Más de 20 años de espera: la fallida reforma al Código de Procedimiento Civil

Hace poco más de una semana, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Macarena Vargas, participó junto a otros académicos en un encuentro virtual con estudiantes de la Universidad Católica del Perú, para hablar sobre las reformas procesales civiles en distintos países de Latinoamérica. Antes de comenzar su exposición, sin embargo, la abogada tuvo que salir a aclarar un punto. “Vengo a hablar de la no reforma, porque Chile no tiene reforma”, dijo.

La revelación de la profesora generó una ola de preguntas que buscaban aclarar por qué nuestro país no había accedido a un sistema de justicia civil moderno. Una sensación extraña, recuerda la abogada, que la hizo sentirse más cercana a la paleontología que al derecho. “Es como si estuvieras hablando de los dinosaurios”, cuenta hoy.

Anacrónico, anticuado, vetusto y colonial, suelen ser algunos de los calificativos que se esgrimen para catalogar al Código de Procedimiento Civil, que comenzó a regir el 1 de marzo de 1903 y que aún se mantiene vigente en nuestro país, estableciendo el marco normativo que regula la tramitación de juicios civiles. En resumen, 123 años de historia ininterrumpida.

“Nuestros códigos originales vienen de España y el Código de Enjuiciamiento Civil español que regía en esa época, cuando se dictó el nuestro, era de 1855. Hay cosas que son completamente anacrónicas y que no se han adaptado a los cambios culturales, sociales, económicos y políticos de la sociedad chilena. Es como si viviéramos en un mundo colonial. Somos como una isla, en ese sentido”, explica Macarena Vargas.

A pesar de que el sistema judicial chileno ha experimentado sucesivas olas de modernización desde principios de este siglo, abordando áreas como la justicia penal, familiar, laboral, tributaria y ambiental –toda ellas sometidas a cambios estructurales–, ha dejado de lado una reforma sustancial al Código de Procedimiento Civil, siendo el único país en Iberoamérica que no establece modificaciones a su marco normativo en esta materia.

A pesar de haber sido considerada una reforma prioritaria, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado un debate técnico y académico desde el año 2004, instancia que ha buscado modernizar el proceso de enjuiciamiento civil, aunque luego de cuatro gobiernos el proyecto todavía se mantiene en segundo trámite constitucional en el Senado. O sea, han pasado más de 20 años sin transformarse en ley.

Para el senador Pedro Araya (PPD), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la reforma al sistema de justicia civil no implica solo un cambio administrativo, sino que su trámite debe agilizarse porque es una “necesidad urgente”. El proyecto de ley, asegura el parlamentario, busca dar un salto de calidad crucial y saldar una deuda histórica de la ciudadanía, “pasando de un sistema anclado en el siglo XIX a uno que realmente responde a las necesidades del Chile del siglo XXI”.

“Sus alcances más importantes radican en la oralidad, que agilizará los procesos al obligar a jueces y partes a interactuar de forma directa, y la digitalización integral, que permitirá trámites más rápidos y transparentes, reduciendo el papeleo. Una justicia civil moderna y eficiente no solo descongestionará los tribunales, sino que también será un motor para la economía, al ofrecer mayor certeza jurídica en contratos, disputas de propiedad y litigios comerciales“, explica el senador por la Región de Antofagasta.

Abogados, expertos y académicos coinciden en que el sistema actual no puede seguir funcionando así como está, que existen trabas burocráticas complejas y que se trata de un modelo engorroso, formalista y –sobre todo– lento, cuyos casos pueden prolongarse hasta cinco, seis años o más. En el fondo, un sistema con procedimientos poco expeditos y que impide una resolución ágil de los conflictos que, por lo general, afectan a personas comunes y corrientes.

Reglas obsoletas

No son pocos los que aseguran que todo debió haber partido al revés y que la reforma al Código de Procedimiento Civil debió haber sido la madre de todas las reformas, debido a que al menos dos tercios de las causas que ingresan al Poder Judicial son de naturaleza civil. Al menos así lo piensa José Pedro Silva, director del Programa de Reformas a la Justicia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“El Código Procesal Civil es la regla general de las normas procesales en Chile, porque es la gran regla jurídica, y resulta que todos los demás sistemas están reformados. En el fondo, esta es la primera reforma que debió haber existido y los demás sistemas debían acomodarse a esta”, plantea Silva.

La postergación de la reforma, en definitiva, dejó al descubierto los ripios del sistema. El debate en torno a la modernización coincide en que el Código actual es un modelo inquisitivo. Para Claudio Díaz, director del Instituto Chileno de Derecho Procesal y miembro del Foro de Reforma Procesal Civil convocado por el Ministerio de Justicia, uno de los puntos más cuestionados es la imposibilidad de hablar directamente con un juez.

“No hay audiencias orales en que uno exponga sus argumentos y rinda la prueba, como pasa en materia penal, laboral o de familia. Todas las actuaciones son por escrito: la demanda, contestación, réplica, dúplica, recepción de prueba, incluso la prueba de testigos se rinde ante un receptor judicial, a través de dictados. Es un sistema muy atrasado, con resabios absurdos, ya que corresponde a un proceso inquisitivo de raigambre medieval”, explica el abogado.

La ausencia de oralidad es una problemática que atenta con la rapidez del proceso y es precisamente uno de los ejes de la reforma. “Hay que hacer los procedimientos más cercanos a la gente”, plantea Macarena Vargas. “Nadie está en contra de la simplificación, todos están de acuerdo en hacer los procesos más breves y que sean preferentemente orales, a través de una audiencia, evitando la presentación de miles de documentos escritos”, precisa.

