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Créditos: Agencia Uno
Con una titular del Minsal debilitada por su falta de apoyos políticos y por el despido de seis mil funcionarios contratados durante la pandemia, tanto desde el Gobierno como la oposición exigen la recontratación de estos, como requisito indispensable apara aprobar la partida de Salud. El senador Juan Luis Castro (PS), además, pide que decrete alerta sanitaria por la gran cantidad de casos de cáncer que existen en el país. Otro de los grandes nudos a destrabar será el relativo al gasto público y las transferencias de dinero a terceros, en el contexto del caso Fundaciones.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abrió el debate sobre la Ley de Presupuestos 2024 en la Sala del Senado frente a la comisión mixta. Si bien el presidente de la Corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), calificó esta sesión como “un precalentamiento” para los dos meses de tramitación que se avecinan, ya pueden vislumbrarse los principales puntos de negociación que tensionan el avance de la ley: Salud, deuda pública, transparencia y la transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales son los principales focos.
Cerca de ocho mil cifras, 250 glosas, 43 artículos y alrededor de 850 páginas son los números que se contienen en una Ley de Presupuestos. Es evidente que las sesiones de ayer, en las que expusieron el ministro Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, efectuaron un recorrido general y serán las comisiones las que revisarán el detalle de cada propuesta, y en algunas de ellas será en donde se focalizará el enfrentamiento entre Gobierno y oposición.
De hecho, ya se tensionó la partida de Salud, incluso antes de que Marcel y Martínez presentaran la propuesta gubernamental. El retiro de la alerta sanitaria por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dejó a seis mil trabajadores del área sin trabajo. Eso detonó en manifestaciones, paros e, incluso, la toma del ministerio.
Ante ello, la Comisión de Salud del Senado –donde se tramita la ley corta de isapres para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema– le solicitó al Ejecutivo decretar una alerta sanitaria por el cáncer, actualmente la principal causa de muerte en nuestro país. El presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS), sostuvo que en dicha instancia concordaron en “no aprobar ninguna partida presupuestaria del presupuesto de Salud, de no mediar la aceptación de esta medida que hemos acordado, ni tampoco de los despidos de funcionarios que hoy día están ad portas de empezar a ocurrir en toda la red asistencial, producto de una reducción presupuestaria que no aceptamos”.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) redobló el argumento: “No vamos a aprobar la partida de Salud mientras no se reincorpore a todos y cada uno de los trabajadores que esperaban en la primera línea del Covid”. Además, Castro reveló que habían invitado a la directora de Presupuestos a la sesión de Salud –justo antes de la presentación de la Ley de Presupuestos–, pero esta no asistió. Ante ello, Castro declaró que “no es solo doloroso (que no asista), es casi una provocación”.
Sobre la actitud que ha tomado la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, acusó en El Mercurio a los parlamentarios de realizar “una extorsión inaceptable”, pues “el Estado no tiene recursos para mantener el financiamiento para estas seis mil personas que efectivamente son necesarias, porque la demanda ha crecido mucho, pero la situación fiscal es un jaque mate”, sostuvo.
Otro punto que creen que será muy debatido –asumen en el oficialismo– es el apartado que contiene la ejecución de gastos y traspasos de recursos a los Gobiernos Regionales, así como el trato de estos con instituciones como las fundaciones.
El diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, advierte que “la transparencia y la probidad serán protagonistas de este presupuesto”. Esto, específicamente atendiendo al énfasis que desde la oposición le pretenden dar a “que se asegure la eficiencia y la calidad del gasto público, las exigencias de control, de fiscalización que se cumplan, para que no se repitan los casos de corrupción que hemos visto en los últimos meses”, subraya.
Ahora bien, la oposición no es el único flanco al que tiene que atender el Gobierno en la tramitación del ítem de la Ley de Presupuestos. La semana pasada asistieron a La Moneda representantes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) para comunicarle a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sus aprensiones respecto a la limitación de acción que tendrían los gobernadores regionales, a raíz de los casos de corrupción que se han visto en Biobío y en Los Lagos.
Ya presentada la ley, el representante de Agorechi y gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, habló en nombre de su gremio: “Los gobernadores y gobernadoras de Chile creemos que el uso de los recursos públicos tiene que ser con las mayores garantías de probidad y transparencia. En tal sentido, vemos positiva la reducción de la discrecionalidad y vemos positivo que aquellos proyectos que puedan pasar por el Consejo Regional pasen por el Consejo Regional”. Además, Díaz reconoció que es positivo establecer medidas de control fiscal, pues estas contribuyen a alcanzar mayores niveles de autonomía presupuestaria.
Sin embargo, también mostró preocupación, dado que se plantean algunas normas que, según dice, “no son aplicables a las especificidades del tipo de transferencias con las cuales nosotros trabajamos. Nos preocupa muchísimo cómo podríamos nosotros seguir trabajando con instituciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones sociales, y cómo podríamos seguir trabajando con bomberos, sin alterar este tipo de proyectos”, ante lo cual señala: “Más transparencia, sí. Más burocracia, no”.
En el mismo sentido, lamentó que se castigue a los Gobiernos Regionales a raíz del caso de Los Lagos, que protagonizó el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, y el caso “Lencería” en Biobío, protagonizado por Camila Polizzi. “Se pretende generalizar esos casos al quehacer de todos los Gobiernos Regionales en todo el país, eso es lo que nosotros cuestionamos”, sostuvo Díaz.
Además, apuntó a que “el mayor caso de corrupción de este año se inicia en un servicio centralizado, ocurre en la seremi de Vivienda del Gobierno Central, y hemos visto que toda la discusión se ha centrado en la labor de los Gobiernos Regionales. No hemos visto que se planteen medidas para resguardar el uso discrecional por parte de los seremis de sus recursos”, apuntó la autoridad antofagastina. Por último, afirmó que “eso nos parece que efectivamente ha sido un daño a la imagen y al proceso descentralizador, porque se han utilizado estas situaciones para poder ir levantando nuevamente las banderas de la centralización e ir quitando poder a las regiones, especialmente a aquellos que vivimos más alejados del nivel central, que vemos mermadas las posibilidades de ejecutar y de lograr el desarrollo”.
Por último, la reactivación económica y las medidas que ayuden a paliar el desempleo serán parte de las discusiones más complejas en el marco del debate presupuestario, advierten desde la oposición. El diputado Ramírez recalca que el viernes recién pasado, “por décima vez en el año, subió el desempleo y la tasa de ocupación es equivalente a la del 2010. Hemos retrocedido 14 años”. En ese sentido, sostiene que “en las partidas de Seguridad, Salud y Trabajo vamos a tener discusiones complejas, porque queremos que se aseguren los recursos para estas, que son las principales preocupaciones de los chilenos, pero manteniendo la responsabilidad fiscal”.
Es por eso que, en esa línea, los aumentos presupuestarios en ítems como Vivienda (11,9%), Educación (4,2%), Seguridad Pública (5,7%), Emergencias (28%) y Cuidados (20%) no corren mucho riesgo. Sin embargo, el aumento en Cultura (6,8%) parece ser un blanco fácil para dejarlo como materia menos prioritaria.
