PAÍS
El Ejecutivo requiere recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB para financiar los proyectos anunciados en la Cuenta Pública y luego refrendados en cadena nacional por el Mandatario. Sin esa fuente adicional de recursos, será imposible financiar los planes gubernamentales orientados a mitigar las diversas crisis sectoriales, así como las problemáticas más profundas que afectan al país, situación que –según expertos– también debería ser de interés para el empresariado, en caso de que sus líderes prefieran evitar un empeoramiento del clima social. Mientras los parlamentarios oficialistas apuntan a la situación general del país como razón suficiente para apoyar este paquete de ajustes, voces de la oposición insisten en introducir los clásicos instrumentos de la ortodoxia liberal. En tanto, los economistas estiman que la iniciativa es necesaria, dada la peligrosa efervescencia que se advierte en las calles, aunque difieren en cuanto a la profundidad y gradualidad de las propuestas, al tiempo que los analistas políticos creen que esta arriesgada apuesta presidencial tiene el valor estratégico de instalar temas de discusión capaces de perjudicar severamente la opción del Rechazo. «Esta estrategia incomoda a ese mundo, porque van a ser expuestos como un sector que se opone a los cambios”, sostienen, lo cual resulta corrosivo para una narrativa centrada hace más de un año en la idea de «rechazar para reformar».
“Tenemos claro que un nuevo pacto social requiere un nuevo pacto fiscal. Durante las próximas semanas presentaré ante el Congreso una reforma tributaria. Este es un paso fundamental porque servirá para financiar las reformas de fondo que hemos comprometido”, dijo el Presidente Gabriel Boric, en cadena nacional transmitida anoche por radio y televisión a las 21:00 horas, oportunidad en la que comunicó a la ciudadanía su decisión de enviar al Congreso un paquete con diversos ajustes tributarios para recaudar entre 4 y 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ya había adelantado durante su primera Cuenta Pública, desarrollada al mediodía del miércoles ante el Congreso Pleno.
De esa manera, el Mandatario ataba el porvenir de sus anuncios presidenciales al éxito de una reforma en una materia que siempre desgasta y polariza. Pero el Jefe de Estado –en opinión de los expertos– asumió con transparencia la necesidad de acometer la tarea, mostrándose consciente de las necesidades más apremiantes de la población en un escenario de pandemia, así como de las carencias crónicas de una sociedad que estalló en 2019. Y confía –creen los analistas– en que los empresarios tienen claro que su fracaso supone una bomba de racimo capaz de alcanzarlos también a ellos, por lo que este «pacto tributario» bien parece comportarse como un llamado a la sensatez para las élites económicas.
“Solo las sociedades que han sido capaces de generar un pacto fiscal solidario –en donde quienes ganan más, aportan más– han sido capaces de conquistar la prosperidad y el desarrollo, que no es otra cosa que el cuidado y la protección de cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Esta reforma no será en contra de nadie, sino a favor de Chile, y esperamos contar con su apoyo para poder llevarla adelante”, agregó el Presidente, quien decidió emprender esta difícil misión, pese a que todas las encuestas lo muestran con crecientes niveles de desaprobación.
Así las cosas, todo cumplimiento de su programa dependerá de esa reforma. Y así lo confirmaron varios de los ministros que acompañaron al Primer Mandatario al Congreso Nacional, entre ellos, Carlos Montes, titular de Vivienda y Urbanismo, en cuyos hombros pesa la misión de construir 260 mil viviendas a 2026, a fin de mitigar la severa crisis habitacional que afecta al país, un déficit que se empina por sobre las 650 mil unidades y que amenaza –como él mismo lo reconoció a El Mostrador– con desembocar en un nuevo estallido social.
Ni hablar de las acuciantes necesidades en seguridad pública, salud (incluyendo la mental), educación, en infraestructura y conectividad; o bien respecto del nuevo trato que pretende impulsar con los pueblos originarios. Solo los anuncios más contingentes realizados por el Mandatario en materias como seguridad pública, derechos sociales y desarrollo inclusivo requieren de una inversión de $708.100 millones. Políticas como la condonación del CAE y la restitución de tierras a comunidades indígenas, tienen un orden de magnitud mucho mayor. De hecho, la condonación del CAE demandaría una inversión de US$10.200 millones, según Acción Educar. Pero, todas ellas son materias que implican un alto costo fiscal, aunque al mismo tiempo brindan la inigualable oportunidad de pacificar a un país y revertir el clima de desaprobación que muestran las encuestas.
