PAÍS
Imagen de archivo: pperativo de la PDI en el cerro Chuño
La institución carcelaria envió el jueves de la semana pasada un nuevo informe al tribunal de Arica, en el cual expone que efectuar el juicio oral con todos los imputados presentes puede implicar un rescate violento de los imputados o, incluso, un secuestro con toma de rehenes en el tribunal.
Pese a que hasta el lunes pasado parecía todo zanjado en lo relativo a la realización de un juicio híbrido en el caso de Los Gallegos, con la mitad de los imputados presentes en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, y los restantes vía Zoom desde distintas cárceles del país, durante esa jornada la Corte Suprema ordenó –una vez más– suspender el inicio de la causa, a fin de que se evalúe la factibilidad técnica de un juicio presencial, lo que tendrá lugar el próximo viernes a las 12, en el tribunal ariqueño.
Cabe recordar que todo lo anterior ocurrió debido a que, inicialmente, el TOP ordenó la realización de un juicio semipresencial, teniendo en cuenta la peligrosidad de los integrantes de la banda transnacional de Los Gallegos –uno de los brazos del Tren de Aragua–, el gran número de imputados (37) y la evaluación de riesgo que efectuó Gendarmería de Chile.
No obstante, las defensas de los imputados interpusieron un recurso de amparo ante la Corte local, que ordenó que el juicio fuera totalmente presencial, ante lo cual recurrieron a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ante ello, el máximo tribunal del país ordenó el inicio del juicio en forma presencial, pero el lunes determinó su suspensión, causando un fuerte malestar en la ciudad de Arica, en cuyo municipio incluso se llegó a instalar una gigantografía en rechazo al megaproceso.
En lo relativo a este proceso, Gendarmería ha elaborado al menos dos informes de riesgo. El primero fue enviado al TOP de Arica el 23 de febrero y fue rotulado por el tribunal como reservado, impidiendo así que fuera conocido por todos los intervinientes, incluso por el Ministerio Público. El segundo, en tanto, que vendría siendo una reiteración o un complemento del anterior, fue enviado el pasado jueves 18 de abril al mismo Tribunal Oral en lo Penal. Este informe fue confeccionado por el inspector operativo (subrogante) de dicha institución, el coronel Rubén Pérez Riquelme, luego de que la Corte de Apelaciones de Arica decidiese que el 22 comenzara el juicio con todos los imputados presentes.
En el informe, que pedía que el juicio se aplazara un mes, a fin de llevar a todos los imputados, Pérez ejemplificaba el nivel de peligrosidad de los enjuiciados con lo ocurrido con el exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado en Independencia y asesinado en una toma de Maipú por parte de un grupo formado –en parte– por miembros de “Los piratas de Aragua”.
Así, Pérez aseveraba que, en el caso de Los Gallegos, estos “pertenecen a una organización transnacional que cuenta con recursos financieros, logísticos, armamento y preparación coordinada para ejecutar acciones delictuales, tales como lo sucedido con el reciente asesinato del Teniente Ronald Ojeda, quien fue sacado violentamente de su domicilio en Santiago por sujetos que portaban vestimenta de la PDI”.
Según el escrito, “este incidente, perpetrado por eventuales integrantes de una banda criminal venezolana, tuvo repercusiones devastadoras a nivel nacional e internacional, generando un profundo impacto en la percepción de seguridad y estabilidad en el país. Esta experiencia sirve como un claro recordatorio de los peligros que enfrentan los funcionarios públicos y la población en general en un entorno propenso a la violencia y la delincuencia organizada, más aún por el alto poder de fuego y organización que estos presentan”.
Además, el coronel de Gendarmería afirmaba que intentar trasladar a Los Gallegos desde las cárceles de Concepción, Valparaíso, Rancagua y Santiago implica “desarrollar operativos a nivel terrestre en las distintas regiones, por cuanto dicho procedimiento aumenta el nivel de riesgo, ante una eventual fuga o rescate de los imputados”.
Además del peligro de fuga, el oficial argumentaba que la sola realización del juicio expone a sus partícipes a la posibilidad de ataques armados o con uso de explosivos. En efecto –según indicaba–, “la utilización de armamento de grueso calibre y artefactos explosivos podría ocasionar un escenario de caos y pérdida de vidas humanas, no solo entre el personal del tribunal, sino también personal de las distintas Instituciones, y más aun de los ciudadanos que podrían encontrarse en las cercanías”.
El documento no lo indicaba, pero como informó El Mostrador en enero de este año, a fines de 2023 se efectuó un fuerte operativo policial en las afueras de la cárcel de Acha, en Arica, debido a información obtenida por la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería, en Valparaíso, según la cual un delincuente chileno interno en el penal nortino iba a recibir entre 9 y 10 kilos de dinamita, con el objetivo de derribar un muro de la cárcel, por un supuesto mandato del Tren de Aragua, que tiene a las granadas de mano como una de sus armas favoritas.
A lo anterior, el coronel Pérez sumaba otro elemento: la posibilidad de que, teniendo juntos a todos los imputados, se pueda producir un secuestro con toma de rehenes, lo que –a juicio del oficial de Gendarmería– “podría desencadenar una crisis de rehenes con consecuencias impredecibles y potencialmente mortales, lo cual nunca antes se ha visto en Chile”.
Como si ello no fuera suficiente, el coronel Rubén Pérez agregaba que la realización del juicio “podría desencadenar una ola de violencia y caos que afectaría la estabilidad y la paz pública en la región, y más aún en el país, debido a que es una organización transnacional”.
