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Los ministros integrantes del máximo tribunal del país sorprendieron a los presentes al nombrar a dos postulantes que no estaban en los cálculos de nadie, entre los que destaca la figura de Ángel Valencia Vásquez, un abogado con generosos contactos en ambos lados del arco político, quien obtuvo 17 preferencias. Cercano a Alberto Espina y Álvaro Elizalde, con apoyos de Carolina Tohá y Felipe Harboe, Valencia “se le metió por los palos” a José Morales, titular de la Fiscalía Centro Norte, quien obtuvo igual cantidad de votos. Los otros aspirantes que completarán la quina son Marta Herrera (9 preferencias), Carlos Palma (7) y Rodrigo Ríos (3). En tanto, el lobby político ya está desatado, en un proceso que se encuentra muy lejos de abandonar las viejas prácticas que han contribuido a afectar la imagen del Ministerio Público.
Cinco nombres en la papeleta, con cinco enfoques de persecución criminal distintos o, al menos, con matices entre sí. Y esto, pese a que sus diagnósticos son coincidentes respecto de la profundidad de la crisis de legitimidad que afecta al Ministerio Público. Son cinco abogados que, de ahora en más, serán puestos bajo la lupa de La Moneda para ofrecerle al Senado a la persona que, en teoría, ha de sacar a la institución del marasmo en que se encuentra tras siete años de gestión de Jorge Abbott, cuya elección supuso un golpe demoledor para un organismo que resulta clave para afrontar los grandes desafíos en seguridad pública.
Luego de una maratónica jornada en que los diecisiete aspirantes a Fiscal Nacional dieron a conocer sus credenciales y prioridades, el Pleno de la Corte Suprema sorprendió con dos nominaciones que no estaban en los cálculos de nadie –o de pocos–. Ángel Valencia y Rodrigo Ríos. El primero, sin lugar a dudas, quedó en la pole position gracias a una extensa red de vínculos con el mundo político, que van desde el exministro del segundo mandato de Sebastián Piñera, Alberto Espina (RN), al excanciller Heraldo Muñoz (PPD), o la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).
Ángel Valencia Vásquez es un exfiscal muy vinculado a figuras de ambos lados del espectro político. Por de pronto, se desempeñó por un breve tiempo en la Fiscalía para irse a trabajar en el estudio Espina, Zepeda & Acosta, firma que lideraba el exministro de Defensa y exparlamentario Alberto Espina Otero (RN), hoy integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como el abogado experto en derecho comercial Carlos Zepeda Hernández, ya fallecido. Es un hombre de contactos «ecuménicos», pues representó a Heraldo Muñoz contra el diario electrónico El Líbero, por la publicación de una entrevista a un ignoto periodista, individualizado como Casto Ocando, que lo acusó en 2021 (a él y a Mario Desbordes) de poseer cuentas secretas en el exterior. Ángel Valencia es un amigo muy cercano del presidente del Senado, el PS Álvaro Elizalde, sin mencionar un dato curioso en su currículum: se desempeñó como secretario ejecutivo de la ANFP entre 2016 y 2018.
El “tapado” asumió en su minuto la defensa del expresidente de RN Mario Desbordes, cuando este, en calidad de ministro de Defensa, fue querellado por una víctima de trauma ocular en el contexto del estallido social. El abogado litigante también representó al economista Rafael Garay por la estafa piramidal que cometió a través de su fondo de inversión Capital Development, ocasión en que denunció por amenazas al periodista Iván Núñez, una de las víctimas del mediático ingeniero comercial. Que la vida ofrece giros llenos de ironía, qué duda cabe, pues Valencia sumió la defensa del economista, quien fue condenado por José Morales, su gran adversario en la etapa que viene. Asimismo, en el ambiente se destaca su cercanía con el exfiscal Manuel Guerra y el exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas.
También asumió la defensa de Bruno Villalobos, exgeneral director de Carabineros, a quien se le abrió una causa por malversación de caudales públicos; además de Luis Barría, el exjuez del Tribunal de Garantía de Rancagua, quien fue procesado por abuso sexual en contra de una funcionaria judicial.
