Desalojos, migración y falta de vivienda: las claves del aumento histórico de campamentos en Chile

El “Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025”, elaborado por TECHO-Chile, reveló cifras históricas que confirman el agravamiento de la crisis habitacional en el país: más de 120 mil familias viven actualmente en 1.428 campamentos, lo que representa un aumento del 5,9% en comparación con 2022-2023, cuando se contabilizaban 113.887 familias. La cifra equivale al 2,1% del total de hogares de Chile, según el último Censo​.

El crecimiento de los campamentos ha sido sostenido desde 2019, pero no es homogéneo: mientras algunas regiones como Aysén han visto una drástica reducción, otras como Maule y Coquimbo han experimentado alzas de hasta el 84% y 41,6%, respectivamente, en el número de familias. Las regiones que concentran la mayor cantidad de familias en asentamientos informales son Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta y Biobío, mientras que comunas como Viña del Mar, Alto Hospicio y Antofagasta reúnen juntas casi el 30% del total nacional​​.

Un dato revelador es que el 51,3% de las familias que hoy viven en campamentos se formó después de 2010, y una de cada cinco lo hizo después del 2020, lo que evidencia que este fenómeno responde a fallas estructurales del sistema habitacional. Entre los factores están la escasa oferta de viviendas sociales, los altos precios de arriendo, la desigualdad urbana y los prolongados tiempos de espera para acceder a una solución habitacional. Hoy, muchos proyectos habitacionales demoran más de 11 años en ejecutarse​​.

El catastro también muestra una concentración preocupante en los llamados macrocampamentos, grandes asentamientos que agrupan a más de mil familias o múltiples subdivisiones. Actualmente, existen 30 macrocampamentos en el país, que albergan a 49.050 familias, es decir, más del 40% del total nacional. En la Región Metropolitana, por ejemplo, solo dos de estos macrocampamentos, ubicados en Cerrillos y Puente Alto, concentran a 4.620 familias​.

Condiciones y Características:

• El 60,6% de los campamentos accede a electricidad de forma irregular (sin medidor propio).
• El 38,8% accede a agua desde red pública sin medidor; el 32,5% mediante camión aljibe.
• El 42,7% utiliza fosa séptica como solución sanitaria predominante.

Formas de acceso a los terrenos:

• 72,6% sin pago (ocupación directa).
• 13,6% por compraventa informal.

Las familias migrantes son un factor crucial en este panorama. Según el catastro, entre 2022 y 2025, 47.391 familias migrantes se sumaron a los campamentos, lo que representa un aumento del 19,7% respecto al año anterior. Las regiones más afectadas por la migración en estos asentamientos son el norte y centro del país, con Tarapacá, Metropolitana y Antofagasta destacándose por concentrar un alto porcentaje de familias migrantes, que en algunos casos superan el 60% del total en los campamentos.

Este aumento ha generado una diversificación cultural en los campamentos, los que hoy albergan a familias de diversos orígenes, situación que presenta nuevos retos en términos de integración, servicios y políticas públicas adaptadas a estas realidades.

Flujo migratorio:

• 39,3% de las familias es migrante.
• Mayor concentración en Tarapacá (63,6%), Metropolitana (61,5%) y Antofagasta (59,9%).
• Cinco comunas concentran el 53,2% de estas familias (Antofagasta, Alto Hospicio, Copiapó, Colina, Puente Alto).

De acuerdo con los antecedentes de TECHO-Chile, los desalojos forzosos también influyen en la presión que se ejerce sobre los asentamientos ilegales. El informe señala que 229 campamentos están bajo amenaza de desalojo, afectando a 43.583 familias. En particular, la Región Metropolitana y Antofagasta han sido las más afectadas, donde las familias desplazadas se ven forzadas a trasladarse a otros campamentos o, en algunos casos, a regresar a situaciones de allegamiento, donde varias familias comparten un mismo espacio. En este sentido, los desalojos a menudo redistribuyen la exclusión sociohabitacional, generando un ciclo de desplazamiento sin solución.

La suma de todos estos datos hace que los investigadores concluyan que, sin una respuesta estructural que combine inversión estatal, planificación urbana y acceso equitativo al suelo, los campamentos seguirán creciendo y consolidándose como una respuesta de facto frente a la crisis de vivienda.

Plan de Emergencia Habitacional

El Plan de Emergencia Habitacional, publicado en el año 2022 y mandatado por la Ley de Integración Social y Urbana, tiene como objetivo principal reducir el déficit habitacional con enfoque en las familias de los tramos socioeconómicos más vulnerables, por medio de la entrega de vivienda adecuada, ya sea para propiedad individual o colectiva, con enfoque en la generación y promoción de la organización comunitaria. El plan tiene diversos programas, dentro de los cuales existen dos para atender a familias de campamentos: Gestión Habitacional y Construyendo Barrios.