Para lograr financiar su programa, el Gobierno –y especialmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel– ha fijado la mira en tres aspectos: combatir fenómenos como la elusión y la evasión tributarias, donde se auguran cambios en la figura de la “renta presunta”; aplicar nuevas exacciones a las altas rentas y patrimonios, de tal modo de avanzar hacia un sistema tributario progresivo; y, finalmente, aplicar un aumento al royalty minero, materia en la que habría gestiones bastante avanzadas en el Senado, algunos de cuyos integrantes fueron claves para conjurar la amenaza de nacionalización que surgió desde la Convención Constitucional. Otro tanto dice con la aplicación de los “impuestos verdes”.
¿Un anuncio testimonial? Para nada, coinciden los analistas y expertos consultados por este medio, toda vez que la idea de impulsar tales ajustes tributarios se da en un contexto atípico, de mucha crisis y convulsión, y aquello podría favorecer el avance de estas iniciativas. Pero no solo eso, pues los analistas consultados creen que el solo hecho de instalar una conversación con temas como “justicia tributaria” y “derechos sociales”, bien puede beneficiar a la opción del Apruebo en el plebiscito de salida fijado para el próximo 4 de septiembre.
Sin embargo, nadie conoce en detalle los proyectos de ley que se enviarán de forma separada al Congreso. Y así lo reconoció quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el socialista Jaime Naranjo.
“Hasta el momento solo hemos escuchado pincelazos por parte del Presidente y por parte del ministro (de Hacienda, Mario Marcel), en el sentido de que hoy en día, como en el Senado hay un proyecto sobre el royalty minero, el cual va a seguir su curso de manera independiente de la reforma tributaria, que va a ingresar por la Cámara de Diputados y que vamos a ver en la Comisión de Hacienda (…), y donde esa reforma tributaria tendría todos los ingredientes que ha expresado el ministro y el Presidente Boric, tanto en términos de gravar el patrimonio de las personas, como también algunos impuestos verdes para contribuir y ayudar al cambio climático”, detalló el diputado Naranjo.
¿Representa esta reforma tributaria una ventana de oportunidad para el Presidente? “Es una necesidad, es una cosa práctica e inevitable que esté en el primer orden de las jerarquías”, declaró el diputado liberal Vlado Mirosevic, quien recordó que “el Estado está con pocos recursos” producto de la pandemia, y que las necesidades insatisfechas de la población pueden estallarnos en cualquier minuto, añadió.
El analista político y académico Marco Moreno, por su parte, señaló que la apuesta del Presidente Boric es del todo comprensible, ya que “responde a esta idea de que la política exige hacer ofertas para sumar apoyos, y de alguna manera lo que hizo el Presidente es hacer un conjunto de propuestas –sobre cien iniciativas–, anuncia resultados respecto a esas propuestas, y su gestión va a ser evaluada por ello”.
Y agregó Moreno: “Se requiere financiamiento para hacer todo lo que planteó, y esos recursos hay que sacarlos de alguna parte y la manera de hacerlo es con este proyecto que busca poder ordenar el tema tributario, después de la reforma de Michelle Bachelet, sobre la cual todo el mundo coincide en que no fue una buena reforma, y se hizo al principio de su segunda gestión”.
“Necesitamos hacer este nuevo pacto tributario, así como impulsamos un gran acuerdo en cuanto al sueldo mínimo”, recalcó el diputado Mirosevic, quien llamó al empresariado a recordar lo que vivimos a partir del 18 de octubre de 2019, rescoldo que aún está lejos de apagarse.
“El Presidente está convocando a un gran pacto tributario, que es el inicio de un nuevo pacto social junto con la nueva Constitución”, agregó. La idea del “pacto tributario” no incomoda, por ahora, a los parlamentarios de oposición, pero obviamente genera dudas la orientación que el Presidente Boric quiera darle. Felipe Kast (Evópoli), integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, aseguró que tal pacto quizás serviría para dar mayor certeza jurídica, “porque ya nos ocurrió una vez, que hicieron una reforma tributaria (durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet) y se recaudó la mitad de lo que se tenía estimado, porque el crecimiento económico se vio reducido”, precisó.
