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Créditos: Agencia UNO (referencial)
El reporte arroja que más de 800 mil personas están en fase de pago del CAE. Además, se ha observado un aumento en la cantidad de deudores que han suspendido dicho pago. Se especula que las promesas de condonación han subido la tasa de morosidad a niveles alarmantes.
La experta en educación del laboratorio de políticas públicas Pivotes, Bárbara Manríquez, realizó un reporte sobre la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE) entre diciembre de 2017 hasta marzo de 2023, el que indica un alza en la morosos de dicho crédito.
El reporte arroja que más de 800 mil personas están en fase de pago del CAE. Además, se ha observado un aumento en la cantidad de deudores que han suspendido dicho pago. Se especula que las promesas de condonación han subido la tasa de morosidad a niveles alarmantes.
Los datos muestran un incremento del 9% en la morosidad del CAE en el primer trimestre de 2022, pasando del 52% al 61% luego de las elecciones presidenciales. Este porcentaje se ajustó a un 58% en marzo de 2023, pero la tendencia alcista se ha mantenido. Dicha alza significa que, durante el período examinado, aproximadamente 98 mil deudores en fase de reembolso han incumplido con sus cuotas mensuales.
“Los datos muestran que las expectativas de condonación del CAE han deteriorado persistentemente el comportamiento de pago. Cerca de 6 de cada 10 exestudiantes están morosos, lo cual es una situación sin precedentes antes de la elección del actual gobierno”, señaló Manríquez.
Por otro lado, el estudio indicó que la mayoría de las personas que han dejado de pagar son profesionales capaces de asumir compromisos financieros y no jóvenes que han abandonado sus estudios. De hecho, entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, los graduados universitarios experimentaron un aumento del 7% en la morosidad, mientras que aquellos que abandonaron sus estudios solo aumentaron un 4%.
Para Manríquez, existe una correlación entre la promesa de condonar el CAE y el alza en la morosidad, situación que ha sido alertada por organismos como la Comisión Ingresa.
“Todo indica que haber realizado esta promesa fue una decisión incorrecta no solo desde el punto de vista técnico, sino que también desde la perspectiva política, pues por un lado la morosidad creciente aumenta la presión y la tensión en torno al financiamiento de la educación superior; y por otro lado, desvía el foco de lo que actualmente es urgente, es decir, la recuperación educativa y la opción de que las escuelas cuenten con mayores recursos”, sostiene.
Finalmente, la investigadora sostiene que “un avance en lo anterior sería la tramitación del proyecto de ley que extiende y moderniza el uso de la Subvención Escolar Preferencial, que ni siquiera está en tabla para ser discutido en el Senado”.
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