Subsecretaria de DD.HH.: el Plan Nacional de Búsqueda “no puede depender de un Gobierno de turno”

En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, dio cuenta de los principales avances del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) –política pública permanente que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada–, a menos de siete meses de que concluya su periodo el actual Gobierno. 

En conversación con El Mostrador, la autoridad enfatizó que por primera vez existe una política “con una estrategia coordinada entre las distintas instituciones y poderes del Estado”.

Dentro de los objetivos que se han materializado, destacó la primera construcción de trayectorias de las 1.469 víctimas (tanto personas detenidas desaparecidas como ejecutadas sin entrega de restos), lo que ha permitido obtener “unas primeras luces de los patrones macrocriminales de la dictadura”. 

Lo anterior, además de la entrega de carpetas de calificación a los familiares, quienes por primera vez tuvieron acceso a la trayectoria de los lugares en donde estuvieron las víctimas en el tiempo de prisión política, hasta la pérdida de su rastro. 

Quintanilla también se refirió a la continuidad del PNB después de marzo de 2026. “Cualquier fuerza política que pretenda administrar el Estado de Chile y gestionar las instituciones públicas tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad. Y sobre todo en un momento como el que enfrentamos hoy, con discursos tan polarizantes”, dijo. 

Asimismo, reiteró que “la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un mandato legal que no puede desatender”.

-¿Cuáles han sido los principales avances del Plan Nacional de Búsqueda a menos de siete meses de que concluya el Gobierno?
-Hemos tenido algunos hitos bien relevantes que es importante destacar. Por una parte, la primera nómina única oficial. Tenemos el listado de las 1.469 víctimas, tanto personas detenidas desaparecidas como personas ejecutadas sin entrega de restos. Y por cada una de esas 1.469 víctimas, tenemos la primera construcción de trayectorias, es decir, el lugar desde el cual cada una de las personas fue detenida o arrestada por agentes del Estado. Todos los lugares por donde tenemos certeza de que esta persona pasó en su trayecto de prisión política hasta que les perdemos el rastro. 

Esto es un mapa que está georreferenciado en la página plannacionaldebúsqueda.cl –ustedes pueden entrar al mapa de trayectorias y revisar a lo largo de todo el país, con los puntos georreferenciados, las trayectorias de cada una de las víctimas–. Y esto nos da unas primeras luces de los patrones macrocriminales de la dictadura.

Si uno pone los filtros en ese mapa respecto de los años, por ejemplo, vemos que el mayor número se concentra durante los primeros años de la dictadura. Y hay algunos puntos o regiones donde hay un mayor volumen de puntos y ahí es donde nosotros vamos avanzando también. 

Hacia el final del año vamos a robustecer esta página y esta construcción de trayectorias, incorporando además a todas las víctimas de ejecución política, incluso aquellas con entrega de restos o personas identificadas. Y eso también nos va a ir dando más luces sobre cómo funcionaron los aparatos represivos y cómo funcionó el fenómeno de la desaparición forzada y de la ejecución política en nuestro país. 

-En ese sentido, ¿qué implica la entrega de las carpetas de calificación a los familiares de las víctimas?
-Esto fue un hito muy relevante. Lo de las carpetas de calificación fue una de las bases que utilizamos para la construcción de estas trayectorias. 

La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene en su orgánica al Programa de Derechos Humanos que antes estaba alojado en el Ministerio del Interior. Y este programa tiene un mandato legal bien específico que es justamente avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas, y prestar asistencia legal y social a las familias. 

Este programa es el órgano custodio de las carpetas de calificación y de los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Nosotros digitalizamos toda esta información para poder usarla a los fines del Plan Nacional de Búsqueda, cruzar información a través del uso de ciencia de datos, que es parte también importante de lo que estamos haciendo con los archivos. Y a propósito de ese ejercicio de digitalización para la búsqueda, lo que hicimos fue poner a disposición de las familias las carpetas de calificación de sus familiares. Información que ahora había estado resguardada materialmente aquí en nuestras oficinas del programa y algunas en el Museo de la Memoria, a las que los propios familiares no habían podido tener acceso.

Esta restitución de la historia de sus familias ha sido muy bien recibida, sobre todo por las nuevas generaciones. Cualquier familiar que tenga una víctima calificada puede solicitar la entrega de su carpeta, por medio de los formularios en la página derechoshumanos.gob.cl.

