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Créditos: Agencia UNO (archivo).
El exjefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, enfrenta tres cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos. En ese contexto, la Fiscalía Metropolitana Sur pidió 10 años de cárcel y una multa de más de $300 millones. Entre los antecedentes que presentará el ente persecutor existen alrededor de 400 pruebas documentales, como estados de cuenta, comprobantes de transferencias, y las declaraciones de 59 testigos.
En el marco de la acusación contra el exalcalde de la comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, la Fiscalía Metropolitana Sur pide 10 años de cárcel y una multa de más de 300 millones. El exjefe comunal enfrenta cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.
En concreto, se apunta que el exedil sería autor del delito de enriquecimiento ilícito: su patrimonio habría aumentado en $268 millones de pesos entre enero de 2013 a septiembre de 2017, a raíz de tratos ilícitos con empresas que le habrían entregado recursos a cambio de licitaciones.
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En cuanto al delito de cohecho pasivo, se acusa que Aguilera aceptó dinero para omitir un acto propio de su cargo, por lo que habría recibido 13 millones de pesos por adjudicar un proyecto a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda.
Luego de tres años, Aguilera habría recibido nuevamente otros tres millones de pesos desde la misma compañía, que se adjudicó la elaboración de un plan comunal de prevención de seguridad.
Asimismo, respecto al cargo de lavado de activos, la acusación apunta a que el exjefe comunal, consciente del origen ilegal de los recursos, habría intentado ocultarlos o disimularlos, a través de movimientos bancarios y la compra de un domicilio en la comuna de La Reina, concretado con pago en efectivo.
Según consignó La Tercera, los persecutores Víctor Núñez y Leonardo Zamora cuentan con más de 400 pruebas documentales entre estados de cuenta y comprobantes de transferencias como antecedentes; y las declaraciones de más de 50 testigos.
Por cada uno de estos cargos, el Ministerio Público solicita diez años de presidio, el decomiso de la propiedad que adquirió, y multas que en total suman hasta $300 millones de pesos para el exmilitante del Partido Socialista, quien a la fecha se mantiene bajo arresto domiciliario.
