Promesas imposibles: los candidatos y la realidad del colapsado sistema carcelario chileno

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la seguridad se ha transformado en tema recurrente en las agendas de la mayor parte de los candidatos. Las promesas de “mano dura” abundan: más cárceles, aislamiento de líderes criminales y penas más largas. Sin embargo, todas esas propuestas tropiezan con una realidad incómoda: las cárceles en Chile ya no dan abasto.

La candidata Evelyn Matthei plantea construir cinco nuevos recintos penitenciarios que sumen 32 mil plazas adicionales, aislar a los líderes del crimen organizado y expulsar a tres mil extranjeros condenados. En tanto, José Antonio Kast promete “modernizar, ampliar y crear nuevas prisiones” para enfrentar lo que define como un hacinamiento del 140%. Su idea incluye segmentar a la población penal y levantar una nueva política penitenciaria. Por su parte, Jeannette Jara reconoce en su programa una “aguda crisis” de infraestructura y promete 10 mil nuevas plazas hacia 2033, además de fortalecer la reinserción social juvenil.

Los límites reales del sistema

Pero esas cifras –que suenan a soluciones concretas en el discurso político– chocan con los límites físicos y administrativos del sistema penitenciario. Según Bernardita Frez, directora de Juntos por la Reinserción de la Corporación 3xi, Chile tiene cárceles diseñadas para custodiar a 42 mil personas, pero actualmente alberga más de 64 mil. “El hacinamiento es tal que obviamente no se puede generar la intervención necesaria porque, de partida, Gendarmería no puede cumplir su rol de seguridad porque hay más personas de las que deberían estar (…). Es todo un circuito que no funciona”, explica a El Mostrador.

Frez agrega que la raíz del problema está en el modo en que la sociedad y el sistema judicial han respondido a la sensación de inseguridad: “La sociedad está pidiendo más cárcel y, por esta sensación de impunidad de los delitos, mandan a más gente a la cárcel, hay mayor uso de la prisión preventiva y todo eso colapsa un sistema”.

La doctora en Criminología de la Universidad de Cambridge, Catalina Droppelmann, apunta a otro factor: la restricción de la libertad condicional. “Se utiliza cada vez menos, por agendas cortas que han ido endureciendo los requisitos para poder optar a la libertad condicional, pero también porque las comisiones de libertad condicional, que son compuestas por el Poder Judicial, tampoco otorgan mucha libertad condicional y eso se vincula a diferentes aspectos. Uno de los principales tiene que ver con el escándalo público que muchas veces se produce cuando alguien que sale con la libertad condicional después vuelve a cometer un delito”, explica a El Mostrador.

Ambas coinciden en que el discurso de “más cárceles y menos libertad” no solo es inviable, sino también contraproducente. A su juicio, el hacinamiento no se debe a la falta de mano dura, sino a políticas sin reforma, a la presión social por castigar y a un sistema judicial que ofrece pocas alternativas al encierro.

De acuerdo a Droppelmann, el problema del hacinamiento va más allá de la saturación física. La sobrepoblación debilita la reinserción de quienes están dentro del sistema y también de los que ya cumplieron condena. “La reincidencia se da en su mayoría los primeros dos meses, tras la salida al medio libre. Esa reincidencia se asocia principalmente a la ausencia total de oportunidades, personas que literalmente salen y no tienen para comer y no tienen dónde vivir, entonces tienen que volver a cometer delito para poder sustentarse la vida”, advierte la especialista.

Frez complementa y agrega que el 47% de quienes salen de la cárcel regresan porque vuelven a cometer un delito. “Esa tasa de reincidencia es mucho menor en las personas que están atendidas por el sistema abierto y por las que están atendidas por el postpenitenciario. Ahí es cuando te das cuenta de que la cárcel no es la solución”, agrega.

La reinserción, la gran olvidada

De las más de 155 mil personas que están en los tres subsistemas penitenciarios (cerrado, abierto y postpenitenciario), solo el 15% participa en programas de reinserción, según información que maneja Bernardita Frez, pero asegura que no hay datos fiables a los que recurrir. Por su parte, Droppelmann eleva el número a un 20% en el mejor de los casos y recalca que “aproximadamente el 70% dice que sí. Es decir, una gran mayoría quiere reinsertarse, quiere dejar de delinquir, pero eso no implica que todos puedan llegar a hacerlo”.