Los primeros días que hicimos este anuncio recibimos muchas solicitudes y vimos ahí que esto era una medida bien significativa para las familias. Entonces, en el marco de la conmemoración del 30 de agosto de este año, hicimos una invitación a La Moneda a todos los familiares que habían solicitado ya por formularios sus carpetas, hasta mediados de agosto, para que pudieran recibir una copia material de las carpetas de calificación de sus familias. Fue un acto sumamente emotivo.

Hemos entregado ya en total, a lo largo de todo el país, tanto digital como material, más de 430 carpetas. Y esto es un acto de reparación simbólica muy importante para las familias: es restituirles un pedazo de su historia y de la historia colectiva de un país completo.

-Otra de las aristas importantes que tiene el Plan son las diligencias en terreno, ¿cuál ha sido el avance?
-Nosotros desde los inicios del Plan Nacional de Búsqueda ya llevamos más de 100 diligencias en terreno y hemos tenido un aumento muy significativo. Empezamos la implementación a finales del 2023, ahí tuvimos 6 diligencias, pero el Plan empezó recién en agosto. Durante el año 2024, que fue el primer año de implementación del Plan, tuvimos 44 diligencias. Y en lo que va del 2025, ahora a mediados de septiembre, ya vamos en más de 70 diligencias. 

Entonces, el despliegue en el terreno también ha aumentado significativamente, con el compromiso además de distintas instituciones. Nosotros hemos suscrito convenios de colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y con el Sernageomin, que nos están acompañando y poniendo a disposición de los Tribunales de Justicia, y de los ministros y ministras en visita con dedicación exclusiva en estas materias, herramientas, infraestructura, tecnología y fuerza de trabajo para poder desplegarnos en el terreno y seguir avanzando en las diligencias de investigación forense.

-Esto en particular era materia de preocupación para las agrupaciones de familiares, cuando recién comenzó la implementación del Plan, en el sentido de la celeridad con la que se estaban ejecutando las diligencias, ¿hay alguna meta antes de marzo de 2026?
-Es importante constatar ese sentido de urgencia. Nosotros llegamos 50 años tarde a realizar este esfuerzo. Y no es que durante estos últimos 50 años no se haya buscado. Eso también creo que es importante reconocerlo.

Lo inédito que tiene esta política pública es que, por primera vez, tenemos una estrategia estatal coordinada entre todas las instituciones que tenemos un mandato, tenemos presupuesto para llevarlo adelante, equipos interdisciplinarios que tienen la labor exclusiva de la búsqueda y construcción de trayectorias. Entonces, hemos modernizado el aparato estatal para ponerse al día en esta materia. Hemos fortalecido las herramientas del Servicio Médico Legal, también a propósito de la implementación del Plan, para aumentar la capacidad y las herramientas de las instituciones para la búsqueda. 

Sabemos que el sentido de urgencia es muy importante, porque la impunidad biológica es un hecho cierto, tanto la impunidad de los perpetradores como de las familias que siguen buscando. Y, por lo tanto, hemos actuado en consonancia con ese sentido de urgencia y entendemos que durante el primer año, que es la puesta en marcha, se generan muchas expectativas que, a propósito de una política pública de esta envergadura, es difícil satisfacerlas de inmediato.

Pero en este segundo año ya se va dando cuenta de los resultados de este despliegue y lo que vamos proyectando hacia el futuro como una tarea que es de carácter permanente. 

Eso es parte importante de los desafíos que nosotros hoy día tenemos. No es solamente el paso del tiempo, es que aquí hubo una organización del aparato estatal perpetrando crímenes de lesa humanidad con el objetivo de hacer desaparecer. Y es por eso también que las responsabilidades que tenemos como instituciones de avanzar en la búsqueda son de carácter permanente. 

Esto no puede depender de un Gobierno de turno. Cualquier fuerza política que pretenda administrar el Estado de Chile y que pretenda gestionar las instituciones públicas, tiene que hacerse cargo también de esta responsabilidad. Y sobre todo en un momento como el que enfrentamos hoy, con discursos tan polarizantes, y con una crisis de seguridad que es innegable para cualquier persona que habita en nuestro país. Tenemos que ser capaces de entregar garantías a la ciudadanía de que las instituciones los vamos a proteger y no vamos a ser las propias instituciones las que vamos a vulnerar derechos.

Y en eso anclamos una convicción muy profunda, que es que las políticas de memoria y el trabajo de reconocimiento, de reparación y de garantías de no repetición no es un ejercicio prospectivo del pasado, es un ejercicio presente para la construcción de instituciones con una fuerza democrática tal de ser capaz de reconocer y asumir su responsabilidad respecto de los hechos del pasado. Pero, sobre todo, anclados en el enfoque de derechos humanos en el presente. 

