir un legado grandilocuente, han terminado transformándose en un talón de Aquiles para el Presidente Sebastián Piñera en sus dos mandatos, tanto así que, en diversas oportunidades, en esta segunda administración, se transformó en tema de discusión interna tanto en La Moneda como en Chile Vamos, llegando la mayoría de las veces a la conclusión de que, al hacerse de la agenda el Mandatario, solo entorpecía los procesos. Tras la debacle electoral de la derecha en las cuatro últimas elecciones, y de la que Chile Vamos puso el peso de la responsabilidad en los hombros del jefe de Estado, fue la UDI la que explícitamente, y en su cara, le pidió dejar la primera línea en pos de un mejor futuro inmediato para su sector.
Si bien la respuesta para explicar todos los males el Gobierno la ha supeditado al contexto que le tocó vivir, como un estallido social, una pandemia y una crisis económica, tanto analistas ligados al oficialismo como ministros de su propio gabinete, y casi la totalidad de su sector, llegaron en un momento a la conclusión de que fue el “pésimo” manejo político del Jefe de Estado el que terminó por acrecentar las dificultades. De esta manera, habría sido el propio Mandatario quien terminó por “cavar su propia tumba” respecto del intento de quedar inscrito en las páginas doradas de la historia del país y, de esta forma, cumplir el sueño de ser el protagonista de la misma, señalaron miembros del Ejecutivo.
Así las cosas, ni en la fotografía oficial del 4 de julio del 2021 aparece el jefe de Estado, un hecho que La Moneda, semanas atrás, tuvo que aceptar para evitar cualquier complicación en el proceso de instalación de la Convención Constitucional. En Palacio estaban al tanto de que cualquier exabrupto mayor complejizaría aún más el texto donde se buscará relevar la gestión de la actual administración en este histórico proceso.
En septiembre del año pasado, a un mes del plebiscito del 25 de octubre, el Presidente Piñera entregó un decálogo de cómo creía que debería escribirse la nueva Carta Magna, advirtiendo sobre los puntos “esenciales para construir una Constitución democrática para todos los chilenos y chilenas”. Entre las definiciones habló del rol del Estado, de la familia y de derechos civiles y políticos, entre otros. En ese entonces, el oficialismo aún apuntaba a obtener el tercio de la Convención, en cuyo marco suponía que sus representantes se harían parte de este documento.
Con el pasar del tiempo, y al ver que el Gobierno estaba siendo apartado de la discusión, se buscó superponer la idea de que la primera piedra para el proceso que terminó con el inicio de la Convención, el 4 de julio, había sido obra del Jefe de Estado. De esta manera, varios de sus ministros repitieron que parte del legado iba a ser que el Presidente optó «por una salida constitucional» a la crisis, recordando la noche del 13 de noviembre, cuando, en medio del estallido, el Presidente Piñera llamó a tres grandes acuerdos, “por la paz, por una agenda social y por una nueva Constitución”, aunque jamás se logró instalar como tal en la agenda.
Ya sumidos en una realidad que nunca dejó conforme al Primer Mandatario, los esfuerzos pasaron por intentar influir en la discusión respecto a si la Convención era un órgano delegado u originario. En tal sentido, y aprovechando la firma del decreto para confirmar la fecha de inicio de la instancia, el Presidente señaló que la Convención no podía “atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas”.
Asumida la imposibilidad de dar rienda suelta a la pulsión presidencial, en La Moneda se intentó tener algún grado de presencialidad en un día que será recordado por todos los chilenos y las chilenas, pero donde no tenía cabida política. Uno de los intentos fue intencional, sin resultados; y el otro, sin querer serlo.
A primera hora de la mañana, el ministro y el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa y Máximo Pavez, respectivamente, participaron de una actividad denominada “Oración por Chile”, organizada por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos –dependiente del ministerio–, vía telemática. En la ocasión, los representantes de la comunidad judía, católica, anglicana y evangélica de La Moneda entregaron sus oraciones, previo a la instalación de la Convención Constitucional, finalizando esta con un punto de prensa en Palacio, el que pasó sin pena ni gloria.
Luego vino el turno, en horas de la tarde, del jefe de cartera, quien no tenía considerado responder preguntas, pero que tuvo que ceder en el momento. En la instancia, Ossa reiteró que “al Gobierno le ha tocado contribuir” –repasando los hitos del acuerdo del 15 de noviembre– a la reforma constitucional, el plebiscito, la elección de los miembros de la Convención y el mandato constitucional para el aporte técnico, administrativo y monetario de la primera sesión de la misma, en un nuevo intento por hacer aparecer al Ejecutivo en el “día D”.
El otro protagonista, sin querer serlo, terminó siendo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien tuvo que salir a dar explicaciones luego de los enfrentamientos entre los manifestantes que se encontraban en el anillo de seguridad y las Fuerzas Especiales de Carabineros, a dos cuadras de la sede de Santiago del Congreso, y que puso en suspenso la realización del inédito evento.
El solo hecho de que se hayan producido enfrentamientos fue cuestionado en diferentes esferas, considerando que siempre fue una posibilidad real.
Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Eduardo Vergara, acusó un “fracaso del diseño de seguridad”, al señalar que “nuevamente terminó en un modelo de escalada de conflictos en vez de desescalada y perímetros mínimos”, advirtiendo que tanto el ministro responsable de la seguridad pública como el intendente metropolitano, Felipe Guevara, debían dar explicaciones.
De esta manera, el exalcalde de Estación Central y actual ministro del Interior apareció señalando que “grupos violentos tuvieron su primera aproximación lamentablemente a la actividad violenta, delictual, en Alameda con Ahumada. Ese fue el primer punto donde pudimos ver escaramuzas”. Agregando que “si había hechos delictuales íbamos a actuar. A eso jamás vamos a renunciar”.
