Matthei y Jara son las candidatas que lideran propuestas de reforma a la justicia civil

A fines de 2005, la Facultad de Derecho de la U. de Chile (en paralelo al Foro Procesal Civil, impulsado por Ricardo Lagos) entregó al Gobierno un proyecto de reforma al Código Procesal Civil y que, tras un proceso largo, ingresó al Congreso en 2012, bajo la administración de Sebastián Piñera. A 20 años de esa efeméride, Evelyn Matthei y Jeannette Jara reviven en sus programas, directamente, la necesidad de modernizar el sistema de justicia civil, que data de 1902.

La reforma integral, que duerme en el Legislativo, contempla tres proyectos clave: un nuevo Código Procesal Civil, con oralidad e inmediata presencia del juez; modificar la estructura de los tribunales civiles; y promoción de la mediación civil y comercial. También plantea plazos breves, obligando a dictar sentencia en diez días tras la audiencia.

En esa línea, Matthei y Jara abordan la modernización de la justicia civil y el Código Procesal Civil. El postulante Johannes Kaiser la aborda indirectamente en su programa y, en contraste, los otros cinco candidatos presentan enfoques generales o no la abordan.

Matthei propone implementar nuevo Código Procesal Civil

En un capítulo de su texto programático, Evelyn Matthei se compromete a modernizar la justicia civil y propone la implementación del Nuevo Código Procesal Civil, la inclusión de procedimientos simplificados y el impulso a la mediación como método de resolución de conflictos.

Matthei busca garantizar una tramitación más rápida y accesible, argumentando que los procesos civiles son lentos y costosos, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para proteger derechos.

“El programa de Matthei reconoce que las personas no sienten que la justicia sea accesible, rápida, que tenga un enfoque pro víctimas, y por eso se plantea la reforma al sistema civil y al penal. Para el sistema civil se busca una justicia moderna, una justicia oportuna, una justicia que te dé soluciones, que incentive la mediación, por ejemplo, para evitar un largo juicio, que sea accesible y que tenga la capacidad de hacer sentir a la persona que le solucionan un problema o que logró combatir esa controversia y solucionarla. Nosotros creemos que es de vital importancia”, señala el diputado Jorge Alessandri (UDI) miembro de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara.

Alessandri agrega que el sistema de justicia civil data de hace 123 años y, además, que sistema de justicia penal necesita, después de la reforma de la época de Frei, también un ajuste.

“Hemos avanzado en el Congreso con alguna reforma a la manera en que nombramos a los jueces, también en fortalecer el Ministerio Público, pero el enfoque de la justicia civil es importante para el vecino, en sus problemas, en sus juicios de arriendo, en sus controversias. (Queremos) que sienta el Poder Judicial para la justicia civil como algo rápido, cercano, accesible y que proponga soluciones viables”, señala el legislador e integrante del comando de Matthei.

Desde el comando de la candidata de Chile Vamos explican que se asume un compromiso explícito con una “justicia civil moderna” y diagnostican deficiencias en los procesos civiles. “Las propuestas de reforma se enmarcan en el objetivo de modernizar la justicia civil y penal para garantizar que la ley se aplique de manera justa y uniforme en todo Chile”, sostienen.

Jara propone Servicio Nacional de acceso a la Justicia

La candidata oficialista Jeannette Jara también aborda en su programa la justicia civil. Su propuesta, aunque no menciona cambios al Código de Procedimiento Civil, se centra en la protección de los derechos y la capacidad jurídica de las personas, incluyendo cambios “al régimen de interdicción, un sistema vigente desde 1855, un régimen de apoyos para la autonomía donde aborda la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.

También impulsa la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que transformará las actuales corporaciones de asistencia judicial en un servicio público descentralizado y regionalizado.

Este organismo ofrecería orientación legal y defensa jurídica civil y penal –también laboral y familiar– a quienes lo necesiten, buscando una alternativa a los costos de abogados, que en el caso de la justicia civil son los que deben “mover el avance de las causas”, comentan.

La diputada Lorena Fríes (FA) señala que uno de los problemas que existen es el acceso a la justicia en todos sus ámbitos –civil, laboral, penal– y que, si bien ha habido reformas después de la recuperación de la democracia, el sistema de justicia civil es el único que no ha tenido cambios sustantivos y que –agrega– “por cierto, tiene grandes falencias”, por lo tanto, limita el acceso.

“Es un sistema caro, muy lento, que hace que haya muchas causas que se embotellan en las Cortes de Apelaciones, que tienen que volver sobre los fallos, porque no están bien elaborados. Y, efectivamente, es algo que debiera cambiarse. Cuando no se tienen posibilidades de acceder a la justicia civil, si bien existen las corporaciones de asistencia judicial con beneficios para (personas en situación de) pobreza, igualmente dejan a una gran porción de la población fuera de las posibilidades”, explica la diputada y también miembro de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara.

Y agrega: “¿Por qué no se ha podido cambiar? Este tipo de reformas, como lo fue la reforma penal, requieren de un acuerdo transversal y, por cierto, también recursos que han estado en otros lados. Yo creo que estos no han sido los tiempos para avanzar en una reforma al sistema de justicia civil y, sin embargo, tarde o temprano vamos a tener que tomar el toro por las astas, porque hay un gran problema allí, también incluidos casos o situaciones de corrupción, justamente porque hay mucha delegación en las tareas de la justicia civil, coimas pequeñas, más grandes, etcétera, es algo que se conoce, y todo eso requiere, obviamente, una gran reforma”.

Johannes Kaiser: Digitalización y Modernización Procedural

El abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, también aborda, aunque más indirectamente, la justicia civil en su programa de gobierno.

En el contexto de un diagnóstico sobre la crisis en el sistema de justicia, el diputado menciona la asignación de causas. Esto, para distribuir equitativamente los casos en causas civiles, al tiempo que propone la modernización de los procedimientos judiciales para garantizar la imparcialidad y la eficiencia.

Kaiser sugiere la implementación de criterios unificados de tramitación y la digitalización de documentos. También propone la adopción de plataformas electrónicas para la presentación y notificación de resoluciones.

Parisi: ley contra falsas denuncias en ámbito de familia

Franco Parisi aborda aspectos de la justicia que impactan directamente los derechos civiles, especialmente en temas de propiedad y familia. Propone modificar la Ley de Usurpaciones para que la usurpación sea sancionada con cárcel o multa dura, incluso sin violencia ni daño.

Parisi también reconoce el uso instrumental del sistema mediante denuncias falsas en contextos de conflicto familiar. Propone un proyecto de ley contra falsas denuncias en el ámbito de familia y señala que, si bien las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado, se ha detectado un uso instrumental del sistema mediante denuncias falsas en contextos de conflicto familiar.

Otros candidatos presidenciales, como Harold Mayne-Nicholls, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, abordan la reforma judicial desde perspectivas más generales y centradas en lo penal.

Por ejemplo, Mayne-Nicholls enfatiza el compromiso con la seguridad jurídica, garantizando el respeto del Estado de derecho, pero no menciona reformas específicas al Código Procesal Civil.

Kast se centra en la reforma radical del Poder Judicial, sin abordar directamente la justicia civil. Artés propone una transformación total del Estado y su marco legal, aunque sin detallar reformas a la justicia civil.