
Ministros de la Corte Suprema se someten a test de drogas
Los ministros de la Corte Suprema participaron en exámenes de drogas voluntarios, con el objetivo de reforzar la confianza pública. “Es una señal de probidad y legitimidad”, afirmó la vocera María Soledad Melo. Los resultados serán tratados bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
Los ministros de la Corte Suprema participaron de manera voluntaria en un examen de drogas este lunes 16, utilizando pruebas de pelo que detectan consumo hasta 90 días previos.
Según el auto acordado 203-2018, el Pleno de la Corte Suprema realiza anualmente sorteos reservados para seleccionar aleatoriamente a funcionarios judiciales que deben someterse a estos exámenes. Sin embargo, el Pleno decidió que todos los ministros participaran en este procedimiento como un acto colegiado.
“Esta es una decisión del Pleno que busca dar a la ciudadanía una señal de probidad, de confianza y de legitimidad en cuanto a que los integrantes del máximo tribunal estamos ajenos a presiones indebidas”, expresó la ministra vocera, María Soledad Melo.
El examen incluyó a todos los ministros en ejercicio, incluyendo al presidente Ricardo Blanco. A nivel nacional, entre 550 y 600 funcionarios judiciales se someten a estos controles anualmente bajo condiciones aleatorias, imprevistas y reservadas.
Procedimiento y resultados
La normativa establece que los resultados son entregados confidencialmente a la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Los casos negativos y las ausencias se informan al Pleno, mientras que los positivos requieren cumplir con un protocolo: una contra muestra, evaluación clínica y la determinación de dependencia.
Si se confirma la dependencia por razones médicas, el funcionario puede seguir trabajando tras realizar una declaración jurada. En casos de dependencia a sustancias ilegales, se informa al superior jerárquico y puede haber suspensión de funciones y rehabilitación.
La ejecución de los exámenes está a cargo de una empresa especializada contratada mediante licitación trienal. Esta medida reafirma el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la integridad en sus procesos.