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Excarcelación de sicario desata crisis institucional: Poder Judicial y Gendarmería bajo la lupa PAÍS Captura de pantalla

Excarcelación de sicario desata crisis institucional: Poder Judicial y Gendarmería bajo la lupa

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La Fiscalía investiga posibles fallas, hackeo o dolo en la cadena de órdenes entre el tribunal y la institución penitenciaria. El Gobierno calificó el hecho como “gravísimo”. Ferrer sigue prófugo y pesa sobre él alerta roja de Interpol. El caso revela graves fallas en la coordinación del sistema.


El 19 de junio, José Reyes Ossa –conocido como el “Rey de Meiggs”– fue asesinado en Ñuñoa. El crimen, atribuido a un encargo por parte de una red vinculada al Tren de Aragua, encendió las alertas del Ministerio Público. Tres hombres fueron detenidos como autores materiales, entre ellos, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

Tras su captura en Osorno, los tres sospechosos fueron formalizados el 10 de julio. El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para todos.

Lo que parecía un procedimiento penal habitual dio un giro inesperado. Ese mismo 10 de julio, Osmar Ferrer fue liberado. Horas después, Carabineros emitía una alerta de “Se Busca”, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) activaba una notificación roja de Interpol.

El sistema judicial había dejado en libertad a un sicario de una red criminal internacional.

La cadena de órdenes

La explicación oficial llegó en forma de dos comunicados: uno del Poder Judicial y otro de Gendarmería. Ambos coinciden en las fechas y horas, pero no en la interpretación.

  • El 9 de julio a las 20:17, el tribunal emitió una orden de ingreso a prisión preventiva.
  • Ocho minutos después, a las 20:25, se revocó temporalmente por un problema de identificación.
  • A las 20:28, se volvió a ordenar su ingreso, ya con los datos correctos.

Hasta ahí, todo parecía corregido. Sin embargo, el 10 de julio a las 12:11, Gendarmería recibió una nueva instrucción por vía electrónica: revocar la prisión preventiva y liberar al imputado.

Y aunque a las 14:13 llegó otra comunicación reiterando la orden de ingreso, esa última no anulaba explícitamente la anterior.

Finalmente, a las 20:40 horas, Ferrer abandonó el penal Santiago I.

No se descarta ninguna hipótesis

El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, lidera la indagatoria y ha sido categórico: “Técnicamente, esta persona nunca debió haber estado en libertad”.

El Ministerio Público investiga las posibles figuras de evasión, falsificación, negligencia e incluso error doloso. Se tomaron declaraciones a todos los funcionarios implicados, incluyendo a la jueza Irene Rodríguez, quien había dictado la prisión preventiva. También se incautaron teléfonos y computadores del tribunal y de Gendarmería.

El persecutor declaró que no se puede descartar un hackeo, un error o alguna otra motivación. Todo está bajo análisis pericial, según indicó el fiscal Pastén.

Desde Gendarmería, aseguran que actuaron conforme a las resoluciones oficiales recibidas. La orden de liberación llegó por el canal informático habitual, sin ningún elemento que pusiera en duda su veracidad. “Se descartó cualquier tipo de vulneración a los sistemas internos”, señalaron.

El Poder Judicial, en tanto, sostiene que la secuencia de oficios fue clara y que se debió ejecutar la prisión preventiva. A raíz del error, el tribunal de alzada instruyó un sumario administrativo y derivó los antecedentes al Ministerio Público.

La jueza Rodríguez, en entrevista con el noticiero 24 Horas, defendió su rol: “No hubo dolo ni corrupción (…), las tres órdenes de ingreso a Santiago I, después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería”.

Reacciones desde el Gobierno y amenaza de AC contra ministro de Justicia

La liberación de Ferrer provocó fuerte preocupación en La Moneda. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó el hecho como “gravísimo” y exigió revisar protocolos. “Si fue un error, es impresentable”, sostuvo en Radio Universidad de Chile.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que la situación “es completamente inexplicable y afecta la confianza en el sistema judicial”.

En paralelo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, deslizó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Gajardo.

Desde la oposición apuntan a las dos principales hipótesis que se manejan sobre la liberación del imputado: un eventual error de tipeo en su nombre en la solicitud enviada a Gendarmería o la falta de un RUT, documento que suele asignarse a extranjeros para este tipo de procedimientos.

Ambas situaciones estarían relacionadas con funciones del Registro Civil y de Gendarmería, instituciones que dependen del Ministerio de Justicia.

Mientras las instituciones cruzan explicaciones, Osmar Ferrer sigue prófugo. Se desconoce su paradero, y aunque pesa sobre él una alerta roja de Interpol, su eventual salida del país o ingreso a redes clandestinas no puede descartarse.

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