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Crédito: Agencia Uno
En el marco de la cuenta pública del Ministerio de Justicia, el ministro Luis Cordero aseguró que en materia de seguridad, la solución no es llenar las cárceles como plantean algunas voces. “Este ha sido un año intenso en prácticamente todas las áreas que cubre nuestro Ministerio”, dijo.
En el marco de la cuenta pública del Ministerio de Justicia, el ministro Luis Cordero aseguró que en materia de seguridad, la solución no es llenar las cárceles como plantean algunas voces.
“Este ha sido un año intenso en prácticamente todas las áreas que cubre nuestro Ministerio. Hemos tenido avances significativos o nos hemos puesto en el punto de partida para realizar mejoras o cambios sustantivos”, dijo el ministro.
En cuanto al “populismo penal”, aseguró que “un eje, que se vincula directamente con la principal preocupación de la ciudadanía, como es la seguridad pública y las distintas manifestaciones de la criminalidad, es el cumplimiento de las penas”.
“Nosotros conocemos perfectamente nuestra obligación en este ámbito. Pero, es también nuestra responsabilidad advertir los riesgos del populismo penal y de las implicancias de exigir encarcelamiento para cada acto delictivo, aún antes de que los Tribunales resuelvan su sentencia”, añadió.
“Sin perjuicio de ello, nos hemos propuesto llevar adelante una nueva Política Penitenciaria, que dé cuenta de las exigencias del presente y proyecte los requerimientos del futuro. Esta nueva política, en la que trabaja un equipo multidisciplinario e intersectorial, orientará las decisiones de política pública en base a la realidad nacional, la evidencia y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile. Busca superar una lógica cortoplacista y reactiva y fijar objetivos que representen acuerdos transversales, que a su vez permitan adelantarse a problemas que solo pueden abordarse de forma efectiva con antelación. Un ejemplo evidente es el diseño y construcción de recintos penitenciarios, procesos de muy extensa duración que exigen una mirada y actuar previsor”, explicó.
En ese sentido, Cordero planteó “la necesidad de establecer un Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria, lo que implica situarse con objetivos que superan el período de administración, por cuanto los proyecto de envergadura que el país necesita por lo general bordean el decenio para su concreción. Desde ya, todos los proyectos anunciados por el Presidente Boric en su cuenta pública de 2023 se encuentran en desarrollo, lo que implica cubrir más de 10 mil 300 plazas. A ello debemos agregar otras 2 mil 377 plazas consideradas en el Presupuesto 2024. Asimismo, en el Presupuesto 2025 incorporaremos otras iniciativas, de manera de hacernos cargo de la presión existente en el sistema”.
“Pero, debemos insistir en que es fundamental la racionalización del uso de la cárcel, puesto que en los últimos dos años la población privada de libertad ha aumentado en más de 14 mil personas. Solo en los últimos 24 meses, pasamos de 41 mil 370 personas privadas de libertad a 55 mil 663 (+34,6%). De ellos, los imputados en prisión preventiva pasaron de 15 mil 404 a 20 mil 697 (+34,4%)”, advirtió.
En la parte final de su alocución, señaló que “a nuestro juicio, no corresponde que el discurso y los temas de seguridad sean apropiadas de manera ideológica. En el enfrentamiento, por ejemplo, del flagelo de las economías ilícitas se requiere transversalidad y enfoques desde variadas disciplinas, coordinados y articulados, tanto en los niveles legislativos como en aquello correspondientes al Poder Ejecutivo y a la gestión del aparato público. Asimismo debemos entender que las condiciones del Estado, sus reglas y gobernanza previenen la proliferación de estos negativos fenómenos”.
“Debemos salir de la trampa del miedo, entendiendo el miedo como pánico y la seguridad como proscripción de derechos. Entendemos la seguridad como parte de una agenda que busca salir de la violencia abordando el crimen de manera transversal. La seguridad y el combate del crimen no son sólo castigo con dureza. De lo contrario, bastaría con el populismo penal y sus leyes que, a la larga, en realidad, muestran tener consecuencias limitadas”, agregó.
“El combate de las economías ilícitas no es posible sin reinserción social. No sacamos nada con encarcelar indiscriminadamente porque sólo transferimos el momento de alta violencia a otro tiempo. Pero no resolvemos nada. Un Sistema de Justicia que actúa oportunamente con un Sistema Penitenciario que actúa de manera razonable, y que es capaz progresivamente de reinsertar, son las bases de una sociedad justa y pacífica, lo que a larga implica una comunidad menos violenta”, zanjó.
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