Sin embargo, Kast apostó por un pacto “pro inversión, pro crecimiento económico y pro recaudación, porque si no hay crecimiento económico, no hay recaudación. Esa discusión, que es más larga, yo esperaba tenerla con el ministro (Mario) Marcel y desgraciadamente hasta el momento no hemos tenido ninguna señal de diálogo prelegislativo con el titular de Hacienda. Por el contrario, han iniciado una serie de conversaciones entre ellos mismos”, declaró, marcando las claras e irreconciliables miradas que pesan sobre una materia donde cuesta equilibrar crecimiento y redistribución.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, María Cecilia Cifuentes, estimó que es necesario esperar a ver estos proyectos de reforma antes de elaborar un análisis más pormenorizado, aunque alertó sobre las complicaciones que experimenta la economía chilena, en especial respecto de la inflación, por lo que proyectos demasiado ambiciosos podrían ser contraproducentes para el crecimiento y, en definitiva, para la misma recaudación que el Gobierno pretende incrementar.
“Me preocupa la falta de certeza jurídica. Lo importante es que los inversionistas sepan cuáles son las reglas del juego, porque hasta aquí las promesas hechas, con motivo de otras reformas, no se han cumplido en nada. Pienso que lo mejor sería tomarnos más tiempo para llegar a una reforma de consenso”, añadió Cifuentes.
El senador Daniel Núñez (PC), integrante también de la Comisión de Hacienda del Senado, pidió evitar los excesos ideológicos y atender con todo pragmatismo los problemas que, de no ser debidamente resueltos, pueden generar un cuadro de inestabilidad tal, capaz de arruinar por completo el clima de negocios.
“Es fundamental (la reforma) para generar los recursos permanentes para hacer mejoras dignas: para mejorar la salud pública y todas las materias que se han acumulado, como por ejemplo el tema de la vivienda. Es lo responsable y serio”, destacó el senador Núñez, recordando además que la pandemia no solo se ensañó con los más desfavorecidos, sino que implicó una ampliación desmedida de los beneficios a las personas con mayores recursos.
Por cierto, según la última encuesta Casen, la pobreza en Chile pasó desde un 8,6% en 2017 a un 10,8% en 2020, lo que significa que hoy tenemos aproximadamente 2,1 millones de personas que se encuentran bajo esta línea. El mismo sondeo, aplicado en medio de la pandemia, arrojó que la brecha de ingresos entre el 10% con mayores ingresos y el 10% más pobre es la de mayor tamaño que jamás se haya visto en Chile.
“Me parecen medidas pertinentes”, declaró el economista y académico Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, quien se mostró a favor de realizar estos ajustes, “pero sin dañar los incentivos a la inversión”. Sin embargo, Montero puso el acento en un aspecto del que nadie habla mucho: las débiles herramientas intrusivas que tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) para cumplir con la fiscalización de los patrimonios más altos.
“Se requiere potenciar fuertemente el rol fiscalizador del SII, dotarlo de más herramientas y mejorar los niveles de productividad desde el punto de vista de detectar este tipo de situaciones que, ojo, ponen a prueba a los equipos fiscalizadores no solo en Chile, sino de países en el mundo entero”, puntualizó, no sin antes expresar sus dudas ante la posibilidad de lograr un diseño eficiente para “gravar a las rentas altas, algo que es complejo, ya que estos patrimonios cuentan con más herramientas para sortear esa mayor carga tributaria”, afirmó.
“Una cosa es anunciar los ejes, pero tenemos que ver la profundidad de los cambios que se proponen”, señaló el economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien –con aprendida desconfianza– aclaró que “no es lo mismo un royalty minero con bajo porcentaje de recaudación, a uno que pueda gravar la venta y la explotación con un porcentaje similar al que fue aprobado en el último proyecto de ley tramitado en la Cámara de Diputados ( se aprobó un 3% a las ventas, no a las utilidades), pero ese proyecto de ley se estancó y fue desnaturalizado en el Senado. En elusión y evasión del IVA y del impuesto a la renta, hay 7 puntos del PIB, y la idea es reducir aquello en 2 o 3 puntos. En fin, veremos cuáles son esas herramientas”.
