Cámara aprueba voto obligatorio con multa en medio de críticas por incertezas de normas electorales

Luego de varias semanas de conflictos y rebeliones oficialistas, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde por amplia mayoría a la norma que establece una multa para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas en las próximas elecciones. Iniciativa que obtuvo 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

En definitiva, la legislación fija una multa que va de las 0,5 a las 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, de $34.632 a $103.897, aproximadamente, según el valor actual de la UTM.

Asimismo, fue despachada a ley la reforma constitucional que eleva a 10 años de residencia definitiva el requisito para que los extranjeros puedan votar, modificación que comenzará a regir a partir de 2026. 

Ambos proyectos fueron aprobados tras el acuerdo que alcanzó la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, con la oposición, el que incluyó reponer la multa por no votar (rechazada en primer trámite) y legislar en conjunto los requisitos para que extranjeros puedan sufragar.

Todo esto en una sesión no exenta de críticas por parte del propio oficialismo, donde algunos parlamentarios manifestaron su disconformidad por el “alto monto de la multa” y por legislar a última hora, cuando ya hay un proceso electoral en curso. 

Y es que, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la falta de certezas respecto al alcance de la obligatoriedad del voto era materia de preocupación en los pasillos del Congreso. “Chile estaba entrando en una deriva muy complicada, donde sus normas electorales se cuestionaban”, señaló el diputado Diego Schalper (RN), al término de la votación. 

Por lo mismo, era una prueba de fuego para la Segpres en momentos de alta tensión y en pleno despliegue de la campaña presidencial. 

“Más que dos proyectos de multa para votar y reforma constitucional para elevar los requisitos del voto extranjero, es el cumplimiento de la palabra empeñada. El Presidente Boric había adquirido un compromiso y hoy día lo estamos cumpliendo. Esto nos permite, por una parte, dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones. (…) Y, en paralelo, establecemos una reforma constitucional que modifica el artículo 14 de la Constitución, elevando los requisitos de los extranjeros para poder participar en los comicios, poniéndonos al de los estándares internacionales, pasando de 5 años desde la residencia temporal a 10 años desde residencia definitiva”, puntualizó la ministra Lobos.

El riesgo de incumplimiento 

Para el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Tomás Jordán, persiste otro foco de preocupación respecto a la efectividad de la norma de voto obligatorio con un máximo de 1,5 UTM de sanción. 

“Me parece bien que haya multa, porque es el cumplimiento de un imperativo constitucional, pero podemos estar en presencia de un efecto relativo de cumplimiento parcial, porque la multa baja, a los Juzgados de Policía Local, les sale más caro cobrar que no cobrar. Por lo tanto, podemos estar en presencia de un ancho margen de incumplimiento, salvo que los juzgados decidan por la multa más alta, pero esa, entiendo yo, debe estar justificada de acuerdo a ciertos criterios legales”, advirtió.

En esa línea, Jordán agregó que es posible que nos encontremos frente a dos hipótesis: “Que existan multas que no sean aplicadas por bajas y, eventualmente, multas aplicadas porque les conviene, y el incentivo está puesto a los juzgados de poder exigir ese cumplimiento frente a incumplimiento de la obligación del voto”.

Las otras polémicas y el “fantasma” de la politización electoral

Pero la regulación del voto extranjero y la sanción por no votar no fueron las únicas discusiones que tensionaron el ambiente electoral en las últimas semanas. A esto se sumaron advertencias por los riesgos de politización, tras las recientes resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). 

En menos de 15 días, el Tricel sacó de carrera dos candidaturas al Parlamento, aludiendo a infracciones a la Constitución. En el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la sentencia se explica por la situación procesal del militante PC, quien está en calidad de acusado por la Fiscalía; y en el caso de la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, por haber ejercido el cargo por más de dos períodos consecutivos, lo que infringe el artículo 51 de la Carta Magna.

En ambos casos existieron acusaciones cruzadas respecto a la intencionalidad política tras las denuncias que llevaron a la inhabilidad de las candidaturas, debate en el que también se cuestionaron las interpretaciones constitucionales de la regulación electoral.

Para el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la U. Autónoma, José Ignacio Núñez, los dos fallos que se pronunciaron en estos asuntos se ajustaron a derecho, por lo que “resulta bastante injusto acusar una politización”. 

“Sin embargo, ese fantasma siempre va a estar rondando al Tribunal Calificador de Elecciones y la justicia electoral, porque quienes se ven afectados por resoluciones de estas características son personas que se dedican a la política, por lo tanto, siempre van a interpretar ellos, como perjudicados, que hay un interés político tras las decisiones que no les favorecen”, agregó. 

Para el abogado constitucionalista Tomás Jordán, el único y eventual riesgo de politización “es que los casos de este 2025, tanto de la exsenadora Allende, de Rincón, o los casos del exalcalde Jadue y el gobernador Orrego, nos muestren vicios de judicialización de la política, en la cual recurrir a la Justicia es una forma de impugnación política”.

“Siempre cabe la probabilidad de obtener un resultado favorable y que se ocupe como herramienta política, como lo es la acusación constitucional en el Congreso. Esto es lo que hay que ir examinando con mayor detalle en el tiempo que viene. Pero en los sistemas políticos comparados es una preocupación”, advirtió.