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Crédito: ATON
Las muertes fueron confirmadas en el Cesfam de Tirúa, donde ingresaron los heridos a bala, pero con el correr de las horas el silencio fue la tónica de las autoridades tanto de Gobierno como militares. Solo cerca de las 21 horas hubo una vocería del gobernador Rodrigo Díaz, quien catalogó lo sucedido como la “crónica de muertes anunciadas”, dado el estado de excepción que rige en la zona, al tiempo que emplazó al Gobierno a que “nos diga qué pasó”. Si bien un comunicado de la Alianza Territorial Mapuche tras el primer fallecimiento habló de “un weichafe muerto en combate”, otras versiones apuntaban a responsabilizar a las fuerzas de orden. El INDH exigió que “se inicie sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que permita aclarar lo sucedido en la zona”. Además, el hecho motivó una declaración de repudio de parte de los escaños reservados en la Convención Constitucional, encabezados por Elisa Loncon, tras la sesión de pleno del día de hoy. “Queremos repudiar enérgicamente esa política racista y violenta del Estado que está afectando a nuestras comunidades”, dijo la presidenta de la Convención. Parlamentarios condicionaron la extensión del estado de emergencia y hablaron de un “nuevo caso Catrillanca”.
El fantasma del caso Catrillanca volvió a rondar en la zona mapuche, luego que esta tarde se informara la muerte de dos comuneros y varios heridos en un enfrentamiento –según las primeras informaciones– con personal de la Armada y Carabineros en el sector de Huentelolén, Cañete, Región del Bío Bío, zona que se encuentra militarizada producto del estado de excepción vigente.
Las muertes fueron confirmadas en el Cesfam de Tirúa, donde ingresaron los heridos a bala, pero con el correr de las horas el silencio fue la tónica de las autoridades tanto de Gobierno como militares. A más de tres horas de ocurridos los hechos, aún no había una versión oficial.
La primera vocería de autoridades solo corrió por cuenta del gobernador Rodrigo Díaz, quien fue enfático en señalar que no manejaba información oficial y que esta “la debe dar el Gobierno de Chile, el jefe de las fuerzas, y debe investigar el Ministerio Público. Exigimos que el Gobierno nos diga qué pasó”.
Aludiendo al estado de excepción, afirmó que “esto es una crónica de muertes anunciadas” y lamentó el hecho de que ni el ministro del Interior Rodrigo Delgado ni el subsecretario Juan Francisco Galli se comunicaron con él.
De acuerdo a lo reportado por medios en la zona, la primera víctima fatal tiene 23 años, y fue identificada como Jordan Liempi Machacan. Resultó herido a bala en un brazo, señalaron las primeras informaciones de los medios apostados en la zona. Luego, Radio Cooperativa informó que “el segundo comunero, de 44 años, dirigente mapuche, murió también en el Cesfam de Tirúa”. Posteriormente medios independientes lo identificaron como Iván Porma.
De acuerdo a un comunicado de la Alianza Territorial Mapuche tras el primer fallecimiento, se habló de “un weychafe muerto en combate”, mientras Radio Bío Bío añadió que hubo además tres detenidos con armamento en su poder a bordo de un automóvil con encargo por robo.
Sin embargo, en el Cesfam de Tirúa la versión era otra. De acuerdo a una familiar de los heridos, no se trató de un enfrentamiento sino que los uniformados abrieron fuego hacia ellos cuando se desplazaban en caravana. Entre los heridos hay una menor de 9 años.
Algunos de los heridos fueron trasladados al hospital de Temuco.
Las muertes de los comuneros se producen mientras en la provincia de los hechos, junto a Arauco, Cautín y Malleco, estas últimas en La Araucanía, se encuentran bajo estado de excepción.
El estado de excepción se decretó el 12 de octubre, el que luego fue extendido por 15 días y, ahora, el Gobierno pretende seguir alargándolo con el visto bueno del Congreso, una decisión que ha levantado una serie de críticas por parte de la oposición.
La situación gatilló de inmediato un pronunciamiento de parlamentarios. “Exigimos a ministro de Interior entregue de inmediato las imágenes de GoPro de Carabineros, es un nuevo caso Catrillanca, queremos justicia y retiro inmediato de FFAA y Carabineros de la zona, no aprobaremos extensión de estado de excepción, que vuelvan a sus cuarteles”, señaló el diputado ecologista por la zona, Félix González.
El senador socialista Rabindranath Quinteros también emplazó a La Moneda y condicionó la extensión del estado de emergencia. “Este caso es grave y se tiene que esclarecer lo antes posible. Ministro Delgado debe acudir al Congreso y dar cuenta de la presencia de las FF.AA. en la Macrozona Sur. No podemos aprobar extender estado de excepción sin antes recibir información”, dijo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llamó por su parte a que “se inicie sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que permita aclarar lo sucedido en la zona”.
La entidad añadió que “está en terreno con el objetivo de recoger información sobre lo ocurrido y se pone a disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de la verdad”.
En su declaración, el INDH además “reitera el llamado a silenciar las armas y buscar vías de diálogo que permitan superar la actual crisis social y política que viven los territorios de La Araucanía y Biobío”.
El hecho motivó una declaración de repudio de parte de los escaños reservados, encabezados por Elisa Loncon, tras la sesión de pleno del día de hoy. “Queremos repudiar enérgicamente esa política racista y violenta del Estado que está afectando a nuestras comunidades”, expresó la presidenta de la Convención.
Por su parte, el convencional Adolfo Millabur señaló que “estamos afectados por la noticia, tenemos un asesinado (…), el Gobierno no escuchó y hacemos responsable al actual Gobierno, a las fuerzas militares de la Armada de Chile y Carabineros de la muerte de esta persona”.
A su vez, la machi Francisca Linconao arremetió contra el Presidente Piñera: “Que entienda de una vez Piñera, que retiren sus milicos. ¡Basta con la matanza!”, dijo.“El Estado de Chile se ha encargado una vez más de asesinar a uno de los nuestros”, dijo a su vez Natividad Llanquileo, quien cuestionó la militarización de la zona mapuche.