Respecto del primer programa, tiene como propósito la relocalización de familias hacia una vivienda definitiva, mientras que el segundo busca mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y la urbanización de los terrenos.

Gestión Habitacional:

• 58 proyectos en ejecución → 2.870 familias.
• 32 proyectos terminados → 1.704 familias beneficiadas.

Construyendo Barrios:

• 275 campamentos intervenidos.
• 84 campamentos en obras → 7.905 familias.
• 1.868 familias ya regularizaron su situación mediante este programa.

Con esto, los responsables del estudio interpretan que el estancamiento del aumento de familias en campamento no se debe a la entrega de soluciones habitacionales, debido a que actualmente no se encuentra ningún proyecto del programa Construyendo Barrios terminado y el efecto de Gestión Habitacional es menor al total de los cierres de campamentos.

En esta línea, añaden que 346 cierres de campamentos identificados pueden corresponder a otros factores socioterritoriales, ya sea la gestión propia de las familias para obtener alguna solución habitacional, el movimiento hacia otros campamentos, la vuelta al allegamiento o, incluso, los efectos que han tenido los desalojos durante el último año.

Oposición acusa abandono del Estado por aumento de campamentos

Tras la publicación del Catastro Nacional de Campamentos, las diputadas de RN Carla Morales Maldonado y Marcia Raphael elaboraron un oficio dirigido al Ministerio de Vivienda, solicitando un informe exhaustivo respecto al crecimiento sostenido de campamentos en Chile.

En el oficio, las legisladoras solicitan información específica sobre las acciones realizadas entre 2023 y 2025 para atender a las comunidades organizadas en campamentos, la integración de estas al Plan de Emergencia Habitacional, los protocolos utilizados en desalojos y los obstáculos que dificultan la implementación de soluciones habitacionales.

El documento también pone énfasis en la urgencia de un catastro actualizado que permita identificar a las familias desalojadas y actualmente en situación de calle, allegamiento o hacinamiento. “La falta de información precisa y actualizada solo perpetúa la falta de soluciones. Es hora de que el Gobierno entregue respuestas claras y acciones concretas”, sentenció la diputada Morales.

Ministro Montes admite lentitud en respuesta habitacional

El tema fue abordado por el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes. En un punto de prensa, tras la publicación de TECHO-Chile, el secretario de Estado reconoció que “hay muchas familias en campamentos que están organizadas en comité, pero muchos de ellos todavía no entran al momento de postulación”.

El ministro Montes recalcó que “hay lugares donde se ha construido población exclusivamente para personas de campamentos, pero en general lo que estamos haciendo es convocarlos a otros proyectos que son parte de los otros proyectos”. La cifras de esto –añadió– “no las tenemos, la estamos traduciendo en datos nacionales, pero la verdad es que se ha aumentado”. ¿Qué porcentaje del total? “La verdad que debería ser mucho mayor, yo reconozco eso, y tiene que ver con que los sistemas nuestros de postulación muchas veces no se incorporan o la cola partió hace mucho rato y hay gente postulando desde antes con distintos tipos de requisitos”, explicó.

El jefe del Minvu también reconoció que la iniciativa Construyendo Barrios “es lenta, demora, por razones urbanas o de construir comunidades”, mientras que quienes son parte de Gestión Habitacional “van entrando a otros programas en marcha y eso también tiene su proceso”.

Ayer, el ministro Montes valoró la publicación de la ley que agilizará la habilitación de terrenos y pequeñas propiedades para la construcción de viviendas y obras urbanas. La iniciativa nació con el fin de destrabar una serie de nudos críticos identificados durante el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, así como en la radicación de campamentos del Catastro de Campamentos ministerial.

“Esta ley se hace cargo de un problema histórico, al reconocer e incorporar a la planificación terrenos que se ubican al interior de las ciudades y su entorno próximo, pero en los que el Estado no puede entregar soluciones urbanas y habitacionales definitivas. De esta manera, fortalecemos el Plan de Emergencia Habitacional y los procesos de reconstrucción”, dijo el ministro Carlos Montes, a través de un comunicado.

Esta ley es parte de la agenda legislativa impulsada por el Minvu desde 2022, con el fin de fortalecer las medidas del Plan de Emergencia Habitacional y el Plan Ciudades Justas, a través de la agilización de permisos de construcción y modernización del sistema que rige a los planes reguladores, entre otros temas.