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Crédito: Agencia UNO
La carta es firmada por el expresidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, y los exministros Héctor Carreño, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi, Carlos Künsemüller, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Patricio Valdés, y manifiestan en ella «plena concordancia» con la declaración referida. «La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer recientemente una declaración relativa a distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, enfatizando en la misma que lo hace con un espíritu de colaboración, refiriéndose a la independencia de juezas y jueces, la que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos», indican en la misiva.
Un nuevo actor se sumó a la polémica entre la Corte Suprema y la Convención Constitucional por la duración del cargo de los jueces. Se trata de un grupo de exministros, quienes respaldaron a los actuales en su reclamo.
La carta es firmada por el expresidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, y los exministros Héctor Carreño, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi, Carlos Künsemüller, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Patricio Valdés, y manifiestan en esta «plena concordancia» con la declaración referida.
«La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer recientemente una declaración relativa a distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, enfatizando en la misma que lo hace con un espíritu de colaboración, refiriéndose a la independencia de juezas y jueces, la que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos», indican en la misiva.
En esa línea, destacan que «entre los principios fundamentales en que descansa el correcto ejercicio de la judicatura, la independencia se erige como una garantía indispensable para asegurar juezas y jueces imparciales, capaces de administrar justicia con los debidos conocimientos, integridad ética, honestidad y prudencia», señalan los firmantes.
«La imparcialidad del juzgador es apreciada unánimemente como un elemento integrador del concepto ‘juez’, asegurada en numerosos tratados internacionales sobre derechos individuales: ‘juicio justo ante un tribunal imparcial’», aseguran.
Posteriormente plantean que «el principio de inamovilidad resguarda la independencia judicial, toda vez que proporciona a juezas y jueces autonomía para ejercer la jurisdicción libres de presiones de toda índole, lo que en definitiva garantiza el derecho al debido proceso, pilar fundamental del Estado de Derecho».
«Si en la sociedad democráticamente organizada se concibe al Poder Judicial como una institución esencial e irrenunciable para el debido amparo, mediante los instrumentos del Derecho, de los bienes jurídicos fundamentales para la pacífica convivencia, la inamovilidad y, por tanto, la independencia de los jueces, resultan ineludibles para el cabal reconocimiento y debida protección de los derechos humanos», continúan.
Finalmente, concluyen declarando que «por las razones expuestas, en uso de nuestra libertad de expresión y como exministros y exministras de la Corte Suprema, apoyados en nuestro conocimiento y experiencia dilatada en las materias inherentes a la judicatura, manifestamos nuestra plena concordancia con la declaración referida».
