Medioambiente
Gestión ambiental de Gobierno bajo la lupa: solo 18% de los compromisos fueron cumplidos
El informe sobre el estado de cumplimiento en temas ambientales advierte que el 39% de los compromisos del gobierno del Presidente Boric no se han cumplido y solo el 18% se ha completado. El análisis critica la falta de estrategia y ejecución en áreas clave como aguas, energía y biodiversidad.
A menos de un año del fin del mandato de Gabriel Boric, un informe de evaluación del cumplimiento del programa ambiental de su administración revela un panorama mixto, con importantes deudas en áreas estratégicas como aguas, biodiversidad y cambio climático. El análisis —publicado por la Fundación Chile Sustentable— indica que más de un tercio de los compromisos clave en temas ecológicos no se han cumplido, y sólo una fracción muestra avances sustantivos.
De un total de 91 compromisos revisados en áreas como recursos hídricos, transición energética, institucionalidad ambiental, minería, transporte sustentable y biodiversidad, solo el 18% ha sido plenamente cumplido, mientras que el 39% se mantiene incumplido y el 43% restante exhibe un grado de avance parcial. Entre las promesas no cumplidas más relevantes figuran la creación de una empresa nacional del litio, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con participación territorial efectiva y la presentación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático.
Uno de los puntos más críticos es el incumplimiento de 7 de los 12 compromisos sobre recursos hídricos, incluyendo la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas y el fortalecimiento institucional para una gobernanza democrática por cuencas. Aunque se registran avances normativos, como la promulgación de las leyes N°21.639 sobre infraestructura hídrica y N°21.668 para facilitar inversión en saneamiento rural, la implementación ha sido limitada. Por otro lado, se destaca la promulgación de la Ley SBAP N°21.600 y la Ley de Delitos Ambientales N°21.595 como logros relevantes en biodiversidad, aunque sin acompañamiento de políticas públicas para aumentar la protección efectiva de áreas conservadas.
En transición energética, la instalación de 500 MW en sistemas de autogeneración comunitaria de energía renovable fue un compromiso clave que no se cumplió, al igual que la propuesta de aumentar el impuesto al CO₂ de 5 a 40 USD/tCO₂. En contraste, se destaca la aprobación de la Ley N°21.505 para el almacenamiento energético y la Ley N°21.499 que regula los biocombustibles sólidos, ambas iniciativas que podrían facilitar la inserción de energías renovables en el sistema eléctrico.
El informe concluye que la gestión ambiental del gobierno ha sido “fragmentada, sin una estrategia clara ni capacidad de implementación robusta”. La falta de avances en materias críticas —como pasivos ambientales mineros, ordenamiento territorial y protección de ecosistemas claves como glaciares y humedales— pone en entredicho la capacidad del Ejecutivo para liderar una transición ecológica justa y efectiva. Con un presupuesto ambiental estancado y escasa coordinación interministerial, el desafío de cumplir los compromisos restantes se ve cada vez más cuesta arriba.