“Es importante ver cuáles son los dientes que afila el Servicio de Impuestos Internos”, agregó Kremerman, quien sugirió que, en materia de elusión y evasión a la Ley sobre Impuesto a la Renta, se puede aumentar la tasa marginal del impuesto global complementario o, bien, desintegrar por completo el sistema tributario, “lo que permite que dos tercios de los impuestos que pagan las empresas sean descontados por los dueños de esas empresas cuando pagan impuestos en calidad personas naturales”.
Asimismo, el economista invitó al Gobierno a fijar la mirada en los “impuestos patrimoniales propiamente tales para las riquezas superiores a los 5 o 10 millones de dólares. Está por verse cuál es el guarismo y cómo determinarán el patrimonio financiero. Lo más importante es conocer esas herramientas. Solo ahí podríamos decir, efectivamente, si podremos recaudar esos 4 o 5 puntos que quiere recaudar el Gobierno”.
¿Hay margen para recaudar más? Kremerman respondió: “El margen es muy amplio, dada la naturaleza anómala del sistema tributario chileno”.
Por cierto: el anuncio presidencial ayudó a visibilizar el eterno debate en materia de impuestos, discusión que se encuentra en el núcleo de las diferencias ideológicas entre derechas e izquierdas en todos los lugares del mundo. En esto, la derecha en el Congreso se mostró más ortodoxa, toda vez que insistió en poner más énfasis en los ajustes presupuestarios y en la eficiencia del gasto por sobre la aplicación de nuevos gravámenes.
“Claramente acá, para financiar distintas medidas, hay básicamente tres caminos: uno es el crecimiento económico; el segundo es cambiar los parámetros de una reforma tributaria; y el tercero es hacer más eficiente el Estado. Y desgraciadamente no vimos ningún anuncio de modernización del Estado, por lo tanto, creo que, así como se les quiere pedir a las personas que paguen más impuestos, creo que también el Estado tiene que poner de su parte y hacer más eficiente el uso del mismo”, declaró el senador Kast, de profesión economista.
Y agregó: “Peor aún, en vez de reducir el número de ministerios, se planteó la creación de dos ministerios, lo que creo que es extremadamente preocupante. Al menos de nuestra parte, si es que no va de la mano con una reducción de la burocracia, va a ser muy difícil que estemos disponibles a avanzar en esa línea”, aseguró.
Pero su par comunista, Daniel Núñez, adelantó tácitamente para El Mostrador lo que será el tenor de la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado: “Hay un amplio consenso en cuanto a que los sectores más altos de Chile, los más ricos, eluden el pago de impuestos a través de diversas triquiñuelas, como por ejemplo poner su fortuna y hacer operaciones de compra y venta de activos en paraísos fiscales. Es necesario poner atajo a eso y, también, gravar a los superricos y aplicar un royalty (a la minería). Todo lo anterior es clave y contará con todo el apoyo del Partido Comunista”, añadió.
La académica María Cecilia Cifuentes, en cambio, pidió que los proyectos tributarios apunten fundamentalmente a las plataformas digitales. “Las medidas contra la elusión y evasión suelen concentrarse en los sectores de altos ingresos, pero este es un problema bastante generalizado y creciente… Por ejemplo, tenemos el tema de las plataformas digitales donde hay mucha informalidad, donde además podemos ver negocios que compiten deslealmente con las empresas de bienes y servicios formales”, declaró.
“No son sectores vulnerables, sino que son sectores medios”, agregó Cifuentes.
Uno de los primeros en reaccionar al anuncio presidencial de impulsar este nuevo “pacto tributario” fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien expresó cierta decepción: “Pensé que iba a significar un periodo de diálogo prelegislativo más profundo. Y lo que se está planteando es que esta reforma tributaria va al Congreso este mes”.
Asimismo, y sin cerrar la puerta a nuevos compromisos en materia fiscal, Sutil pidió un poco más de diálogo al Gobierno, a efectos de “tener una base de diagnóstico común, de determinar qué es lo que el país puede absorber, cuáles son las brechas, y avanzar en aquello”, dijo.
El diputado Vlado Mirosevic, sin embargo, se manifestó confiado en que el empresariado comprenderá la gravedad de la situación. “Yo creo que hay disposición, a juzgar por lo que han venido diciendo los sectores empresariales luego del estallido social, en orden a que entienden la necesidad de una nueva convivencia y eso se realiza, sí o sí, con más derechos sociales”.
