Test de drogas para el Presidente: Cámara aprobó en general proyecto sobre consumo en autoridades

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece controles de drogas obligatorios para altas autoridades del Estado, incluyendo por primera vez al Presidente de la República. La moción —resultado de iniciativas refundidas impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (PH)— fue visada con 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, por haber recibido indicaciones, la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su revisión.

El proyecto obliga a parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes a someterse, al menos una vez al año, a un examen toxicológico basado en muestras de cabello, realizado por laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud y conforme a estándares internacionales.

Uno de los momentos más destacados del debate fue la aprobación de un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric otorgar urgencia a la tramitación de estas iniciativas.

La votación mostró apoyo transversal, aunque con notorias divisiones al interior del oficialismo. Solo dos diputadas votaron en contra: Lorena Fries y Maite Orsini, ambas del Frente Amplio. Mientras, entre quienes se abstuvieron se contaron parlamentarios del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y otros independientes.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) respaldó con firmeza la medida: “Una persona puede haber consumido antes y un día decir ‘no quiero consumir más y quiero dedicarme a la política’, es absolutamente factible, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Eso es lo que plantea este proyecto”, afirmó.

Desde una mirada crítica pero propositiva, la diputada Mónica Arce (Ind.-DC) sostuvo que “los controles deben ser para todas las autoridades, sin excepción, desde los parlamentarios hasta el Presidente y su gabinete. Por eso presenté una indicación para que los test sean obligatorios al menos cuatro veces al año”. En esa línea, llamó a implementar pruebas aleatorias sin previo aviso y que incluyan también alcoholemia.

Por el contrario, la diputada Lorena Fries calificó la iniciativa como “un mal proyecto” por carecer de enfoque sanitario y por promover, a su juicio, la estigmatización. “El derecho a la privacidad sigue siendo una garantía fundamental”, advirtió, cuestionando el equilibrio entre control estatal y derechos individuales.

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) expresó su apoyo con reservas: “Tiene buenas intenciones, pero graves problemas jurídicos que podrían llevar al Tribunal Constitucional a declararlo inaplicable. Necesitamos normas bien construidas para combatir el narcotráfico sin vulnerar derechos”, advirtió.

Dependencia de drogas

Algunos diputados también alertaron que, si bien reconocen la motivación del proyecto, este tiene faltas a la técnica legislativa. Esto, porque la norma hace modificaciones legales para autoridades que se encuentran establecidas en la Constitución Política. Además, criticaron que lo que se sancione sea la dependencia de drogas. Remarcaron que esto es una enfermedad que requiere acompañamiento y tratamiento.

Pese a su aprobación general, el proyecto deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior para incorporar las indicaciones discutidas durante el debate. Mientras tanto, se intensifican ciertas presiones sobre el Ejecutivo para que le dé urgencia a su tramitación.

El texto señala que no podrá ser candidato a Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien tuviese dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La excepción estaría dada en tanto se justifique su consumo por un tratamiento médico.

Agrega que, para que el Servicio Electoral admita la candidatura, deberá prestar una declaración jurada que acredite no estar afecto a esta causal de inhabilidad. Esta declaración tendrá que ser acompañada de un examen médico que la respalde. El test deberá realizarse en base a una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la autorización del Ministerio de Salud.

El texto, igualmente, obliga a que el recinto donde se realice el procedimiento cumpla con los estándares internacionales pertinentes.

Además, la moción señala que no podrá ser Presidente de la República quien tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Esta inhabilidad se extiende también para ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, directivos superiores de la administración del Estado, delegados presidenciales regionales o provinciales, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Para garantizar la aptitud a los cargos, también se establece la obligación de prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad, junto a un examen médico que lo acredite, en los mismos términos de lo requerido para las y los candidatos.

El proyecto establece que los resultados de estos procedimientos serán públicos y estarán disponibles en los sitios electrónicos institucionales respectivos. A su vez, ordena realizarse un test, a lo menos, una vez al año, durante el ejercicio del cargo.