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Créditos: Agencia Uno
La aprobación de la Ley de Usurpaciones en el Congreso nunca significó la promulgación inmediata de la misma. El Gobierno, desde que la iniciativa estaba en trámite, anunció que vetaría el artículo en el que se incluye la legítima defensa privilegiada, y el 29 de septiembre se cumple el plazo para ello. Desde Chile Vamos asumieron que el veto de ese artículo no causa grandes problemas, pero sí se generarían asperezas en caso de que La Moneda decida vetar algo más. Sin embargo, el Ejecutivo estaría inclinándose por un veto sustitutivo global, lo que encendió las alertas en la oposición y aceleró las gestiones para abrir un diálogo en el que se evalúen los alcances del veto gubernamental.
Hace casi un mes que el proyecto de la Ley de Usurpaciones fue despachado por el Congreso para que el Ejecutivo lo convirtiera en ley. Sin embargo, desde que la normativa aún estaba en trámite, el Gobierno anunció que vetaría el artículo que incluye la legítima defensa privilegiada en caso de usurpación.
Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta abriría un espacio para la autotutela, vale decir, para “la justicia por mano propia”.
El 29 de septiembre vence el plazo para que La Moneda ingrese el veto anunciado y desde la oposición ya venían tratando de esgrimir estrategias para cuidar la redacción original del proyecto. La primera opción opositora era abrir canales de conversación y, así, tratar sobre los temas de interés de ambas partes. Esto se logró, pues la ministra Tohá estableció una mesa de trabajo para discutir los alcances de la modificación a la iniciativa, afirman desde Chile Vamos. Sin embargo, desde el Gobierno no han ocupado ese concepto, sino que prefieren hablar de que se ha abierto un diálogo.
Las conversaciones con el Ejecutivo y arribar a un acuerdo respecto a la materia, previo al ingreso del veto, era la idea principal de Chile Vamos, pues uno de los panoramas más negativos para la oposición era que el oficialismo optara por vetar más elementos además de la legítima defensa privilegiada. En ese caso, desde Chile Vamos comentan que, de ser así, algunos pasajes de la ley estarían en riesgo, puesto que podrían quedar sin contenido.
Según fuentes conocedoras del proceso, La Moneda estaría inclinándose por un tipo de veto sustitutivo, pero global. Es decir, un nuevo documento que busca reemplazar lo que se aprobó en el Congreso. Sin embargo, es un jugada arriesgada, pues necesitarían la alineación del oficialismo, de la DC, el PDG, Amarillos y Demócratas.
Ahora, el panorama para la oposición ante un veto presidencial no es el ideal, dado que el quórum que se necesita para insistir en la redacción original –es decir, la que despachó el Parlamento– es de 2/3, número con el que no cuentan en ninguna sala. Entonces, si el veto es rechazado por la mayoría pero no logran los 2/3 para insistir en la redacción original, la parte de la ley en cuestión queda sin contenido, sin texto. En tal caso, desde la oposición –y bajo reserva– asumen que “perdemos todos”.
Voces opositoras que trabajaron la Ley de Usurpaciones afirman que su principal preocupación es que no se toquen los principales pilares de la misma, vale decir, el aumento de penas, la flagrancia permanente y la posibilidad de detención. De hecho, en caso de que el Gobierno cumpla con lo anunciado –es decir, vetar únicamente la legítima defensa privilegiada–, precisan que no sería algo tan grave para el proyecto. Pero ante la posibilidad de un veto sustitutivo global, la oposición ve amenazados los principales puntos que buscan defender.
“El Gobierno quiere ingresar en los próximos días el proyecto de Usurpaciones que fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso. Es decir, quiere reemplazar la voluntad del Congreso y gobernar por veto, lo que es profundamente antidemocrático”, afirmó el diputado Andrés Longton (RN), quien ha estado cerca del trámite de esta ley.
El senador Felipe Kast (Evópoli), en tanto, comentó, sobre la posibilidad de un veto sustitutivo global, que es un escenario complejo para lo que esperan los ciudadanos de su región, y añadió que es “por eso que hemos acordado, con la ministra del Interior, el día de hoy (jueves), que se establezca un diálogo, a través de una mesa de trabajo, para analizar los cambios que el Ejecutivo quiere introducir, asegurándonos que no se toque el corazón del proyecto ni que quedemos sin ley, en el caso de que se rechazara la propuesta de veto”. Desde el Gobierno no han ocupado el concepto “mesa de trabajo”, pero afirman que sí se están construyendo instancias de diálogo.
El día en que el Congreso despachó la Ley de Usurpaciones, la ministra Tohá anunció que utilizarían la atribución presidencial para rechazar o modificar algún aspecto de la norma recién tramitada en el Legislativo. Sobre lo mismo, puntualizó que el Gobierno “no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va a vetar que se excluya a los campamentos”.
En cambio, lo que sí va a vetar, indicó Tohá, “es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso están el derecho, las policías, los tribunales, para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías”.
La estrategia de Chile Vamos es establecer diálogos para que en esa área se puedan aterrizar mínimos comunes que permitan fortalecer la ley y no derivar en una disputa que termine por debilitar lo tramitado y hacer inocuos los esfuerzos realizados hasta ahora.
El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoce que el anuncio del veto por parte de La Moneda fue “muy decepcionante”, dado que cree que la ley, tal como está, “es lo que se necesita para terminar con la toma de predios en el sur y no solamente en el sur, sino que también casas y terrenos en nuestras regiones del país”. En ese sentido, el parlamentario espera que “este veto sea lo más acotado posible y que el Gobierno se abra a conversar con nosotros”, pues cree que, en caso contrario, “la Ley de Usurpaciones que deje el Gobierno va a ser para nada y no vamos a poder poner término a este asunto que para los chilenos hoy día es urgente”.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) recuerda que fue la misma ministra Tohá quien dijo en la Comisión de Seguridad que “el veto iba a ser directamente a la parte del proyecto que permite la legítima defensa privilegiada en todo el predio usurpado. No se van a meter con la flagrancia, no se van a meter con la lista de campamentos que quedan exceptuados de esta ley”.
La diputada Lorena Fries participó en la reunión oficialista en el Palacio de La Moneda para discutir el tema del veto y para que el Gobierno recogiera las opiniones de los parlamentarios al respecto. Tras la reunión, sostuvo que “la ley que fue presentada es muy grave, creo que la gente no se da cuenta de que una vez que uno abre la puerta, que uno pueda hacer justicia con su propia mano, lo único que se logra es más niveles de violencia”.
Por eso, Fries sostuvo que el veto “es súper necesario” y, respecto a cuáles son los alcances que debería tener el veto, la parlamentaria afirmó que la ley “debiera cambiar en aquellos elementos que efectivamente nos alejan de salidas institucionales y jurídicas”.
Ayer jueves se hicieron los primeros acercamientos para el diálogo a través de Zoom y hoy continuarán con las definiciones entre personeros de Gobierno y asesores de Chile Vamos para sacar el veto y la Ley de Usurpaciones adelante.
