El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, aseguró que su institución investigará todas las filtraciones de causas reservadas que constituyan delito, en medio de la polémica por el caso Hermosilla, que ahora involucra al abogado PS Enrique Aldunate.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, reafirmó este jueves que el Ministerio Público investigará todas las filtraciones de causas de carácter reservado que puedan constituir delito. La declaración se produce, en medio de varios casos similares, tras la polémica por el allanamiento que involucra al abogado y exasesor del Partido Socialista, Enrique Aldunate, investigado por la filtración de información en el llamado caso Hermosilla.
Valencia destacó que el problema de las filtraciones no es nuevo, ya que “es un problema que tiene muchas décadas. Es anterior a la reforma procesal penal”. Además, subrayó que la reserva de las investigaciones es fundamental para su avance efectivo. “Cuando se produce una filtración de una investigación que es reservada, la investigación se entorpece. Por eso es tan importante para nosotros”, enfatizó, en diálogo con la prensa durante la ceremonia de investidura del nuevo fiscal regional de Atacama.
El jefe del Ministerio Público resaltó una serie de medidas adoptadas para combatir esta problemática. Entre ellas, y tras enviar un oficio informativo al Ministerio de Justicia, mencionó mejoras en los sistemas informáticos y cambios administrativos en los procedimientos de entrega de copias, así como inversiones en nuevas aplicaciones tecnológicas para aumentar la seguridad.
“Hemos abierto muchas investigaciones administrativas cuando hemos constatado que estas filtraciones han ocurrido. Tenemos un sistema que hoy día detecta los accesos indebidos (…) pero seguimos con un problema”, señaló Valencia, añadiendo que esta situación fue planteada en el mencionado oficio al ministro Jaime Gajardo.
En ese sentido, el fiscal nacional manifestó que “todas las medidas que hemos adoptado enfrentan un escenario legislativo que es adverso y es hostil”.
Valencia criticó las dificultades que enfrentan debido al marco legislativo actual. Explicó que, al momento de presentarse una querella, los abogados, imputados y defensores tienen derecho a recibir una copia íntegra de los antecedentes de la investigación, lo que dificulta controlar las posibles filtraciones.
“Perdemos control en los hechos muchas veces de aquello que reciben los intervinientes y tenemos muchas dificultades para pesquisar las filtraciones”, indicó.
Respecto al caso de Enrique Aldunate, el fiscal nacional reiteró que la institución está comprometida en investigar tanto las responsabilidades administrativas como las penales derivadas de filtraciones de información.
“No solo nos importa la responsabilidad interna, sino que también las responsabilidades penales involucradas, y las vamos a perseguir cada vez que sea necesario”, concluyó Valencia.