-Más allá de que hoy día el Plan de Búsqueda sea una política de Estado, ¿qué garantías hay de que tenga una continuidad con voluntad política que sería distinto a una continuidad por inercia y sin presupuesto, por ejemplo? 
-Bueno, yo creo que esa es una pregunta que está abierta para las agendas de derechos humanos y del ejercicio de derechos en general, no solamente en esta materia. Sabemos que nunca los derechos están plenamente garantizados, cualquier crisis nos puede hacer retroceder y eso sobre todo las mujeres lo sabemos. Pero sin perjuicio de aquello, yo creo que es importante entregarles certezas a las familias y al país. 

La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un mandato legal que no puede desoír y que no puede desatender. Y parte de ese mandato legal es justamente el derecho consagrado de las familias, y del país en su conjunto, de conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad, de conocer el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada. 

Que además tiene el compromiso muy transversal de distintos actores, tanto públicos e institucionales como de la sociedad civil, incluso de la Iglesia católica. La Iglesia católica es parte del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda. Este comité está constituido por personas académicas, con expertos de destacada trayectoria en esta materia, por representantes de familiares, por representantes de sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos y ahora, también, por un representante de la Iglesia católica.

Y además tenemos el compromiso irrestricto de los ministros y ministras en visita que investigan estas causas a lo largo de todo el país, lo que es un avance bien significativo y muy sustantivo. Hoy día tenemos encuentros periódicos nacionales de todos los ministros y ministras que investigan estas causas a lo largo del país, donde nos reunimos en jornadas muy intensas de trabajo del Ejecutivo con el Poder Judicial, para coordinarnos en las tareas que a cada uno le corresponde.

Entonces nosotros tenemos mucha certeza y mucha confianza de que aquí hay un compromiso transversal, no solamente de este Gobierno, sino que realmente de otros actores que son parte importante de la sociedad y que representan a distintas convicciones que están detrás de este esfuerzo democrático.

Ahora, evidentemente, los distintos gobiernos tienen distintos énfasis, distintas prioridades, más y menos voluntad para avanzar, eso es un hecho cierto, así es la democracia. Pero sí creo que es importante sostener con mucha convicción que esta política pública es de carácter permanente y que tiene que continuar. Nosotros haremos nuestro trabajo de dejar planificado y organizado tanto el presupuesto como el despliegue de la coordinación interinstitucional para el 2026. Estos son ejercicios que las instituciones hacemos todos los años, independiente de a quién le toque administrar el año siguiente.

-Estamos en la conmemoración de los 52 años del golpe y en este año electoral hemos visto particularmente declaraciones que relativizan lo ocurrido en dictadura. ¿Cómo el Estado se hace cargo hoy día de esta realidad de mantener viva la memoria histórica en un contexto complejo como el actual? 
-Las políticas de memoria en momentos polarizantes como este son imprescindibles. En el Gobierno hemos tenido un compromiso también con los sitios de memoria y con las organizaciones de derechos humanos. De hecho, ayer estuvimos acompañando al ministro de Bienes Nacionales, entregando la concesión de uso de largo plazo para la casa de Irán 3037, también muy tristemente conocida como la Venda Sexy. Un lugar en la comuna de Macul que fue utilizado como un centro de prisión política y tortura, donde se ejerció violencia política sexual en contra de hombres y mujeres. 

La verdad es que los sitios de memoria han sido recuperados por el esfuerzo y el trabajo de las agrupaciones de sobrevivientes y de familiares. De hecho, la categoría sitio de memoria ni siquiera está totalmente consagrada en el marco legal en nuestro país, ha sido un reconocimiento que se ha avanzado por la vía de las declaratorias de Monumento Histórico, por el Consejo de Monumentos Nacionales, que ha tenido también un gran compromiso con la memoria histórica.

Del total de sitios que hoy día están declarados y que son administrados por organizaciones de familiares y por organizaciones de derechos humanos, desde el 90 hasta ahora, la mitad de ellos han sido entregados en los últimos años por este Gobierno.

Abrimos el programa de financiamiento para sitios de memoria en el Servicio del Patrimonio y hoy día tenemos un desafío muy grande, que es avanzar en garantizar las condiciones mínimas para que los sitios puedan funcionar y poder desafiar la lógica de la concursabilidad, que es un desincentivo muy grande para avanzar en estas materias.

Lo que debe estar en el centro es justamente el valor que tienen estos sitios y el valor que tienen no solamente para dignificar la experiencia individual de quienes pasaron por esos lugares sino sobre todo la dignidad colectiva de un país que tiene que necesariamente reconocer y conocer su historia para no repetir los errores del pasado.