Disponen arresto domiciliario total para 2 líderes de Caso Corrupción en Bienes Nacionales de Arica

Un revés parcial sufrió la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Arica el viernes de la semana pasada, donde la magistrada Ana Paula Sepúlveda dispuso que los 10 imputados por cohecho, sobornos, asociación ilícita y violación de secreto quedaran en libertad y solo con firma mensual y arraigo nacional.

Hoy la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió los recursos presentados por la Fiscalía Regional del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE). A través de esas acciones judiciales, ambos organismos requirieron que se intensificaran las medidas cautelares para dos de los que consideraban cabecillas de la organización a cargo de gestionar predios fiscales para arriendo, concesión o venta a cambio de prestaciones que eran cobradas por funcionarios públicos en concomitancia con extrabajadores y consultores externos.

El fallo fundamentó estas nuevas medidas en que “de lo expuesto por los intervinientes en estrado se desprende que los hechos imputados a los encartados son múltiples y graves, y tratándose de funcionarios públicos, uno de los cuales estaría actualmente en servicio, se hace necesario intensificar las medidas cautelares decretadas por la juez a quo, estimándose que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, son necesarias y suficientes para asegurar los fines del procedimiento”.

Así el tribunal de alzada resolvió que el arquitecto de la Seremi de Bienes Nacionales, C.M.M.V., a cargo de la Unidad de Fiscalización; y el topógrafo y exfuncionario de la misma cartera, C.E.M.H., propietario de la consultora Kamanchaka, quedaran bajo arresto domiciliario total y con prohibición de salir del país mientras se desarrolla la investigación cuyo plazo es de 120 días.

Red de funcionarios y extrabajadores

Dentro de las 10 personas imputadas por los diversos delitos pesquisados por la Fiscalía desde el 2021, figuran 4 funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, 1 trabajador de la Dirección de Obras Municipales, 3 exfuncionarios de Bienes Nacionales y 2 particulares que se desempeñaban como consultores u ofreciendo servicios para que los expedientes de solicitudes de terrenos fiscales cumplieran con los requisitos exigidos por esa cartera para ser otorgados.

El caso impactó fuertemente a Renovación Nacional (RN) dado que el vicepresidente regional de la colectividad, Josshua Rivera Tarque fue mencionado por la Fiscalía como futuro imputado y al cual la PDI allanó su domicilio requisando 3 computadores, 2 pendrive y dos teléfonos celulares. Lo mismo ocurrió con el Gobierno Regional, a cargo del gobernador Diego Paco, militante de esa tienda política. Ello dado que la profesional P.A.Á.O del Programa de Inversión a la Comunidad (PIC) -ex Proempleo con 700 mujeres de alta vulnerabilidad- que ejecuta el Gore a partir de este año, fue detenida en este megaoperativo, ya que, en paralelo, se desempeñaba como consultora en la red pesquisada por el órgano persecutor.

El Ministerio Público anunció que vendría una segunda fase de formalizaciones de este caso, donde figuran como imputados, además del dirigente de RN, las funcionarias de la seremi, Carolina Rodríguez Quezada (encargada de arriendos) y Claudia Órdenes Bravo (encargada de Planificación y Presupuesto), a quienes les allanaron sus domicilios particulares y sus escritorios; y Lisett Calle Alvarado, quien declaró voluntariamente ante la PDI y el 18 de agosto renunció a la Seremi, tras dos años de licencia médica, al detectarse que estaba involucrada en el uso del reposo médico para salir del país.

Y, por último, aparece en este grupo de posibles imputados, el exencargado de regularización de la seremi, el abogado Pablo Leiva Villalobos, quien hoy es jefe jurídico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Arica y Parinacota y profesor de la Universidad de Tarapacá. Este último fue mencionado como socio de una consultora relacionada con el arquitecto de Bienes Nacionales a cargo de fiscalización de los terrenos y que ahora está bajo arresto domiciliario total.

En este sentido, el fiscal regional Mario Carrera dijo que “la causa de Bienes Nacionales judicialmente está recién iniciando y los delitos base y fundantes, cohecho y soborno, se consideraron acreditados en esta etapa tanto por el Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones. En esa línea, tanto otras formalizaciones como posibles nuevas imputaciones o cambios jurídicos serán solicitados una vez que terminen los análisis de todos los teléfonos y aparatos electrónicos que incautamos por orden del tribunal”.