Llegó la hora: exgerentes de Nova Austral se sientan en el banquillo de los acusados

Corría el año 2019, antes del estallido social, cuando accedí en El Mostrador a abundante información interna y sensible de la salmonera Nova Austral, hasta entonces “el niño símbolo” de la salmonicultura, al presentarse con altos estándares de sustentabilidad. La información me permitió llevar a cabo una investigación periodística que derivó en dos reportajes: Salmon Leaks I y Salmon Leaks II.

Las publicaciones provocaron un sismo en la industria. Comprobamos que la empresa, de capitales noruegos, había estado falsificando por años la información entregada a los organismos fiscalizadores para ocultar la mortalidad de los peces, generando una doble contabilidad, que hasta entonces era un secreto de Estado entre los gerentes de la firma. Un secreto que quedó al desnudo con la publicación.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente. Nova Austral pasó de ser la empresa “green” que todos querían imitar, al ejemplo de corrupción al cual ahora todos querían evadir.

Seis años después, esta trama vuelve a escribir un pedazo de historia cuando el fiscal Sebastián González Morales inicie este viernes el juicio oral contra cuatro exgerentes de la firma, cuyas malas prácticas fueron expuestas categóricamente en la investigación de El Mostrador.

Los otros cuatro exejecutivos –Nicos Nicolaides (exgerente general), Drago Covacich (exgerente regional e hijo ilustre de Porvenir) y los encargados de área Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson– enfrentarán la Justicia, acusados de fraude de subvenciones y contaminación de aguas en la Región de Magallanes, lo que habría causado daños a los recursos hidrobiológicos y alterado el fondo marino.

Meses atrás, en enero de 2025, se dictó la primera condena en este caso contra Arturo Schofield, exgerente de Producción de Nova Austral, quien admitió su responsabilidad en un procedimiento simplificado y fue condenado por contaminación de aguas y complicidad en la obtención fraudulenta de bonificaciones estatales.

Para entender las dimensiones, es necesario recapitular un poco. Meses después que publicara la investigación en El Mostrador, en junio de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de estos cinco exejecutivos de Nova Austral por fraude de subvenciones, tras detectarse que entre 2016 y 2019 la empresa obtuvo cerca de $60 mil millones como beneficio tributario y aduanero contemplado en la Ley Navarino, que subsidia la inversión en las tierras australes.

En el marco de esta querella fue que el CDE aportó evidencia para que se abriera otro proceso penal, esta vez contra la persona jurídica Nova Austral S.A., por el delito de contaminación de aguas. La Fiscalía, sin embargo, llegó a un acuerdo con la defensa para una suspensión condicional del procedimiento.

En síntesis, se permitió a la empresa destinar cerca de $7 mil millones retenidos por la Tesorería General de la República al pago de deudas tributarias. Este acuerdo fue duramente criticado por organizaciones medioambientales, al considerarlo un “perdonazo”.

En otra arista de este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente desde 2022 que busca revocar tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de centros de engorda (CES) de Nova Austral, debido a la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, generando un daño ambiental considerable en el Parque Nacional Alberto de Agostini.

Cuando la SMA dictó sentencia y revocó las RCA de esos tres centros, Nova Austral presentó recursos de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental que le dio la razón a la compañía.

Frente a ello, la SMA y organismos medioambientales presentaron recursos de casación contra las tres sentencias del Tribunal Ambiental. Estos recursos se encuentran en tramitación ante la Corte Suprema.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.