Valencia fue la gran sorpresa de la jornada, pues su posicionamiento como primera mayoría, junto al titular de la Fiscalía Centro Norte, José Morales (ambos con 17 preferencias), sugiere la posibilidad de que la derecha haya preferido pasar de Morales para depositar sus esperanzas en Valencia. Asimismo, el abogado contaría con el beneplácito de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de otro influyente en el mundo heredero del concertacionismo: Felipe Harboe.
Menos espaldas tendría el abogado penalista y exfiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Rodrigo Ríos Álvarez, quien llegó último a la papeleta que irá a La Moneda, al sumar tres votos. Ninguno de los dos ofreció declaraciones a los medios de comunicación.
En tanto, el fiscal José Morales agradeció los apoyos recibidos, si bien la alta votación obtenida por Valencia puede afectar sus chances en lo que resta del proceso. “Es un honor que ellos hayan optado de forma mayoritaria por mí para integrar la quina, y nada más que decir. La verdad es que tenemos un programa, tenemos ideas para presentar al Ministerio Público, y contribuya de mejor forma a la seguridad ciudadana”.
Asimismo, señaló que el hecho de haber obtenido una de las dos primeras mayorías en ningún caso constituye un plus de cara al hito que se viene: la elección del(la) candidato(a) por parte de La Moneda, el que luego deberá ser ratificado en el Senado. Quizás ya está al tanto de un dato de trivia pero no menor: nunca, en la historia de la reforma, alguien con una primera mayoría ha logrado ser ungido como Fiscal Nacional. En 2007, sin ir más lejos, Sabas Chahuán fue elegido por la ex Presidenta Michelle Bachelet siendo tercera mayoría. En 2015, la misma Bachelet eligió a Abbott, que era el cuarto de la lista.
Entre quienes escucharon atentamente las exposiciones, se encontraba una figura que será clave en la última fase del proceso: la senadora UDI por Tarapacá y vicepresidenta de la Cámara Alta, Luz Ebensperger. La integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no pasó inadvertida y su visita fue vista al menos como una situación irregular, en el límite de lo inapropiado, dado que el rol como senadora lo ejerce con la propuesta del Presidente y no antes. Varios observadores del proceso, en reserva comentaron que su participación más bien parecía una acción de lobby, más cuando estaba acompañada por Héctor Mery, brazo derecho del exministro de Justicia en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín.
“Veremos cuál es el mejor candidato para resolver esa situación, una tarea que necesita liderazgo y decisión”, señaló la senadora, reconociendo lo que otros expertos ya habían adelantado a El Mostrador: la existencia de un lobby desatado. “Yo estoy acá para evitar lobbies, a los que piden reuniones, ahora con la quina seguro será peor. Mi decisión republicana fue venir acá para conocer a los aspirantes y así no tener que recibir a nadie por lobby. Es bueno venir acá en aras de la transparencia”, añadió.
En esa línea, la parlamentaria dejó entrever que los votos favorables al candidato que escoja el Gobierno estarán disponibles en la medida que diseñe una estrategia clara sobre un problema que, a su juicio, “uno veía en México o Colombia, o en las películas, pero que ya están en Chile, lamentablemente, por mucho que los fiscales de mi región se esfuercen. Pero ellos están solos”, sostuvo la militante UDI, mientras al mismo tiempo hacía gestiones uno de sus correligionarios, el señalado Héctor Mery.
Marta Herrera es la única mujer en la quina de candidatos. Obtuvo 9 votos, y aunque muchos la identifican con Jorge Abbott, la actual directora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional tiene dos elementos a su favor: es mujer, un detalle nada baladí para un Gobierno que se declara “feminista”; y posee una dilatada trayectoria en la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, uno de los temas que urge combatir, al igual que el crimen organizado, por cuanto ambos suelen intersecarse en algún punto. Pero hay un candidato que puede aguar su empeño por convertirse en la primera mujer Fiscal Nacional: el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, quien obtuvo 7 preferencias. Se trata de un abogado muy bien valorado por el oficialismo, dada su determinación para llevar adelante –y obtener condenas– en el caso Operación Huracán. Es, sin duda, el candidato del progresismo, pero tiene un problema: su nombre sería muy resistido en círculos más conservadores de la Cámara Alta.
