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Caso Kayser: informe de la PDI constata que una de las víctimas fue quemada post mortem y acusa «desorden» del fiscal José Morales PAÍS Crédito: Agencia Uno

Caso Kayser: informe de la PDI constata que una de las víctimas fue quemada post mortem y acusa «desorden» del fiscal José Morales

Héctor Cossio López
Por : Héctor Cossio López Editor General de El Mostrador
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El informe de la PDI señala que el persecutor demoró meses en entregar la carpeta del caso a la policía y que debido al desorden de la misma se «comunicó dicha inquietud al Ministerio Público». La institución pudo acceder a la capeta recién el 30 de septiembre del 2021, a seis meses de despachada la orden de investigar. En el mismo informe, al que tuvo acceso El Mostrador, se da cuenta que en el caso de la víctima Yohua Patricio Osorio Arias, las quemaduras por acción de las llamas en el incendio de la fábrica y que presentó el cuerpo en el tórax, fueron post portem, vale decir después de muerto, por lo que recomiendan la exhumación del cadáver.


Un informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la Policía de Investigaciones (PDI) por el Caso Kayser -consistente en la muerte de cinco personas al interior de la fábrica de textiles de la empresa Kayser, tras un incendio ocurrido el domingo 20 de octubre de 2019 en Renca en el marco del estallido social- reveló demoras del fiscal José Morales, candidato a Fiscal Nacional, para entregar la carpeta investigativa del caso.

De acuerdo a Interferencia, el informe de la PDI señala que el persecutor se demoró meses en entregar la carpeta del caso a la policía. En efecto, el informe preliminar, el que también se encuentra en poder de El Mostrador, señala que “se hace presente que a la revisión de los antecedentes y conforme a la escasez de información que se mantenía en el Tomo N° 01 de la presente causa y al desorden de la misma, el oficial del caso comunicó dicha inquietud al Ministerio Publico oportunamente”, indica el documento.

La PDI pudo acceder a la capeta el 30 de septiembre del 2021, a seis meses de despachada la orden de investigar. El documento está dividido en tres tomos de más de 1.500 páginas.

Por su parte, el fiscal Morales desmintió a Interferencia la demora en entregar la carpeta investigativa.  “Sería absurdo que la PDI se hubiese demorado seis meses en pedir y conseguir los antecedentes”, dijo al citado medio.

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Solicitud de exhumaciones

El informe de la PDI descartaría la participación de agentes del Estado en el fallecimiento de Yoshua Osorio (17 años), Andrés Ponce (38), Luis Antonio Salas (47), Julián Pérez (51) y Manuel Muga (59). Pero junto con ello y de acuerdo a la segunda «ampliación de informe de autopsia N° 3315-2019 de Andrés Felipe Ponce Ponce», esta da respuesta a lo no informado en la primera autopsia y complementa lo indicado en la segunda. «A nivel del muslo izquierdo se evidencia la presencia de aproximadamente 07 elementos radioopaca de morfología similar entre sí, correspondiendo – como se expresó en informe de ampliación de autopsia del 06.11.2019 con alta probabilidad a fragmentos de un/unos objeto(s) metálico(s) que pudo haberse depositado por las altas temperaturas producto del incendio, sobre la piel del muslo de la víctima.

Para esclarecer el detalle de esas lesiones, la Brigada de Derechos Humanos hace presente en el preinforme que solicitará la exhumación del cuerpo de Ponce.

La misma diligencia la pedirá también en el caso de Patricio Osorio Arias. Tras el examen de los antecedentes, la policía llega a la conclusión que las quemaduras en el tórax, producto de las llamas, serían posteriores a su muerte, por lo que también pedirán la exhumación del cadáver.

«Cabe señalar que de acuerdo a lo observado en las áreas descritas en tórax como soluciones de continuidad, están determinadas por efecto de calor en el lugar de incendio, siendo posteriores a la muerte de este individuo (alteraciones post mortem)», dice el documento.

Detalles de los hechos

De acuerdo al informe policial, concurrieron a la bodega Kayser un total de 28 carros de bomberos de diferentes compañías de la Región Metropolitana, lo que se traduce en un total de 446 (cuatrocientos cuarenta y seis) voluntarios,  los que se encuentran identificados en su totalidad.

Se produjeron, además, un total de 9.867 (nueve mil ochocientas sesenta y siete) comunicaciones radiales, distribuidas en Central GAMA, Occidente, Anexos 13591, 13592 y 23544

Uno de los testigos de apellidos Marinovic Santelices, guardia de seguridad de la empresa Siglos spa., dio cuenta de cómo se dio inicio al saqueo de la empresa y posterior incendio, detallando «la agresividad de quienes irrumpían en dicha empresa con la finalidad de sustraer todo aquello que les fuese posible desde el interior de las bodegas».

El informe también señala que se pudo determinar que uno de los dos Funcionarios de Carabineros que ingresaron al sitio del suceso procedió a grabar los cuerpos de las víctimas encontradas al interior de Kayser.

«El mencionado funcionario, a través de su declaración policial, manifestó haber grabado como una forma de tener un registro de lo ocurrido en el incendio y admitió haberlos realizado con su propio teléfono celular, archivo de video que compartió entre sus colegas de trabajo, también funcionarios de Carabineros y que lamentablemente este se viralizó en las redes sociales, llegando inclusive a ser transmitido en la Televisión venezolana como parte de uno de los tantos reportajes periodísticos que se han desarrollado en torno a este caso, este hito importante dentro de la investigación fue comunicado de forma inmediata por el oficial de caso al fiscal de la causa, continuando así las diligencias tendientes a esclarecer de forma fehaciente los hechos que se investigan en torno a la muerte de las cinco víctimas de este incendio».

Familiares acusan desidia del fiscal

María Román, viuda de Manuel Muga, uno de las víctimas del incendio, dijo al El Mostrador encontrarse en un estado de permanente confusión y angustia, tan propio de esa incertidumbre que se extiende ya no por días, sino por meses, debido a la falta de avances del Ministerio Público, «investigación cuya responsabilidad recae en el fiscal de la causa, José Morales».

María Román, acusa desidia, a ratos con negligencia, casi siempre indolencia de parte de los encargados no solo de investigar los delitos sino también de acoger a la víctimas. “Porque en el fondo está eso, ¿no? En el fondo nadie hace nada porque somos personas pobres. Y pasa y pasa el tiempo y no veo interés del señor fiscal Morales por llegar a la verdad. Parece que no somos prioridad para él, porque llevamos más de un año pidiendo diligencias y nada se mueve, y nosotros nos sentimos pésimo por eso”, sostiene.

Según el preinforme, para la confección del informe final se solicitó al Ministerio Público, la totalidad de los antecedentes relativos a la investigación, siendo así «que a la fecha se han recepcionado 03 tomos de más de 1.500 páginas, los cuales han sido motivo de estudio, análisis, desfragmentación e interpretación «.

 

 

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