“Esta es una discusión clásica de economía política”, afirmó por su parte el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. “El problema es que muy probablemente veremos un escenario de trincheras, con una élite y unos grupos económicos que se acostumbraron a ganarlo todo, que se acostumbraron a ir por todo. De hecho, cuesta ver un sistema en el mundo donde, después de 25 años, se recaude lo mismo en relación al PIB, que es lo que pasa en Chile”, subrayó.
Pero en política las iniciativas no se miden solo en cuanto a mérito y diseño, sino también respecto de la oportunidad en que se presentan. Y en ese sentido, destacados analistas de la plaza coinciden en que estos ajustes tributarios que integran el paquete de reforma contribuyen a exponer a dos sectores que se muestran mayormente inclinados por la opción del Rechazo: la derecha y los empresarios. La razón es sencilla, según los expertos: ambos podrían mostrarse contrarios a los cambios que requiere el país, lo que desmentiría su verdadera voluntad de transformar algunas de esas estructuras que inciden en la desigualdad que expresan las estadísticas y que tienen al país en un proceso constituyente.
Pero las cosas se enredaron aún más para la derecha y los empresarios, toda vez que, planificado o no –aun cuando los analistas consultados son claros en afirmar que en política nada es tan casual–, el propio Presidente anunció que el proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones será enviado en agosto, a menos de un mes del plebiscito de salida. En suma, los analistas consultados creen que nos pasaremos buena parte de esos días de campaña hablando de seguridad social, campo en el que las pensiones ocupan un lugar central y en el que tanto la derecha como el empresariado suelen enredarse.
“Todo esto tiene una connotación bastante estratégica”, sostuvo Rodrigo Espinoza, doctor en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad Diego Portales. “Es estratégico, porque introduce el tema de la reforma tributaria en plena campaña. Y todos sabemos que este Gobierno esta comprometido en acompañar el proceso constituyente y está firme con la opción del Apruebo”, puntualizó.
No hay dudas de que esta discusión enturbiará las opciones del Rechazo y que la estrategia de La Moneda apunta a identificar a la derecha –que se verá tentada a oponerse a estos cambios que van en beneficio de la ciudadanía– con la opción del Rechazo. “Sin duda”, responde tajante el académico y analista político Tomás Duval, ligado a Renovación Nacional. “El Presidente envía una señal política en cuanto a que es una reforma tributaria parcializada, pero en plena campaña por el plebiscito coloca el énfasis en los derechos sociales, y qué mejor que la reforma de pensiones, materia en la que deberá construir mayorías, considerando que no tiene mayorías en el Congreso”, planteó.
Espinoza, en tanto, aseveró que es esperable que “congresistas, alcaldes y concejales se desplegarán por el territorio ofertando el paquete completo de políticas públicas y una Constitución, y para que hagamos valer el tránsito de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho con principio de responsabilidad fiscal. Esta estrategia incomoda al mundo del Rechazo, porque van a ser expuestos como un sector que se opone a los cambios”.
Lo bueno para la derecha y el mundo del Rechazo es que, recordó Duval, el propio Mandatario les sacó un problema de encima en cuanto a la reforma de pensiones, ya que “despejó el punto de los ahorros previsionales, dando seguridades de que no los va a tocar”, aunque la discusión resultará dura e intensa en cuanto a otros aspectos en juego, como las cotizaciones futuras y los grados de solidaridad que requiere un sistema de pensiones para funcionar correctamente. Y agregó Tomás Duval: “La gran disputa es la reforma tributaria. Ahí se dará una pelea muy dura por la cantidad de intereses que hay involucrados”.
Pero Marco Kremerman difiere de esa mirada: “Hay sectores empresariales que muestran cierta apertura a contribuir más, pero veremos que seguramente propondrán instrumentos que son más proclives al proceso de acumulación”, sostuvo el economista de Fundación Sol, quien lanzó una advertencia: “Chile está en un escenario anormal. Si Chile no hace cambios para normalizar su régimen tributario, no podrá salir del pantano en que se encuentra, y pasaremos de crisis social en crisis social, y de crisis política en crisis política”, sostuvo.