Herrera reconoció que hay asignaturas pendientes en lo que respecta a la transparencia institucional, lo que está en la base de los problemas que enfrenta el Ministerio Público en sus dos décadas de historia. Tras conocer del resultado, agradeció la confianza de los ministros que integran el máximo tribunal del país y comprometió sus esfuerzos tendientes a recomponer la confianza de la ciudadanía.
“Me tiene muy esperanzada, con muchas ganas por todos los años que llevo en la institución, por todo el amor que siento por la Fiscalía, por el sistema, y por lo tanto me siento muy contenta y emocionada en este momento”, se limitó a decir la abogada.
Palma, en cambio, deslizó un compromiso con una persecución penal más efectiva, una que debe ser “el motor central del nuevo periodo, (pues) Chile necesita una persecución penal eficiente y hoy estamos lejos de aquello”, señaló. “Tenemos un 55% de archivo (de causas) a nivel nacional, y en la (Región) Metropolitana un 69%. Lejos estamos de tener un sistema eficiente”, puntualizó, aclarando desde ya que su sello será el trabajo coordinado con todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública, que es lo que ha cultivado a lo largo de su carrera como persecutor.
“Hay una forma de trabajar que creo que es muy importante, que es el trabajo mancomunado, el trabajo con todos los equipos, con las instituciones, que permite provocar el cambio. Lo comprobamos en (la Región del) Bíobío, en Aysén, y, por supuesto, hay muchas particularidades en la Región Metropolitana, en el norte con el crimen organizado, pero actuando en conjunto el problema se puede abordar de mejor forma”, aseveró Palma.
Las diecisiete exposiciones convergieron en un diagnóstico macro con diversas aristas: el Ministerio Público está en crisis al igual que el resto de la instituciones, del mismo modo que su falta de transparencia y eficacia en la persecución penal, así como la ausencia de una estrategia clara para combatir el crimen organizado con todas sus particularidades territoriales –desde el robo de la madera en el sur hasta los delitos asociados al descontrol migratorio en el norte, por citar dos ejemplos–, han contribuido a minar la fe pública en la labor del órgano persecutor.
Algunos aspirantes aprovecharon su oportunidad para proponer medidas poco ortodoxas, algunas francamente excéntricas, como las que llegó a plantear Iván Pavlov, quien llamó a involucrar a la ciudadanía en la lucha contra el delito. ¿Cómo? Pues, a partir de acciones concretas frente a delitos ya consolidados como la encerrona y el portonazo. ¿Qué acciones? Una era incentivar a las personas a instalar dispositivos de GPS en los vehículos, y “no uno, sino dos”, o bien sistemas de “cortacorriente”. “Nadie ha dicho una palabra de educación”, sostuvo, en referencia a las exposiciones que le precedieron. Ricardo Peña, en cambio, no tuvo empacho en criticar a los fiscales afectos a la exposición pública y en cuestionar la dudosa calidad del trabajo investigativo.
Otros dos asuntos presentes en las exposiciones fueron la necesidad de generar un accountability más activo y, en consonancia con los acelerados cambios culturales que experimenta la sociedad chilena, introducir diversas perspectivas para mejorar la persecución criminal, como la perspectiva territorial y la perspectiva de género. Singularmente lacerante fue la intervención de Cristián Vargas, exsubdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien expresó que “uno de los aspectos más graves de la deslegitimación de la persecución penal no es neutral”, sino que es “susceptible de ser controlada desde ciertos grupos políticos, económicos o sociales, y esto ha ocurrido en casos paradigmáticos de delitos tributarios y económicos”.
En tanto, el lobby político ya está desatado, en un proceso que se encuentra muy lejos de abandonar las viejas prácticas que han contribuido a afectar la imagen del Ministerio Público.
