Gobierno y Fiscalía confirman “red de protección” en Chile que facilitó fuga de “sicario de Meiggs”

La fuga del ciudadano venezolano Alberto Mejía, imputado por el homicidio del comerciante José Reyes Ossa y vinculado al Tren de Aragua, está siendo investigada desde dos frentes: cómo fue liberado y quiénes lo ayudaron. Ambos aspectos fueron abordados este martes en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Pública del Senado, donde el Gobierno y el Ministerio Público confirmaron la existencia de una red de protección en suelo nacional.

“Tenía una red de protección. Forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Esa red de protección está identificada, y es una red dentro del país”, aseguró el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ante los parlamentarios.

También te puede interesar:

Desde el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, agregó que la fuga no pudo haber ocurrido sin colaboración externa. “Para que se produzca una huida como la que se sucede con posterioridad de que el imputado recupera la libertad, y que el imputado pueda salir del país, necesita apoyo de terceros. No cabe duda que necesita apoyo de terceros”, afirmó.

Actualmente, la Fiscalía lleva dos investigaciones en paralelo. La primera está relacionada con el homicidio del comerciante denominado “Rey de Meiggs”, mientras que la segunda apunta a “las circunstancias en las cuales este sujeto (Mejía) recupera la libertad, ya sabemos que indebidamente, y se da la fuga”. Según Valencia, esta última busca “esclarecer la identidad de las personas que habrían prestado apoyo, y si sabían lo que estaban haciendo”.

Durante la sesión, también se abordó la situación de las fronteras. El ministro Cordero destacó información relativa a su cartera y señaló que “tenemos una permeabilidad en la frontera que es muy evidente, que no se soluciona simplemente con el paso fronterizo. Tiene que ver también con estrategias de localización y también tecnología. El Ministerio de Seguridad tiene una preocupación adicional y que le ha transmitido, que explica las razones por las cuales Carabineros, la Policía e Investigaciones están trabajando en la zona fronteriza que tiene que ver con el Corredor Bioceánico”.

En paralelo a las diligencias penales, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que hay investigaciones administrativas en curso tanto en Gendarmería como en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que dictó la resolución que permitió la salida del “sicario de Meiggs” desde la cárcel.

Como medida institucional, Gajardo anunció que este viernes sesionará la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, con el objetivo de revisar los protocolos de coordinación entre los distintos actores del sistema para prevenir fallas de este tipo. Dicha instancia la integran la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, Gendarmería, Carabineros, Investigaciones y el Registro Civil.

La ausencia de la jueza Chevesich

La sesión de hoy contó con la presencia de las máximas autoridades del país vinculadas al tema de seguridad, tales como, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Director General de la PDI, Eduardo Cerna; y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, entre otros asistentes.

No obstante, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se excusó de participar en el encuentro, argumentando que existe una investigación en curso.

Esta ausencia generó molestia entre los integrantes de ambas comisiones quienes manifestaron que “era fundamental tener la visión del máximo tribunal de primera fuente” en este caso, por lo que se acordó oficiar a la Corte Suprema manifestando lo anterior.

“Partimos esta sesión lamentando el error de que no haya asistido el presidente o la presidenta subrogante de la Corte Suprema. Creemos que hoy día en tela de juicio está la actitud, la decisión, el trabajo que realizó una de las juezas de garantía del poder judicial y, por lo mismo, lo mínimo que podía hacer este poder del Estado era entregar la información, participar de este diálogo, que en gran parte fue público, para que la ciudadanía pudiera saber qué es lo que está haciendo cada institución”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez (RN).

Agregó que “la ausencia es una actitud poco colaborativa con la realidad del país y tomamos la decisión unánime, todos los senadores y senadoras de ambas comisiones, de representarlo por escrito ante la Corte Suprema”.

Los senadores estuvieron centrados en conocer detalles respecto de las comunicaciones que derivaron en la libertad del presunto sicario, cuáles son los protocolos habituales para liberar a los detenidos; al mismo tiempo que plantearon la necesidad de fortalecer el control fronterizo y aumentar las medidas en esa línea.

La última parte de la sesión fue secreta pues se respondieron dudas que forman parte de la investigación y que, por su carácter sensible no pueden ser públicas.

Cabe mencionar que el Fiscal Nacional resaltó que uno de los principales problemas que existen con los delincuentes extranjeros es su identificación, si es que no han sido enrolados antes. Explicó que desde 2023 en adelante se comenzaron a hacer registros biométricos de los detenidos e indicó que solicitó a Gendarmería un catastro de los detenidos extranjeros para cotejar que no estén falseando identidades.

En esa línea, el director (s) de Gendarmería dijo que durante esta jornada estarían en condiciones de tener dicha información y destacó los avances que se han logrado en materia de resguardo de detenidos de alta peligrosidad, señalando que los 43 líderes de bandas organizadas están usando uniforme y siguiendo una serie de procedimientos que no se habían visto antes.