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Denuncian irregularidades en fallo ambiental que sobreexplotó el acuífero Lagunillas Juego Limpio

Denuncian irregularidades en fallo ambiental que sobreexplotó el acuífero Lagunillas

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Héctor Cossio López
Por : Héctor Cossio López Editor General de El Mostrador
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Comunidades altoandinas denuncian irregularidades tras fallo del 1TA que aprobó un acuerdo en favor de minera que sobreexplotó el acuífero de Tarapacá. Alegan omisión de informe clave y que fallo fue emitido solo por jueces suplentes. Uno de ellos podría ser nombrado hoy juez titular en el Senado.


En el marco del caso por daño ambiental en el acuífero Lagunillas, el comunero indígena Carlos Farhan, de la Estancia Cancosa, presentó un recurso de nulidad contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que aprobó un acuerdo de transacción entre el demandante original y Minera Cerro Colorado, tras detectarse que no existió una declaración formal del daño ni una reparación efectiva del ecosistema afectado.

El conflicto socioambiental en torno al acuífero Lagunillas –ubicado en el altiplano de Tarapacá– es uno de los casos emblemáticos de sobreexplotación hídrica en Chile. La extracción de agua por parte de Minera Cerro Colorado (BHP), durante casi tres décadas, generó -de acuerdo a lo señalado en el recurso- un daño profundo al ecosistema de bofedales altoandinos, afectando además a comunidades indígenas como la de Cancosa.
Uno de los hechos más preocupantes para las comunidades altoandinas es que uno de los jueces suplentes que aprobó esta transacción objetada –Alamiro Alfaro– se encuentra actualmente en proceso de elección como ministro titular del Primer Tribunal Ambiental. La votación para su nombramiento se realizará hoy en el Senado.

Informe de Indemnidad

En noviembre de 2023, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó una transacción extrajudicial entre la minera y el demandante original, por un valor de USD $18 millones. El acuerdo pretendía cerrar la causa por daño ambiental con una serie de medidas compensatorias. Sin embargo, nuevas acciones judiciales han puesto en entredicho no solo la validez del acuerdo, sino también la integridad del proceso judicial y la idoneidad de los jueces que lo avalaron.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la transacción omitió tanto la declaración expresa del daño ambiental, como la exigencia de un informe técnico de indemnidad, requisito esencial para verificar que las medidas pactadas aseguren la restauración del ecosistema dañado.“La justicia ambiental chilena no tiene por objeto compensar económicamente a las empresas, sino garantizar la restauración de los ecosistemas. Aquí eso no ocurrió. No hay reparación real, y se pretende cerrar el caso sin establecer siquiera que hubo daño”, afirmó Farhan.

Según el recurso, el informe técnico de indemnidad del daño ambiental –que fue desestimado por los ministros suplentes Alamiro Alfaro, Cristián López y el Ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Juan Opazo y que habitualmente elaboran los funcionarios técnicos del Tribunal Ambiental en la jurisdicción de Antofagasta- permite evaluar si las medidas propuestas garantizan la indemnidad del ecosistema afectado. Sin este informe, sostiene la defensa de Farhan, no se pudo evidenciar la falta de indemnidad ni prevenir una decisión que incumple las exigencias técnicas y legales para la protección del medio ambiente.

Integración irregular

Además de la ausencia de mencionado informe, el recurso de nulidad se fundamenta en el vicio procesal de integración irregular del tribunal, ya que los ministros firmantes no estaban habilitados legalmente para aprobar la transacción al no haber concurrido a la vista de la causa, la cual se tramitó íntegramente hasta la etapa de citación a oír sentencia ante los Ministros Titulares de ese Tribunal Sandra Álvarez y Mauricio Oviedo.

En efecto, uno de los puntos críticos del recurso es que la sentencia fue dictada por ministros suplentes, entre ellos Alamiro Alfaro, quien no participó en la vista de la causa ni en la rendición de prueba, contraviniendo el artículo 75 del Código Orgánico de Tribunales. El tribunal estuvo integrado irregularmente, sin presencia de los ministros titulares que tramitaron el proceso completo.

Se exige retrotraer el procedimiento y dictar una nueva sentencia fundada, por ministros válidamente designados, que asegure la reparación real del ecosistema afectado.

“Los jueces que firmaron la sentencia no escucharon los alegatos, no evaluaron la prueba, no vivieron el juicio. ¿Cómo pueden comprender la profundidad del daño y su real impacto? Es una falta de rigor y de legitimidad absoluta”, agregó Sebastián Luna, abogado de la causa.

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