Si siete de cada diez quieren reintegrarse, apenas uno o dos logran acceder a un plan que lo permita. Bernardita Frez agrega un dato que ilustra las consecuencias: “el 30% de las personas que están en situación de calle en la Región Metropolitana tienen antecedentes penales. Si no encuentra trabajo, no tiene cómo vivir, o se va a situación de calle, o vuelve a cometer un delito para poder comer, y así vuelve a la cárcel”.

Droppelmann insiste en que la solución no pasa por nuevas construcciones, sino por fomentar las penas sustitutivas y la progresividad en la libertad: “Hay que preparar de a poco a las personas para salir. Fomentar alternativas al encarcelamiento, porque la cárcel profundiza la exclusión social. Invertir en reinserción también es invertir en seguridad”.

La mirada institucional

Desde Gendarmería el diagnóstico coincide. En conversación con El Mostrador, el subdirector de Reinserción Social, Pablo Gaete, prefiere no hablar de “hacinamiento” y utilizar el término “sobrepoblación”. Explica que entre 2020 y agosto de 2025, 248.296 personas salieron del sistema penitenciario por distintas causas. De los más de 64 mil internos actuales, un 40% corresponde a imputados, por lo que no acceden a programas de reinserción por no estar condenados, mientras que el 60% de los condenados participa en planes de intervención.

“Estamos atendiendo actualmente a 8.500 personas con intervención especializada”, detalla. Además, 20 mil acceden a prestaciones de reinserción –educación, salud, trabajo– que no constituyen intervención formal. En total, cerca de 30 mil usuarios participan en algún tipo de programa. “Cuando los programas se ejecutan, uno de cada cuatro reincide. Cuando no se ejecutan, uno de cada dos reincide”, afirmó Gaete.

El funcionario reconoce que la capacidad del sistema está sobrepasada: “Del total, siempre va a haber una brecha, sobre todo en el sistema cerrado, porque ingresan cada día más personas y el número de profesionales es escaso. Seguimos teniendo la misma cantidad de psicólogos para intervenir”.

Los expertos advierten que la sobrepoblación afecta la eficacia de la reinserción, ya que hay menos espacio y recursos para generar programas. Sobre las penas sustitutivas, el subdirector señala que “la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva han demostrado ser muy efectivas, porque existe un relacionamiento comunitario permanente con el trabajo, la familia y la comunidad”. Sin embargo, advierte que incluso ese modelo podría saturarse: “La calidad de la intervención puede verse afectada si sigue aumentando la cantidad de usuarios versus la baja en la cantidad de personal”.

Populismo punitivo y promesas vacías

Catalina Droppelmann resume el dilema con un concepto: “En las políticas de seguridad siempre prima lo que se llama el populismo punitivo. Entonces, se orientan los esfuerzos principalmente al castigo, al encierro, y no se entiende que las personas que entran a la cárcel algún día van a salir y que hay que invertir en eso, hay que invertir en la reducción de la reincidencia, porque eso también es invertir en seguridad”, afirma.

Bernardita Frez también cuestiona el enfoque de las campañas presidenciales: “Si bien Kast menciona la reinserción en su programa, eso que él dice hoy es imposible de hacer, porque el sistema está tan colapsado que no existe lugar para privar de libertad a más personas. Cualquier cosa que se les ocurra ahora se va a demorar años en construirse. Es muy populista ese dicho”.

El propio Gobierno reconoce las limitaciones. Según Frez, la administración de Gabriel Boric ha intentado enfrentar el hacinamiento con la creación de 1.200 cupos adicionales, pero la brecha sigue siendo enorme. “Si seguimos con la tasa de crecimiento actual, eso será insuficiente. La velocidad con que crece la población penal nunca va a estar en línea con las plazas disponibles”, señala.

En ese contexto, el discurso de endurecer penas o ampliar recintos parece más una respuesta electoral que una estrategia sostenible. Cada celda nueva requiere años de planificación, licitación y construcción, mientras la población penal crece mes a mes.