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Imagen de contexto: AgenciaUno
Cuatro venezolanos y un colombiano fueron apresados por funcionarios de la policía uniformada, en una fiscalización de rutina a cinco cuadras de La Moneda, pero nadie se percató de que uno de ellos escondió drogas en una moto policial.
La Justicia Militar de Santiago se declaró incompetente –el 19 de octubre– en un caso que involucra a Carabineros y envió los antecedentes para que los investigue la Fiscalía Centro Norte.
Sin embargo, lo que podría ser una de las tantas resoluciones de la judicatura castrense, esconde un episodio ocurrido en la Primera Comisaría capitalina, donde, por casualidad, un cabo encontró 24 bolsas que contenían marihuana, cocaína, ketamina y pastillas de distintos colores, en el carenado (es decir, la cubierta plástica) de una moto policial.
La información consta en un informe reservado que emitió el Departamento de Asuntos Internos de la policía uniformada, donde detalla cómo ocurrieron los hechos.
Todo comenzó cuando el 13 de abril de este año dos funcionarios vieron a un grupo de sujetos que botaron al suelo los cigarrillos que consumían, en la esquina del pasaje Huneeus con Bandera, es decir, a cinco cuadras de La Moneda.
Los carabineros sospecharon de inmediato y los detuvieron. Como manda el protocolo, revisaron sus vestimentas, pero no encontraron nada ilegal.
Sin embargo, uno de los funcionarios aprehensores, en su declaración ante Asuntos Internos, reveló posteriormente que descubrió bolsas plásticas, pero que estas no llamaron su atención.
Terminada la revisión primaria, fueron conducidos a la unidad policial, donde se estableció que se trataba de cinco extranjeros, todos en situación migratoria irregular. Fueron identificados como los venezolanos Jorge Rodríguez Gómez, Anderson Chirinos Camicos, Luis Perdomo Hurtado y Johan Manuel Vega, además del colombiano Danny Cortés Quiñones.
Los arrestados fueron ubicados en el gimnasio de la unidad, mientras se realizaba el papeleo y se verificaban sus antecedentes en distintas bases de datos. Terminado el trámite, los venezolanos quedaron libres, previa entrega de una supuesta dirección donde vivían, porque se estimó que se trataba de un tema migratorio y ninguno mantenía historial criminal ni órdenes pendientes. El colombiano, en tanto, no pudo abandonar el cuartel, ya que portaba un arma blanca y pasó a control judicial.
Al día siguiente, un teniente tomó la moto que usaba habitualmente, que se estacionaba en el mismo sector del gimnasio, pero apenas salió de allí, junto a otro motorista, un cabo se percató de que en el suelo habían quedado dos bolsas transparentes. Previa información al mando, el OS-7 se apersonó para revisar el contenido, con la balanza y químicos de rigor.
En la primera bolsa se hallaron 14 bolsas más pequeñas que contenían marihuana; otras cinco contenían cocaína y, otra, ketamina. En la revisión del otro contenedor de nylon encontraron tres bolsas menores de cocaína y cinco con diez pastillas de diferentes diseños y colores, todo lo cual arrojó como resultado una sustancia “desconocida”. En total, sumaban más de 30 gramos.
El Departamento de Asuntos Internos inició de inmediato las diligencias para establecer eventuales responsabilidades, ya que en los últimos días la Primera Comisaría no había desarrollado ningún procedimiento antinarcóticos.
Debido a ello, fueron revisadas las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y se acreditaron dos situaciones: la primera fue que las drogas cayeron al piso desde el carenado de la motocicleta; la segunda, que uno de los detenidos extrajo de su bolsillo los estupefacientes y los escondió en el vehículo, sin que nadie se percatara.
Para ahondar en las pesquisas, los investigadores institucionales se entrevistaron con un funcionario de migraciones de la PDI y, semanas más tarde, obtuvieron las imágenes de los ahora narcos.
Las conclusiones del informe presentado en la justicia militar, y que ahora está en manos de la Fiscalía Centro Norte, establecen que no hubo participación de uniformados respecto de la droga hallada en la unidad. Sin embargo, sobre la falencia en la revisión de los extranjeros, nada se escribió, mientras el Ministerio Público decide si inicia una investigación por delitos vinculados al crimen organizado.