Esta modificación supone, efectivamente, una mayor dotación de jueces y recursos. “La reforma en el fondo tiene como dos patitas, la parte procedimental de los juicios y la reforma orgánica, que tiene relación con los órganos encargados de llevarla a cabo. Hablamos entonces, de un mayor número de jueces, tribunales y funcionarios. Entonces, efectivamente, es una reforma cara”, agrega la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

A propósito de esto último, uno de los cambios importantes es la mediación. “Como el juicio es caro y, aunque sea oral, también es de larga duración, razón por la cual es importante buscar una solución amigable, medianamente aceptable y rápida, aunque no siempre satisfaga cien por ciento a las partes”, acota el abogado Claudio Díaz.

Tras un viaje a Francia con el exministro de Justicia del primer Gobierno de Piñera, Felipe Bulnes, José Pedro Silva comprobó en terreno las ventajas del sistema de mediación. “Es un sistema más desjudicializado, que se realiza a través de oficiales de justicia que son funcionarios administrativos y grandes articuladores de soluciones. Aquí en Chile cada juzgado tiene, entre 35 mil y 40 mil causas, por eso se propone un sistema profesional que permita encontrar una salida alternativa a través de acuerdos negociados”, explica.

Otras de las trabas, reconocen varios académicos y especialistas, es lo que se conoce como régimen de prueba, que es el proceso de validación judicial de los testigos y sus eventuales inhabilidades. Para Claudio Fuentes, este es uno de los procedimientos que se debería reformar. “Es una regla completamente obsoleta”, dice el director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la UDP.

“En la práctica sabemos que la prueba la reciben otros funcionarios que toman registro de ella, no el juez o la jueza, que antes de dictar sentencia recién lee el registro. Eso se llama delegación de funciones y está muy vigente en nuestra justicia civil actual”, apunta el abogado.

Precisamente este régimen es el que genera más polémica, debido a que representa las antípodas de los sistemas reformados. “La prueba legal o tasada establece cuántos testigos, por ejemplo, equivalen a una escritura pública. Es como una matemática que garantiza valores específicos, y que los jueces en la actualidad utilizan. No hay sana crítica”, explica Macarena Vargas.

Todos estos mecanismos engorrosos tienen, por supuesto, una repercusión en los tiempos de espera. “En el fondo, una mala administración de justicia por demora es una denegación de justicia, porque la justicia tardía no es justicia. Es como el típico caso de una persona que está pidiendo recuperar su casa y la sentencia sale cuando la persona ya murió. Se pueden citar otros casos igualmente dramáticos”, dice Claudio Díaz.

Proyecto sin prioridad

Pese a que el sistema de justicia civil debería ser un mecanismo accesible para resolver problemas comunes, también existen barreras culturales que tienen que ver con la desconfianza del sistema en general. “No hay forma de escapar a ese fantasma que está sobre nosotros, los problemas que ha tenido la justicia en el último tiempo con estos casos gravísimos que todos conocemos, donde está cuestionada la imparcialidad de los jueces”, sostiene Macarena Vargas.

La decepción, en todo caso, también ha tocado a los abogados que han participado en el Foro de Reforma Procesal Civil, convocado por el Ministerio de Justicia, y también a académicos con influencia en el área, debido al retraso del nuevo sistema, tanto así que algunos ni siquiera tienen esperanza en que el modelo se implemente. “Yo creo que no va a haber reforma procesal civil”, dice Claudio Fuentes.

“Las reformas anteriores al sistema de justicia ocurrieron en un lapso corto, menos de 10 años, con equipos técnicos del Ministerio de Justicia, un momento político apropiado y una forma de llevar a cabo esas reformas estructurales. Había grupos de la sociedad civil que apoyaban los cambios y ahora no veo a esos grupos. Por eso creo que hoy en día una reforma de ese tipo no es viable”, sostiene.

Aun cuando el proyecto de reforma pudiera materializarse, añade Claudio Díaz, requeriría de una actualización, debido a que, por el tiempo transcurrido, “han existido avances importantes en otros países”, explica el abogado.

Macarena Vargas asegura que también existe una responsabilidad del mundo académico, que no ha sido capaz de “transmitir con claridad la importancia para la ciudadanía de una reforma a la justicia civil”. “Llevamos debatiendo hace más de 20 años, se dictan seminarios, se escriben libros, estudiamos instituciones comparadas, pero no hay un relato que cale hondo dentro de las personas, para movilizar primero a los legisladores y luego a grupos que puedan estar alineados con estos intereses”, asegura.

La voluntad política es, por cierto, también otro factor que forma parte de la análisis. “Lamentablemente el país ha tenido otras urgencias, las primeras etapas del Gobierno se consumieron en la problemática constitucional y luego en temas de seguridad pública. Entonces, si tu jerarquizas las problemáticas que han existido y a las cuales se ha abocado el Parlamento, la reforma procesal civil, que requiere mucho esfuerzo y trabajo, no ha tenido la prioridad”, explica José Pedro Silva.

Silva reconoce que hay decepción en sectores académicos, pues varias universidades fueron invitadas a participar en el proceso, y pese a que existiría un presupuesto aprobado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda –alrededor de 80 mil millones–, a fines del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, no encontraron el mismo impulso con la administración de Gabriel Boric.

“Fuimos a hablar en su momento con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que nos dijo que le iban a dar prioridad a este proyecto, que era muy importante, pero no lo hicieron. Y, lo que es más grave, desmantelaron el equipo que trabajaba en la reforma dentro del ministerio, la gente que manejaba todo el know-how. Ese equipo fue desmantelado en el Gobierno de Boric porque, para ellos, este proyecto no tiene prioridad alguna”, concluye Silva.