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Créditos: Agencia Uno
La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue impulsada por dos diputadas del Partido Social Cristiano, quienes consideraron inapropiada la “Guía de sexualidad afectiva” publicada el 2017. Chile Vamos y Partido Republicano se subieron a la acusación durante la tarde del miércoles. En el Gobierno creen que esta podría fortalecer al titular del Mineduc, de la misma manera en que la interpelación terminó favoreciendo a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Fundación Selenna, una entidad de protección de niños, niñas y jóvenes transgénero, criticó la decisión y lamentó que “quienes están llevando este proceso no saben de lo que están hablando”.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se encontraba el martes en el Congreso cuando las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz (ambas del Partido Social Cristiano) anunciaron la acusación constitucional en su contra. La iniciativa se llevó a cabo a propósito de una “Guía de sexualidad afectiva” publicada el 2017 y que tenía unos ejercicios para niños de kínder que las parlamentarias consideraron peligrosos y ofensivos hacia los padres.
El ministro respondió rápidamente: “Estas son orientaciones que están establecidas en una circular desde el año 2017. Pasó el Gobierno de Sebastián Piñera, no hubo ningún tipo de reclamo al respecto y hoy día vienen y se hacen parte de una acusación”. Además, añadió: “Ante el anuncio de una interpelación, como ministro de Estado, estoy absolutamente disponible para poder responder todas las interrogantes relativas a este tema y a cualquier otro que tenga la cartera”.
Las parlamentarias afirmaron que Ávila estaba infringiendo la Constitución, “específicamente, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, según la diputada Muñoz. Además, argumentó que “se han estado creando instrumentos, donde tienen fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”, sostuvo.
Lo anterior, a raíz de la difusión de la señalada “Guía de sexualidad afectiva” que, en sus primeras versiones del 2017, incluía ejercicios para niños de kínder. En un artículo de El Mercurio se publicó que esta guía tenía actividades como: “Ubicarse mirando la espalda de su compañero y hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento”, con el fin de “reflexionar sobre los modelos de masculinidad y femineidad construidos a lo largo de la historia”.
Sin embargo, la Defensoría de la Niñez, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que “las actividades destacadas en la nota están en la guía del año 2017 y fueron eliminadas en las orientaciones 2023, desarrolladas por esta gestión y disponibles en la web ministerial”.
La acusación constitucional se generó de manera insospechada. El martes, a eso de las 10:30 horas, se hizo un punto de prensa en el Congreso en donde los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Camila Flores (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Stephan Shubert (Republicano) anunciaron que interpelarían al ministro Ávila para que dé cuenta de los avances de la agenda del ministerio. En particular, la educación sexual “ideologizada”, deserción escolar y Aula Segura.
Tras el anuncio, los diputados de oposición se retiraron del podio e, inmediatamente, las diputadas Muñoz y Concha se acercaron al punto de prensa para anunciar que harían una acusación constitucional.
Voces al interior de Chile Vamos aseguran que ese anuncio dejó un aire de confusión en el sector, dado que no estaban enterados de las intenciones de las diputadas del Comité Social Cristiano.
Tras el evento, Muñoz y Concha se fueron acercando poco a poco a los parlamentarios RN para pedirles su apoyo. En un momento se acercaron a las diputadas Camila Flores y Catalina del Real –ambas RN– para plantearles la idea. Ambas aceptaron enseguida, a pesar de que habían anunciado interpelación.
Como las parlamentarias del Comité Social Cristiano no forman parte de un conglomerado muy amplio, hubo dudas respecto a si iban a ser capaces de tener apoyo o no. Muñoz, en un encuentro casual por los pasillos del ex Congreso, habló con el secretario general de RN, Diego Schalper, y le pidió la firma.
Horas más tarde, Schalper habló a los medios de comunicación diciendo que apoyaría la iniciativa: “Hemos llegado a la conclusión en atención a que este ministro infringe el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, infringe la libertad que tienen las personas de poder escoger los modelos de sexualidad que estimen pertinentes para sus hijos, que está infringiendo esta Constitución y, por lo tanto, perfectamente es posible pensar en una acusación constitucional”.
El martes, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) aprovechó el almuerzo en el comedor del Congreso para discutir cómo abordarían las propuestas que estaban sobre la mesa: interpelar y recabar antecedentes o avanzar como oposición en la acusación constitucional. Por unanimidad, decidieron apoyar la acusación y fue el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, el encargado de generar los diálogos necesarios con los otros partidos de Chile Vamos.
La diputada Catalina del Real (RN) sinceró su preferencia por la segunda opción: “Finalmente la interpelación no tiene mayores resultados, porque es un tema que se expone en la Sala, pero no consigue ningún resultado concreto, o algún proyecto de resolución que no tiene mayor trascendencia”.
Hasta las 16:00 horas del miércoles, Chile Vamos aún no se decidía como bloque en relación con qué decisión iba a tomar. Desde la UDI había resistencia respecto a la acusación, dado que pensaban que era más prudente interpelar primero y así recabar antecedentes. Sin embargo, media hora más tarde, voces de la oposición confirmaron que acordaron privilegiar la acusación. Hasta el cierre de esta nota, la acusación constitucional estaría respaldada por Partido Republicano, Evópoli, RN, la UDI y el Partido Social Cristiano. Aún no se confirma, pero pretenden también sumar a parlamentarios independientes y del PDG.
El diputado Schalper sostiene que “lo que está en juego es de tal profundidad que una interpelación no sería suficiente”. Respecto a los argumentos que respaldan la acusación, señala que “es un ministro que no solamente a través del plan de educación sexual está infringiendo las garantías de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a sus hijos, sino que además está dejando sin ejecución varias leyes que tienen que ver con calidad, subvención de educación preescolar. Hay varias materias”, añade.
La diputada oficialista de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, advierte que el supuesto evento que levantó la interpelación y la acusación “nace desde una premisa falsa, porque lo que se está cuestionando no son las orientaciones que presentó esta administración, sino que las que son parte del Ministerio de Educación desde el año 2017, y que hasta ahora nunca habían sido cuestionadas”.
Yeomans espera que “se presenten fundamentos serios, porque, de lo contrario, da para pensar que aquí hay un intento por impulsar una agenda antiderechos, por entorpecer el trabajo del ministerio y empañar mañosamente la Cuenta Pública del Presidente Boric”.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD), vicepresidenta de la Cámara, argumenta que la acusación es parte de “la agenda conservadora que se está tratando de reinstalar en Chile desde hace mucho tiempo”. En tal sentido, hace un llamado a “entender que los tiempos cambiaron y ahora ya nadie cree que alguien esté sesgado o incapacitado de hacer su trabajo por su orientación sexual, así como también creo que los chilenos están conscientes de la necesidad de educar a los niñas, niños y adolescentes con una mirada más sana de las relaciones interpersonales y la sexualidad”.
Eve Silva, directora de la Escuela Amaranta y fundadora de Fundación Selenna, una entidad de protección de niños, niñas y jóvenes transgénero, afirma que “la acusación hacia el ministro es injusta, descontextualizada y quienes están llevando ese proceso no saben de lo que están hablando”.
“La guía de la que se ha hablado tanto muestra conceptos, consejos, orientaciones para educadores y profesores, y que las comunidades educativas sepan cómo llevar adelante las temáticas de diversidad sexual y de género”, sostiene Silva. Además, aclara que la única norma obligatoria “es la circular de estudiantes transgéneros que faculta los derechos básicos al nombre social, al uniforme según el género sentido, a la protección física y emocionalmente”.
