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Foto: AgenciaUNO
El exministro del máximo tribunal, acusado constitucionalmente en octubre a raíz de un fallo que involucra a su hija, y cuya destitución se produjo en paralelo a la de Ángela Vivanco por el caso Hermosilla, exige acceso al informe sobre la denuncia en su contra y la prohibición de su destrucción.
El exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema, solicitando que se ordene la cautela y prohibición de la destrucción del informe elaborado por la Comisión de Ética del máximo tribunal, en relación a la denuncia interpuesta en su contra. El recurso también exige el acceso al mencionado informe, que contiene detalles sobre la investigación en curso.
El pasado 17 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema decidió archivar la investigación contra el juez Muñoz, destituido tras aprobarse la acusación constitucional en su contra por “notable abandono de deberes” en el Senado. La Comisión de Ética del máximo tribunal había iniciado la indagatoria contra Muñoz en julio de este año por el caso de información privilegiada relacionada con la compra de un departamento para su hija, la jueza Graciel Muñoz Tapia. Además, se le cuestionó por no ejercer funciones correccionales ni denunciar la actuación irregular de su hija, quien ejerció funciones judiciales desde el extranjero durante la pandemia. Ambos hechos fueron los que fundamentaron la acusación constitucional en su contra aprobada durante la tarde del 16 de octubre.
En el escrito, los abogados de Muñoz, Ciro Colombara y Aldo Díaz, argumentan que el rechazo de la Corte Suprema a otorgar acceso al informe constituye una ilegalidad y una vulneración de derechos fundamentales. Según el recurso, la decisión de no proporcionar el acceso se sustenta en un auto acordado que, a juicio de los abogados, es improcedente, ya que la Corte habría actuado fuera de sus competencias al regular aspectos relacionados con la reserva o el secreto de los actos de los órganos del Estado. Además, aseguran que se infringe el principio de publicidad de los actos públicos establecido en la Constitución, lo que contravendría el artículo 8 de la Carta Magna.
Los abogados de Muñoz también acusan la falta de notificación del informe a su cliente, señalando que el acceso a los antecedentes y determinaciones de todo procedimiento es esencial para garantizar un proceso justo y no arbitrario, conforme a las garantías del debido proceso. En este sentido, argumentan que la negativa a permitir el acceso al informe viola los derechos fundamentales de su representado.
El recurso solicita que la Corte Suprema sea instada a permitir el acceso al informe final de la Comisión de Ética y a tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de Muñoz. En el escrito, también se exige que se le otorgue acceso a los documentos relacionados con la denuncia interpuesta en su contra, como parte de la garantía del debido proceso.
